Cannabis
Cuenta atrás para la entrada en prisión de Albert Tió por gestionar un club de cannabis

Albert Tió y otras dos personas miembros de la dirección de la asociación cannábica Airam entrarán el próximo 18 de noviembre en la cárcel para cumplir una condena de cinco años. O al menos lo harán si antes el Ministerio de Interior no da curso favorable a su petición de indulto. 

La campaña Consumo con Derechos y Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC) han celebrado hoy una rueda de prensa en la que, de nuevo, piden el indulto de Tió y las otras dos personas condenadas por formar un club de cannabis, y denuncian la creciente criminalización que está sufriendo el movimiento asociativo cannábico en los últimos años.

“Nosotros ya contamos con que tendremos que seguir esperándolo dentro [el indulto], igual que el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, afirma Tió

Según explica Tió a El Salto, el indulto fue pedido en enero pero hasta ahora no han obtenido respuesta por parte del Ministerio de Interior. “Nosotros ya contamos con que tendremos que seguir esperándolo dentro, igual que el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También esperamos poder conseguir un tercer grado lo antes posible por nuestra situación familiar”, afirma Tió. “Yo estoy ahora intentando organizar los temas familiares, dejarlo todo lo mejor que pueda con mi familia. Estoy fuerte, sabía que este momento podía llegar, llevo años mentalizándome, y me lo tomaré como un retiro espiritual, pero tengo hijos pequeños y una adolescente”, continúa el activista, quien afirma que, si finalmente entra en prisión, seguirá trabajando desde allí para la regularización del cannabis. 

Tió es presidente de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (FEDCAC) y fue, hasta su cierre en 2014, secretario de la asociación cannábica Airam. Este cargo le ha supuesto una serie de procesos judiciales que han concluido con esta última condena de cinco años de prisión. Según explicaba Tió a El Salto en julio de 2019, en tres de los procesos judiciales celebrados cuando la asociación Airam estaba aún en funcionamiento, en los que fue acusado junto al resto de la directiva por delitos de tráfico de drogas, la Audiencia Provincial dictó su absolución. Pero en los tres siguientes juicios, que tuvieron lugar en 2018, Tió y el resto de personas de la directiva de la asociación fueron condenados. Tras un acuerdo con la Fiscalía, una de esas condenas se fijó en dos años de prisión, con suspensión de entrada en prisión y el pago de una multa de 2,2 millones de euros, cifra que se correspondía con la facturación que el club de cannabis había tenido durante todos los años que estuvo en funcionamiento y que el activista está pagando desde entonces con trabajos para la comunidad. “Te condenan a estar arruinado toda la vida a ti y a tu familia”, lamentaba Tió a El Salto en una entrevista realizada en 2019. 

Otra de estas condenas supondrá, si el Ministerio de Interior no le concede el indulto, la entrada de Tió en prisión la próxima semana. La Audiencia Provincial de Barcelona le condenó, junto con las otras dos personas que conformaban la dirección de Airam, en 2018 a dos años de cárcel por asociación ilícita y tres más por delitos contra la salud pública, en la que es la pena más alta conocida por participar en una asociación de consumidores de cannabis y mantener un cultivo colectivo con el que proveer de esta planta a los miembros de la asociación.

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La campaña Consumo con Derechos alerta de la criminalización y las altas penas de cárcel a las que se enfrentan personas por participar en asociaciones de consumo de cannabis. 

Más de 15.200 personas han apoyado la petición de indulto para Albert Tió y los otros dos miembros de la directiva del club de cannabis Airam

Desde la campaña Consumo con Derechos lanzaron en junio una petición en Change en la que hasta hoy se cuentan más de 15.200 personas que apoyan la petición de indulto para Tió y las otras dos personas condenadas. “Estamos en un momento de inflexión donde la cohesión del movimiento cannábico es necesaria para encontrar un marco regulador inclusivo, que no deje a nadie atrás y que no permita que personas como Albert acaben injustamente encarcelados”, explican desde la organización, que reclama una regulación del consumo de cannabis que separe las actividades asociativas del mercado ilícito. “Es contraproducente abordar dicha actividad mediante la persecución”, añaden desde la campaña Consumo con Derechos. 

La persecución de los clubes de cannabis se acentuó en 2013 a raíz de una circular de la Fiscalía General del Estado en la que instaba a los fiscales a añadir el delito de asociación ilegal en los procesos judiciales emprendidos contra asociaciones de consumidores de cannabis.

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La lucha contra el tráfico de cannabis, posesión y consumo se lleva cada año alrededor de 4.200 millones de euros de las arcas públicas, según se deduce de las detenciones, decomisos, sanciones y otras actuaciones policiales, además de la actividad judicial.

“Cuando se habla de asociaciones cannábicas no estamos hablando de organizaciones criminales ni de delincuentes, nos referimos a la sociedad civil organizada ante las necesidades sociales y las irregularidades de los sistemas vigentes, con el fin de lograr una forma viable para el consumo y el autocultivo de cannabis de la forma más segura posible”, señala la organización en una nota remitida a los medios de comunicación en la que subrayan el contexto de crisis sanitaria, social y económica actual derivado de la pandemia del covid-19, que ha dejado a las personas usuarias de cannabis en una situación de vulnerabilidad. “Hoy más que nunca necesitamos defender la consolidación del fenómeno asociativo cannábico, ya que serían muchos ámbitos, no solamente económicos, los que podrían verse beneficiados con la regulación de la actividad de las asociaciones de cannabis”, concluye la campaña Consumo con Derechos.