Derecho a la vivienda
Ola de solidaridad para sufragar 21 multas por el desahucio de un matrimonio octogenario

“Este viernes intentarán cortar la calle de José Manuel y echarle a la calle. 80 años de vida, 54 años en su casa. Sólo si somos muchísimas a las 6h en su puerta podremos ganar. Difunde el cartel y vente al desahucio!!”. Con este mensaje, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel (Madrid) llamaba a resistir el desahucio programado para el 18 de febrero de 2022. 

Un mes antes, la movilización vecinal había evitado que el de José Manuel y María se convierta en el primer desahucio de 2022. Pero las negociaciones con la propiedad y la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) no consiguieron convencer al casero ni un techo alternativo para el matrimonio. En el segundo intento de desalojo, según pudieron saber en el Sindicato de Vivienda, los antidisturbios se asegurarían de que el desahucio llegue hasta el final. 

No se trataba de un desahucio más. José Manuel, de 78 años, y María, de 82, llevaban viviendo en este modesto piso de Carabanchel desde hace 54 años, los que llevan casados. Él es de Andalucía y ella de Extremadura, y no podían pagarse otro piso en el barrio, donde tienen sus vidas. Él cobra una pequeña pensión y se encarga de cuidar de María, que tiene movilidad reducida. Nada de esto fue suficiente para el Ayuntamiento de Madrid, para Servicios Sociales o para la Justicia. Y eso que ese mismo día, el 18 de febrero, el Gobierno prorrogaba la moratoria de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Había otra diferencia en el caso de este matrimonio octogenario: José Manuel participaba activamente del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, ahí estaba en las asambleas semanales y en muchas de las acciones de stop desahucios en el barrio, según cuenta uno de los integrantes de este colectivo. El desahucio de este matrimonio octogenario no iba a resultar rutinario para la unidad de antidisturbios.

Precisamente por eso, desde las 0:30h de la noche, la policía ya estaba dando vueltas por la calle y cerca de las 2h de la madrugada cerraron el acceso al portal, con “dos lecheras, una a cada lado”, cuenta uno de los activistas del Sindicato. La gente que estaba afuera o que había ido a comprar comida ya no pudo volver a entrar. Sin embargo, varias decenas de vecinos y vecinas del barrio ya se habían instalado en el portal del edificio de José Manuel y María.

A las 6h llegaron refuerzos policiales. Un “ejército de antidisturbios”, según el Sindicato, cargó contra los activistas que habían llegado en las últimas horas para apoyar desde fuera. La actitud violenta y los malos tratos quedaron registradas en decenas de vídeos que este colectivo subió a las redes sociales. 

Los antidisturbios rompieron la puerta de entrada con un ariete, fueron sacando uno a uno a los activistas que resistían dentro del edificio, detuvieron a dos vecinos e identificaron a un total de 21 personas, a los que piden 600 euros a cada uno por desobediencia. Las dos personas detenidas afrontan más cargos por daños materiales, que pueden llegar a los 2.700 euros cada uno. José Daniel y María se quedaron en la calle, expulsados de la casa en la que habían vivido los últimos 54 años de su vida. La razón de todo esto, según el propietario, Pedro Lorente del Carmen, se remonta al impago de cuotas de la comunidad por valor de 800 euros, una cifra que ya estaba cubierta en su totalidad en el momento del desahucio. De fondo, dicen, estaba el interés del propietario de expulsar al matrimonio para poder especular con el piso.

“A pesar de tener una pensión, a Jose Manuel y María les ha sido imposible seguir en su barrio de todas la vida, debido a que los requisitos que se piden para acceder al mercado del alquiler cada vez son más difíciles de cumplir”, cuentan desde el Sindicato. Actualmente se encuentran en Extremadura en la casa de un familiar. “María nos relataba por teléfono que tuvieron que irse al pueblo a vivir a casa de su hermana porque no  les quedaba otra opción y que el desahucio había tenido graves consecuencias en la salud mental de ambos: ansiedad, desorientación...”, dicen.

La brutalidad policial y la contundencia de las sanciones pretendían ser “ejemplarizantes, porque fue un desahucio que tuvo mucha repercusión mediática y atrajo el apoyo de muchas personas del barrio y de fuera de Carabanchel”, dice a El Salto una de las personas detenidas ese 18 de febrero.

La respuesta del barrio y el resto del tejido asociativo de Carabanchel y de Madrid también ha sido ejemplar, desde institutos hasta centros sociales, pasando por decenas de colectivos del distrito. Para cubrir las propuestas de sanción y los costes judiciales, desde el Sindicato de Viviendas de Carabanchel y Stop Desahucios han lanzado un Sorteo Antirrepresivo en colaboración con decenas de editoriales, artistas, medios de comunicación críticos, grupos musicales, tiendas de ropa y colectivos sociales, que han ofrecido sus servicios o diversos productos o regalos. Más de 50 premios donados por estas entidades se repartirán entre los miles de participantes que ya se han unido a la iniciativa.

Las papeletas vendidas para este sorteo, que se pueden comprar de forma física u online, ya han superado las 4.000 a un precio de 1 euro cada una. Y los organizadores prevén que hasta el 1 de mayo se sume mucha más gente en esta “gran ola de solidaridad”, según dice a El Salto una de las personas detenidas aquel día.