Derecho a la vivienda
Demanda del Sindicato de Inquilinas contra Blackstone, el gigante de los 250.000 millones de euros

Al gestor de propiedades inmobiliarias más grande del mundo se le ha metido una china en el zapato. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, junto con 75 familias ha presentado hoy, 8 de julio, en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid, una demanda contra Blackstone. Javier Gil, portavoz del Sindicato, confirma a El Salto que muchas de las demandas agrupadas hoy darán la razón a los inquilinos, en cuanto Blackstone ha impuesto cláusulas abusivas “de forma sistemática” a sus arrendadores.

Blackstone ejerce presión planteándolos contratos preredactados, en los que los inquilinos solo tienen dos opciones, aceptar las condiciones y las subidas que plantea Blackstone o irse a la calle. A nivel estratégico, indica Gil, la compañía busca llevar a cabo la revalorización de inmuebles con precios pautados que sube forzando a los inquilinos a renunciar a derechos establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil. 

Una vez consiguen aumentar el precio por unidad en esos inmuebles, Blackstone los vuelve a poner en el mercado. Pero el Sindicato de Inquilinas espera conseguir con esta demanda que las cláusulas abusivas introducidas de forma sistemática por la compañía sean declaradas ilegales y prohibidas específicamente en nuevos contratos: “La sentencia que esperamos obtener dictaminará qué cláusulas son abusivas, ordenará inscribirlas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación y no podrán volver a usarse más en un contrato de arrendamiento celebrado con una Socimi”.

En su “afán especulativo”, dice el sindicato, Blackstone empleó diversas trabas para que los inquilinos y “las inquilinas renovasen sus alquileres en ‘condiciones de libre mercado’, pero haciéndoles firmar contratos absolutamente abusivos”, ese es el motivo de la demanda contra un gigante que en la actualidad tiene una cartera de 250.000 millones de euros en activos inmobiliarios.

Los casos que el Sindicato ha presentado hoy se centran en viviendas construidas sobre suelo público. Una cesión de la Comunidad de Madrid que tenía, aparentemente, como objetivo permitir el acceso a viviendas asequibles a jóvenes y que, tras la venta por parte del Gobierno del Partido Popular a Blackstone, se ha convertido en una fuente de especulación. 

Las familias que han presentado la demanda, en su mayoría de unos edificios situados en Torrejón de Ardoz, denuncian las subidas de hasta el 100% del precio fijado a la que les está sometiendo la multinacional. Alquileres de 600 euros han subido, en tres años, hasta 1.200 euros, confirman desde el sindicato.

La denuncia se centra en contratos firmados entre 2016 y 2018, que incluyen una serie de prácticas abusivas, como que los gastos de comunidad y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sean pagados por los arrendatarios. Blackstone obligó, asimismo, a firmar un seguro de hogar a sus inquilinos y les privó del derecho de tanteo y de retracto, protegido por el Código Civil.

Blackstone, por su parte, ha anunciado esta misma semana que tiene aproximadamente 150.000 millones de euros en capital no asignado, es decir, a la espera de invertir. La “perspectiva de retorno”, es decir, la revalorización de los inmuebles, es fundamental para que la compañía realice esas inversiones: un mensaje claro de la justicia contra las prácticas abusivas dificultaría una repetición del ciclo de “dinero gratis” que trajo en primer lugar a Blackstone a la Comunidad de Madrid de la mano del Partido Popular.