Sanidad
Defensa alquila a Quirón un antiguo hospital militar tres veces por debajo del valor del mercado

El que era el Hospital militar del Generalísimo Franco, clausurado en 2001 cuando ya se le conocía como Hospital Militar de Chamberí, está ahora en manos de la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al grupo Quirón Salud. Así lo refleja el contrato de adjudicación del pasado 24 de enero de 2024. Un contrato realizado tras un proceso de adjudicación en el que solo se recibió una oferta, la de esta fundación, y que supone la cesión a 75 años de este inmueble de 24.000 metros cuadrados, situado entre las calles de Hilarión Eslava, Donoso Cortés, Isaac Peral y Joaquín María López, por un valor de 170 millones de euros. 

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Sanidad privada

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Tras el escándalo, el principal cliente del novio de Ayuso gana el concurso para realizar exámenes de salud a la plantilla del Ministerio de Defensa, que hasta 2020 se realizaban en el Hospital público Gómez Ulla.

Las entidades ciudadanas Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública han denunciado este viernes 29 de junio el proceso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En la denuncia, a la que ha tenido acceso El Salto, detallan “indicios claros” de que no se cumplen los criterios que establece esta Comisión para llevar a cabo un concurso de licitación.

Defensa le ha pedido un precio de alquiler que está tres veces por debajo del precio medio de alquiler de la zona, que es Argüelles

Por un lado, y como ya se ha indicado, solo se presentó una entidad que finalmente fue la que ganó el concurso. “No ha habido varios licitadores y por tanto la oferta no es competitiva”, explica Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad. De otro denuncian el precio que deberá pagar la Fundación Jiménez Díaz que consideran “anormalmente bajo”, si se compara con la media del precio del metro cuadrado en la zona. “Si divides los 170 millones por los meses y por los 24.000 metros cuadrados te sale un precio medio de 7,88 euros el metro cuadrado. Nosotros hemos hecho diligencias con inmobiliarias y el coste medio de alquiler en la zona es de 24 euros por metro cuadrado. Defensa le ha pedido un precio de alquiler que está tres veces por debajo del precio medio de alquiler de la zona, que es Argüelles”, explica Losada.

Añade además que el precio que tendrá que pagar la Fundación Jiménez Díaz no se actualizará con el tiempo pues no se añade en el contrato una cláusula que así lo indique. En la denuncia las entidades han presentado diferentes escenarios con diferentes datos de inflación. “Con un tipo de interés del 3,5% anual a lo largo de estos 75 años significaría que los 180 millones quedarían reducidos a 80 millones. Por no actualizar este valor, hay una pérdida de ingresos para el erario público de casi 100 millones de euros”, ejemplifica el integrante de Audita Sanidad. Una concesión, añaden, a 75 años, cuando generalmente las concesiones otorgadas por la gestión de otros hospitales públicos son de 30 años prorrogables otros cinco.

Las entidades denuncian que no se sabe para qué servirá

También denuncian la opacidad presente en el contrato, donde no se especifica qué servicios se dispensarán desde estas instalaciones. Opacidad que la redacción del contrato que reza: “Concesión demanial del inmueble ”Edificio H“ del complejo Isaac Peral del Ministerio de Defensa (Madrid)” suprimiendo la palabra “hospital”.

“Una de las cuestiones que hemos detectado es que en el objeto o necesidad de la concesión hay una descripción muy genérica: restauración y puesta en uso del inmueble. Esta justificación es lacónica, vaga y genérica. No te dice que vaya a servir para un hospital. Otra cosa es que la adjudicataria lo utilice como hospital, pero lo puede ser para cualquier otro uso. Esto nos llama la atención”, explica Losada.

“La falta de justificación y la ausencia de un estudio de necesidades y posibles usos del edificio, convierten esta concesión en un acto presuntamente arbitrario”

Para estas entidades, y teniendo en cuenta el “saturado” estado de la sanidad pública en Madrid, que en marzo superaba el millón de personas en lista de espera para una intervención quirúrgica, habría sido “más lógico” mantenerlo como infraestructura para el sistema público, teniendo en cuenta además que el Hospital Clínico San Carlos se encuentra a escasos metros. Estas organizaciones se preguntan también por qué se ha decidido ceder la infraestructura a una entidad privada y no a una entidad pública. "La falta de justificación y la ausencia de un estudio de necesidades y posibles usos del edificio, convierten esta concesión en un acto presuntamente arbitrario", destacan.

La relación entre Quirón y Defensa

Lo cierto es que la relación entre el grupo Quirón y Defensa no es nueva. Tal y como publicaba El Salto el pasado 15 de abril Defensa adjudicó a Quirón Prevención el servicio de vigilancia de la salud de su plantilla. Un contrato adjudicado el pasado 11 de abril por valor de 59.999 euros, mediante el procedimiento abierto simplificado, que posibilita abreviar los plazos de tramitación para servicios de un valor inferior a 60.000 euros.

Esta información transcendía después de que el pasado 12 de marzo, eldiario.es revelaba que Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, está acusado por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda y por la elaboración de facturas falsas. Su principal cliente es Quirón Prevención, que habría aceptado facturas a nombre de otra empresa pantalla de González Amador.

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En el programa en directo de Economía Cabreada del 2 de abril analizamos las últimas noticias sobre Isabel Díaz Ayuso, su pareja y su relación con el principal actor y beneficiario de la privatización de la Sanidad madrileña: la empresa Quirón Salud.

El presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, es la persona clave en los negocios fraudulentos de González Amador, tal y como demuestra la investigación realizada por Hacienda y recogida por la Fiscalía, que ha ido revelando eldiario.es. Entre 2020 y 2021, los años que se investigan por posible fraude en el impuesto de sociedades, González Amador fue el administrador único de la entidad Maxwell Cremona. Tal y como detalla la denuncia, el principal cliente de esta sociedad era Quirón Prevención, a quien se facturaba a través de otra empresa, Masterman & Whitaker SL, de la que el socio único y administrador era también Alberto González Amador.