Sareb
Civio lleva a la Justicia a la Sareb para que revele cómo malvendió 10.000 viviendas protegidas

Hace diez años el PP madrileño de Ana Botella vendió 1.806 pisos sociales a Blackstone a 70.000 euros cada uno, unos pisos que hoy andan por los 300.000. El escándalo fue mayúsculo y continúa hasta hoy con resoluciones judiciales que dan la razón a las familias damnificadas. El ruido que generó este caso choca con el silencio y discreción con el que la Sareb sacó al mercado casi 10.000 pisos protegidos. Pese a los requerimientos de transparencia este organismo avalado desde el principio con fondos públicos y de titularidad pública desde 2022 se ha negado a dar información de dónde han ido a parar esas viviendas ni a qué precio las ha vendido.

Para resolver este enigma, la Fundación Civio anunció este 14 de enero el lanzamiento de un recurso contra la resolución del Consejo de Transparencia que deniega el derecho de acceso a la información sobre estos pisos protegidos al considerar que perjudica los intereses económicos y comerciales de la Sareb. 

Cuando la Sareb fue creada para absorber con 51.000 millones de euros de dinero público los llamados “activos tóxicos” de los bancos, el ‘banco malo’ no estaba atada a la ley de transparencia, recuerdan desde Civio. Pero desde 2022, cuando la participación del Estado pasó a ser mayoritaria, con el 50,14% y la deuda de 30.000 millones pasó a ser oficialmente pública, la Sareb “está obligada a cumplir la ley de transparencia, como toda sociedad con participación púbica mayoritaria”.

Desde 2022, cuando la participación del Estado pasó a ser mayoritaria y la deuda de 30.000 millones pasó a ser oficialmente pública, la Sareb “está obligada a cumplir la ley de transparencia”, dicen desde Civio

En 2023, Civio presentó una solicitud dirigida a la Sareb a través del Ministerio de Economía y el FROB, organismos de los que depende el banco malo, para que haga pública la lista completa de inmuebles comprados y vendidos por la entidad, así como el nombre de las entidades y los precios de compra y venta. La Sareb se negó a ofrecer estos datos alegando que no se encontraba sujeta a la ley de transparencia. Pero la alegación de Civio al Consejo de Transparencia dio resultado y el banco malo remitió la información, eso sí, sin incluir los precios de venta y compra de los inmuebles. Entre los datos conseguidos, consiguieron averiguar que 12.349 viviendas compradas por la Sareb eran protegidas.

Los nuevos requerimientos de Civio se dirigieron hacia estas viviendas protegidas que poseía el banco malo. Y consiguió arrancar un dato desconocido hasta entonces: la Sareb había vendido nada menos que 9.440 de esas viviendas protegidas. Los siguientes reclamos de esta fundación para conseguir información sobre el precio al que fueron vendidos estos pisos públicos y en manos de quién acabaron han sido rechazadas.

La reciente resolución del caso de las viviendas protegidas que vendió Ana Botella ha servido para refrescar la importancia de conocer estos datos: el 5 de diciembre el Tribunal Supremo reconocía por primera vez el derecho de compra de los pisos vendidos en 2013 para cuatro familias que habitaban estas vivienda y nada menos que al mismo precio de saldo por el que Blackstone las compró.