Barcelona
Tres jóvenes se niegan a abandonar su vivienda: “Luchar por nuestra casa es luchar por nuestra clase”

La semana pasada se viralizó un vídeo que mostraba el caso de Nano, un joven de 22 años que se ve obligado a trabajar turnos de 12 horas cada día para mantener a su familia. Una aplaudida historia que conmovió a la sociedad, pero que evidencia una cruda realidad que también es la de Àlex y sus dos compañeros de piso, tres jóvenes menores de 30 años en situación de vulnerabilidad a punto de ser desahuciados sin alternativa habitacional en pleno centro de Barcelona.

De la misma forma que el 32% de jóvenes entre 15 y 29 años, Àlex se vio obligado a mudarse a la gran ciudad ante la imposibilidad de encontrar trabajo en su pueblo, en un pequeño rincón de los Pirineos, así como de permanecer en su casa ante las limitaciones de su familia. Ni siquiera consiguiendo un trabajo y compartiendo piso pudo hacer frente a un alquiler digno en la ciudad. 

“Nos matamos a trabajar y a estudiar, ¿y para qué? Para vivir en la miseria absoluta”, indica Àlex

“Nos matamos a trabajar y a estudiar, ¿y para qué? Para vivir en la miseria absoluta”, indica. Al verse en una situación de impago en un piso administrado por la socimi Optimum RE Spain, ahora propiedad del gran fondo de inversión Cerberus (que moviliza más de 35.700 inmuebles residenciales procedentes del Banco Santander), decidió organizarse hace más de un año con el Sindicat d’Habitatge del Casc Antic, una de las formaciones políticas pertenecientes al Movimiento por la Vivienda en Barcelona. Una ciudad que continúa formando parte del territorio con más desahucios del Estado de acuerdo con el CGPJ. 

Viviendo de cerca la organización colectiva, el joven dice haberse dado cuenta de la “dimensión estructural del problema de la vivienda”, un conflicto que “solo puede abordarse de forma colectiva mediante nuestra organización como clase”, sostiene. Es por eso que él y sus compañeros decidieron emprender una negociación colectiva frente a Cerberus junto a otras vecinas que se veían en la misma situación, bien por la incapacidad de pagar el alquiler, o bien por la no renovación del contrato. 

Aunque las negociaciones con la propiedad en un principio eran fluidas —a través del presidente y consejero delegado de Optimum RE, Josep Borrell, quien posteriormente renunciaría tras una junta de accionistas en 2022, en favor de dos consejeros venidos directamente de Cerberus—, pronto dejaron de serlo y a los sindicatos les resultó cada vez más difícil encontrar una vía de diálogo. “Los fondos de inversión son muy complicados de abordar porque son muy opacos, no tienen caras públicas, si tienen oficinas aquí, suelen estar dentro de grandes edificios… Es muy complicado el señalamiento. Nuestra posición de fuerza en la negociación se fue debilitando,” explica el afectado. 

Finalmente y tras la imposibilidad de acogerse a la moratoria, la cual denuncian que carece de efectos realmente garantistas, se encuentran en una situación de desahucio inminente de su domicilio en el carrer del Carme 106, en el barrio del Raval. 

“Confrontar la falta de garantías institucionales y la presión de los agentes especuladores es una decisión política”

Desahucios y precariedad, única herencia

“La crisis económica perpetua y la mercantilización sistémica de la vivienda sin garantías por parte de las instituciones son elementos claves para explicar la precarización y proletarización de los jóvenes de clase trabajadora”, indican desde el Sindicat d’Habitatge del Raval y el Sindicat d'Habitatge del Casc Antic, vinculados a la negociación del caso. “Este desalojamiento evidencia claramente la falta de acceso a una vivienda para la juventud trabajadora, cada vez veremos a gente más joven ser desahuciada de su casa, porque no podemos pagar un alquiler, ni mucho menos acceder a una hipoteca. En cambio, los fondos de inversión y los bancos sí que tienen acceso ilimitado a especular con un bien de primera necesidad”, añade Alex. 

Únicamente en el Estado español, la tasa de paro los hombres menores de 25 años (28,9) en 2022 es la más alta de todos los países de la Unión Europea, siendo casi superior al doble de la media general. Esto sumado a que en torno al 60% de los jóvenes entre 18 y 29 años no viven donde les gustaría por motivos económicos, teniendo que vivir con sus padres el 91% de los que tienen entre 18 y 19, el 77% de los que tienen entre 20 y 24 y el 44% de los que tienen entre 25 y 29. Pero como se ha indicado anteriormente, esta ni siquiera es una opción posible para todos los jóvenes.

En vista de este panorama, Álex y sus dos compañeros se niegan deliberadamente a abandonar la vivienda en señal de protesta.

 “No es solo el hecho de negarnos a irnos de esta casa como tal, sino es más bien resistirnos a abandonar una vivienda cuando no tenemos una alternativa, cuando se está está demostrando que no la hay a través de los informes de vulnerabilidad. Como militantes del sindicato tenemos un deber de defender nuestro hogar y defender nuestro desahucio. Luchar por nuestra vivienda también es luchar por nuestra clase”, apunta. 

Una afirmación que respaldan los mencionados sindicatos del distrito céntrico de Ciutat Vella. “Confrontar la falta de garantías institucionales y la presión de los agentes especuladores es una decisión política. Nuestros compañeros contarán con todas las fuerzas de los sindicatos de vivienda del distrito, quienes consideramos que la banalizada consigna de que la vivienda tiene que ser universal y gratuita ha de empezar a cumplirse, aunque sea por las malas. Visto está que no serán las instituciones quienes lo hagan por nosotros”, señalan. 

En este sentido, los entrevistados hacen hincapié en que la falta de efectividad de las políticas de vivienda y la acción institucional “es más que evidente”. En Catalunya, se aprobó hace unos años la Ley 24/2015, un instrumento normativo que prevé sanciones para aquellos grandes tenedores que no cumplan con la obligación de ceder viviendas vacías para alquiler social. Sin embargo, el propio Ajuntament de Barcelona indicó a El Salto que en 2022 las sanciones solo fueron respetadas y abonadas por los grandes propietarios en un 0,08% de los casos (3 de 36 expedientes abiertos).

Aunque se prevé un gran dispositivo para ejecutar lo que promete ser uno de los desalojos más grandes y complicados del curso en la ciudad, la movilización de los sindicatos de vivienda ha demostrado ser capaz de parar el 90% de los desahucios a puerta, convirtiendo la organización vecinal en una de las pocas alternativas para luchar por tener un acceso efectivo a la vivienda.