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Los taxistas llevan la Ley Uber de Ayuso al Tribunal Constitucional

En junio la Comunidad de Madrid publicaba la Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, en la que regulaba el servicio de los coches de alquiler con conductor, los VTC, también conocida como la Ley Uber de Ayuso. Pero, según señalan varias organizaciones de taxistas y los partidos políticos que han apoyado la acción, la ley de Ayuso es inconstitucional.

La organización sindical de taxistas Taxi Project, junto a la Federación Profesional del Taxi de Madrid, han promovido un recurso de inconstitucionalidad a la modificación de dicha ley por invasión de competencias municipales y por discriminación en contra del taxi. Según han explicado, la modificación realizada por el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid habilita a las VTC a que tengan autorización nacional domiciliada en la Comunidad de Madrid para realizar actividad urbana en todos los municipios de la comunidad, invadiendo así competencias municipales, ya que son los municipios los que deben otorgar licencias de taxi y autorizaciones VTC después de estudiar y valorar las necesidades de transporte en su municipio. Además, señalan desde Taxi Project, “discrimina al taxi al otorgar a las VTC de la Comunidad una autorización urbana para todos los municipios”.

La Ley Uber de Ayuso ha regulando el servicio de este tipo de vehículos en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, invadiendo las competencias municipales

A finales de septiembre se cumple la moratoria de cuatro años que concedió el Gobierno central en 2018 mediante un Decreto de la mano del exministro de Transporte Jose Luis Ábalos. Dicho Decreto daba cuatro años a las VTC para realizar transportes urbanos en concepto de indemnización ya que desde el 1 de octubre de 2022 deberían ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tendrán las competencias exclusivas para dar licencias urbanas. Pero la Ley de Ayuso ha ido por la vía de en medio regulando el servicio de este tipo de vehículos en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, invadiendo las competencias municipales y, por lo tanto, incurriendo en la inconstitucionalidad que se señala en el recurso presentado hoy.

La competencia estatal también se ve vulnerada con la Ley Uber de Ayuso, según explica el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. En concreto, la ley madrileña de las VTC invade la competencia estatal sobre el transporte recogida en el artículo 149, así como el artículo 14 en cuanto al principio de igualdad, todos ellos de la Constitución Española.

55 diputados de siete partidos

En el proceso, Taxi Project ha mantenido conversaciones con casi todos los partidos, “que han demostrado una gran sensibilidad por los servicios públicos, los derechos laborales y contra la falsa economía de plataforma”, explican desde el sindicato. Desde la organización agradecen la labor de Unidas Podemos y el diputado en el Congreso Rafa Mayoral el intenso trabajo con el que arrancaron el pasado mes de julio al publicarse la normativa madrileña.

Desde Unidas Podemos consideran que este texto legal supone una gravísima violación de la autonomía local y de las competencias de los ayuntamientos, afectando a una materia tan sensible como el transporte urbano y la movilidad sostenible en las localidades afectadas. “Necesitamos proteger nuestros servicios públicos con tarifa regulada como es el taxi frente a las multinacionales, como Uber, que vienen a controlar el transporte urbano con estrategias de monopolio”, ha afirmado Mayoral.

55 diputados de siete partidos distintos han firmado el recurso ante el Tribunal Constitucional que han promovido varias organizaciones de taxistas

Después de muchas conversaciones, la totalidad del grupo de Unidas Podemos (con 33 diputados) y diputados de ERC, Junts, Bildu, Más País, la CUP y Compromís han decidido firmar el recurso en el Congreso de los Diputados hoy martes 13 de septiembre, día que se cumplen los tres meses desde la aprobación de la modificación. En total, el recurso ha sido presentado por 55 diputados. El PSOE, finalmente, no ha firmado el recurso junto al resto de partidos.