Derecho a la vivienda
Podemos amenaza con romper con el Gobierno si no aprueba una nueva moratoria hipotecaria

La fecha límite es el 15 de mayo y de ello dependen al menos 30.000 hogares hipotecados, que pueden perder sus viviendas si no se renueva y amplía la moratoria hipotecaria aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. “La gente a partir de ese día se va a quedar sin cobertura y todavía no sabemos nada. Tenemos esta ley y nada más”, advierte José Luis González Meseguer, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València.

La última prórroga de la ley 1/2013 llega a su fin y todavía no hay noticias sobre las intenciones del Gobierno de prorrogar una medida que ha evitado decenas de miles de desahucios hipotecarios en la pasada década. Tampoco hay indicios de si el PSOE recogerá las propuestas de la PAH y Podemos para mejorar la redacción de la norma. 

“La gente a partir del 15 de mayo se va a quedar sin cobertura y todavía no sabemos nada del Gobierno. Tenemos esta ley y nada más”, advierte José Luis González, de PAH València.

La extensión de la moratoria hasta 2028 fue acordada con el partido de Ione Belarra en el marco de la negociación de los últimos decretos anticrisis, aunque desde la formación morada afirman desconocer los planes del Gobierno. Este martes, el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez-Serna, amenazaba con la ruptura con el Gobierno si no se amplía una nueva moratoria antes del 15 de mayo. “Queremos pedirle al gobierno que cumpla lo pactado”, decía el portavoz, para quién resulta “inaceptable que el Gobierno de España parezca más interesado en recibir a fondos buitres como BlackRock o que prometa a los inversores inmobiliarios que aquí hay negocio en lugar de garantizar el derecho constitucional a la vivienda a miles de familias”. 

La negativa del Gobierno a aprobar una nueva moratoria antes del 15 de mayo supondría “un antes y un después” en la relación entre el PSOE y Podemos, un quiebre definido por Sánchez-Serna como una “pérdida de confianza absoluta” que impediría seguir colaborando con este Gobierno.

Un moratoria insuficiente

Esta moratoria hipotecaria, aprobada en medio de la gran ola de desahucios que dejó el estallido de la burbuja inmobiliaria, protege de los desahucios hipotecarios a hogares que pueden demostrar especial vulnerabilidad, en especial las familias numerosas, monoparentales con hijos o con personas dependientes. La ley también protege a personas en situación de desempleo, a víctimas de violencia de género o a mayores de 60 años. Todo esto esto al menos en teoría, porque la ley, aunque ha servido para impedir miles de desahucios, deja fuera a muchos más casos de los que incluye.

El principal problema, explica González Meseguer a El Salto, es que la norma no protege a todas las familias que consiguen, tras complicados trámites, justificar su situación de vulnerabilidad, sino solo en determinados tipos de procedimientos o con determinadas finalidades de préstamo. Para acceder a esta moratoria, es necesario cumplir con “un montón de requisitos imposibles, nunca requeridos a la banca”, denuncian desde la PAH. Aún con estas limitaciones, más de 27.000 hogares se han adherido a la moratoria hipotecaria desde su creación, según datos de 2017. Las peticiones de la PAH y la izquierda parlamentaria de datos actualizados del número de familias favorecidos por esta medida o quiénes son los propietarios de estos pisos no han tenido respuesta, señala este activista del movimiento de vivienda.

La negativa del Gobierno a aprobar una nueva moratoria antes del 15 de mayo supondría “un antes y un después” en la relación entre el PSOE y Podemos, según el portavoz Sánchez-Serna

La ley 1/2023, dicen desde la PAH, ayudó al Gobierno del PP a “salir del paso de forma provisional” ante la conflictividad social de aquellos años, pero de una forma “muy restrictiva”. Ahora que se debe volver a hablar en el Congreso, señalan, es momento no solo de ampliar la cobertura temporal de la ley, sino también de mejorar su redacción para que llegue a todos los hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

La moratoria, defienden, debería “concederse automáticamente” a quienes ya la disfrutan sin más trámites y “ampliarse a todas las personas vulnerables que hayan perdido o pierdan su vivienda habitual, independientemente del tipo de procedimiento instado o de la finalidad del préstamo”. También piden incluir medidas contra el acoso inmobiliario que sufren las familias que gozan de la moratoria hipotecaria. “Los bancos, las inmobiliarias y los fondos de inversión no nos dejan vivir en paz”, denuncia González Meseguer.

Este activista relata el “dolor” que significa para las familias vivir entre prórrogas de cuatro años que solo postergan el desahucio y defiende que es tiempo de “dar una solución definitiva”. En concreto, desde la PAH proponen que el Gobierno facilite que las familias afectadas puedan optar a la propiedad de las viviendas a través del derecho de tanteo y retracto y créditos blandos o a través de la conversión de esas viviendas en parque público. “Si el PSOE solo se limita a ampliar su duración, la PAH seguirá la lucha para una solución definitiva, en el ámbito que sea”, añaden.