Barcelona
Le tiran la casa encima y luego le desahucian

Juana Peña Rodríguez vivió la angustia de su último intento de desahucio el pasado 1 de febrero, en el número 15 de la Calle Murillo del barrio barcelonés de Poble Sec. A sus 69 años y con un certificado de discapacidad del 78%, llevaba más de dos viviendo en mitad de una obra irregular de un edificio con serios problemas estructurales. Gracias al apoyo de sus vecinas, el lanzamiento se ha paralizado hasta el próximo 28 de febrero, pero esta semana se ha encontrado con que le han cortado el suministro eléctrico.

Una situación indigna que se ha mantenido desde verano 2020, momento en el que cuenta que unos operarios enviados sin previa autorización por la propiedad, administrada por el empresario Ramón Centelles Montoliu, apuntalaron el piso que había sido el hogar de Juana durante más de diez años, dejándola sin cocina ni baño y sin posibilidad de acceso habitual a agua corriente.

A pesar de la situación de vulnerabilidad y las diversas problemáticas abordadas por Juana, el Sindicat de Barri de Poble Sec, que acompaña a la afectada en esta situación, denuncia que los servicios municipales no habrían atendido a la misma hasta dos días antes de la última fecha del desalojo. “Los servicios municipales no han atendido bien a Juana y solo le han ofrecido una alternativa del todo indigna dos días antes del desahucio, que ella ha rechazado”, reclaman.

Un caso plagado de irregularidades 

En pleno momento álgido de la pandemia, Juana se vio en mitad de una obra a medio hacer de la que nadie le había informado: unos operarios llegaron sin aviso previo, levantaron el mobiliario del baño y parte de la cocina, y después se fueron sin dar más explicaciones. Desde entonces, le ha sido imposible hacer vida normal en el inmueble. Y es que irrumpir en una casa para realizar una reforma sin previo aviso va en contra de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece que el inquilino ha de ser avisado con al menos tres meses de antelación. Además, el propio consistorio municipal habría comunicado que esa misma obra ni siquiera estaba autorizada, según llegó a informar el diario La Directa.  

Cuando sucede el incidente, a Juana le quedaba solo un mes para que su contrato de alquiler venciera y, cuando acude a aclarar la situación con la propiedad, gestionada por el empresario Ramón Centelles Montoliu según informan desde el sindicato vecinal, se le indica que no se renovará su contrato. “A mí me dio una crisis de nervios y llorando le pregunté que por qué me hacía esto en plena pandemia si yo pagaba. Me dijo que no quería renovarme, que quería remodelar el bloque y me daba 15 días para que me fuera o me denunciaba”, recuerda Juana, que a pesar de las amenazas, ha continuado pagando la cuota de alquiler. “No estoy bien, se me cae la casa encima. Cuando duermo veo caer los trozos de cemento del techo”, cuenta. 

En mayo de 2021, el sindicato vecinal denuncia que la propiedad vuelve a intentar expulsar a Juana de manera irregular enviando operarios a que empaqueten sus cosas y destrozando parte del mobiliario e infraestructura de la vivienda, dejando la casa en peligro de derrumbe. En esta línea, el Ajuntament de Barcelona ha confirmado a El Salto que desde el Distrito del barrio de Sants-Montjüic se han realizado inspecciones para evaluar el estado de la finca, constatando una “falta de mantenimiento interior del edificio con afectación a elementos estructurales”.

El proceso judicial iniciado tras la denuncia por finalización de contrato de la propiedad, también ha albergado diversas irregularidades según indica el sindicato vecinal, tal como la desatención y las limitaciones presentes en la justicia gratuita o la falta de consideración judicial que ha obstaculizado su defensa. “Juana no ha tenido una defensa justa. Fuimos nosotros quienes tuvimos que conseguir a última hora todos los papeles que demostraran que estaba en una situación de vulnerabilidad y que el piso pertenecía a un gran propietario, ya que el juez negaba esto aún teniendo pruebas de ello. Sospechábamos que el administrador de la propiedad, que también es abogado, tenía influencia en los juzgados y estaba impidiendo parar el desahucio”, indican desde el Sindicat de Barri Poble Sec.

En los desalojos de propiedades de grandes tenedores -aquellos con más de 10 inmuebles en propiedad-, la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda prevé que los propietarios tienen la obligación de ofrecer un alquiler social a sus inquilinos siempre que concurran una serie de requerimientos. Sin embargo, Ramón Centelles Montoliu, administrador de la finca y también de la empresa inmobiliaria Centelles Montoliu S.L, se habría negado rotundamente según las negociaciones llevadas a cabo por el colectivo vecinal.

Los límites del derecho a la vivienda y la impunidad de los propietarios 

El desenlace del caso de Juana ha llevado al Sindicat de Poble Sec a denunciar “la inacción de las instituciones públicas”: “Tanto Habitatge como Servicios Sociales son conscientes de la situación de la Juana desde hace más de 2 años, pero solamente aportan alternativas habitacionales cuando se va a producir el desahucio. Solo ofrecen pensiones y ni siquiera te garantizan que sea cerca del barrio. Aprovechan que las personas vulnerables están entre la espada y la pared para ofrecer un mal menor”, señalan. “Habitatge ha aprobado la solicitud en la Mesa de Emergencia después de estos dos años, por lo que un piso con un alquiler social puede tardar varios años más. Denunciamos que hayan permitido que Juana lleve más de 2 años viviendo en condiciones lamentables, sin acceso a baño y cocina, sin haber ofrecido nada en todo este tiempo”, añaden. 

En esta línea, Juana habría decidido no aceptar las alternativas habitacionales propuestas por los servicios municipales. “Nadie ha querido hablar conmigo, me siento muy despreciada. Me ofrecen una pensión tutelada pero yo no quiero ir allí”, explica Juana a El Salto.

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Por otro lado, el Ajuntament de Barcelona ha informado a El Salto que actualmente se continúa investigando si el no ofrecimiento de alquiler social a la afectada podría constituir objeto de sanción. Aunque la ley lo prevea, la falta de ofrecimiento de alquileres sociales a aquellos inquilinos que cumplen los requerimientos de la 24/2015 es otro obstáculo más a su cumplimiento. En el distrito céntrico de Ciutat Vella en la ciudad condal, los sindicatos de vivienda también señalan este mismo problema hasta en trece casos pertenecientes a grandes tenedores, seis viviendas del fondo de inversión Blackstone y cinco de Cerberus, que se encuentran en la misma situación: en riesgo de perder su vivienda y a la espera de un ofrecimiento de alquiler social.

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Pero, ¿qué pasa cuando la ley existe pero los propietarios no la cumplen? Desde el Ajuntament indican que en 2022 se iniciaron 36 expedientes sancionadores a grandes tenedores por no ofrecer alquiler social. De estos, en 10 casos la propiedad acabó ofreciendo alquiler social tras la apertura de expediente y solo en tres ocasiones (o sea, en el 0,08% de casos) los propietarios abonaron la cuantía sancionadora, con un importe total de 70. 217 euros.

Sin embargo, el 47% de los grandes propietarios expedientados no abonaron la cuantía de sanción indicada, que supondría más de medio millón de euros a las arcas públicas (un total de 518.716 euros), que aún no ha sido aportado. Una problemática alarmante teniendo en cuenta que los grandes tenedores son el grupo mayoritario de propietarios de inmuebles donde se producen desahucios (hasta el 47, 3% en 2021), según indica el Observatori DESC. Además, cabe recordar que la ley que permite sancionar de oficio a los grandes propietarios (Ley 1/2022) está recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

“Las instituciones forman parte del problema porque han cedido ante los propietarios dándoles en bandeja varios bloques enteros y abandonando a la gente a su suerte. Las leyes por sí mismas no tienen ningún valor si detrás de ellas no hay una fuerza independientemente organizada que obligue a cumplirlas”, indican desde el Sindicat d’Habitatge del Raval, uno de los interlocutores en la negociación colectiva. “Estas familias quedarían totalmente desamparadas si no fuese por los sindicatos de vivienda, los únicos capaces de garantizar los intereses de la clase trabajadora”, añaden

“Vemos como los desahucios en nuestro sindicato afectan especialmente a mujeres migrantes y racializadas, cuyos procedimientos avanzan infinitamente más rápido y les afectan especialmente”, indican desde el Sindicat de Barri de Poble Sec. Respecto al caso de Juana, se siguen llevando a cabo negociaciones con Servicios Sociales, reclamando una alternativa habitacional digna. “Queremos que Serveis Socials arregle la mala acción que ha hecho de mirar para otro lado y de no atender a Juana como se debe atender a las personas vulnerables en esta situación”, denuncian.

Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma donde más se desahucia de todo el estado, con el 23,4% de desahucios a nivel nacional registrados en 2022 según los datos del CGPJ, siendo también una de las pocas regiones donde los desahucios aumentaron el pasado año (un 26% y un 5% en el primer y segundo trimestre respectivamente).