Ceuta
Dignidad y justicia para las trabajadoras transfronterizas de Ceuta

“Dignidad, dignidad, libertad, libertad”, “somos humanos, no somos esclavos”, así se escucha en Ceuta el clamor de las trabajadoras transfronterizas —la mayoría son mujeres—, y así lo dispone igualmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues uno de los pilares del derecho internacional de los derechos humanos es la universalidad de estos, que toda persona en razón de su dignidad humana ha de gozar de manera efectiva de los derechos humanos.

Es domingo 14 de noviembre, y las integrantes de la APDHA nos encontramos en la Plaza de los Reyes de Ceuta acompañando al colectivo de hombres y mujeres transfronterizas. Estas personas se reúnen y reclaman una vez más la aplicación correcta de la normativa, la justicia, la libertad y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores, a través de la Caravana Feminista organizada por la APDHA.

Se estima que son más de 500 las personas que contaban con el permiso transfronterizo, y que, tras el cierre de la frontera han quedado atrapadas en territorio ceutí sin poder viajar a Marruecos para ver a sus familiares. Existen casos de hijas que no han podido despedir a sus madres, madres que llevan dos años sin poder abrazar, sentir y compartir la vida con sus hijos, y mujeres transfronterizas que perdieron la vida en medio de la pandemia y, a las que su familia no ha podido despedir. Como Aisha, a quien se recordó con un minuto de silencio en la concentración del domingo. Los que se han quedado al otro lado de la frontera, en Marruecos, son unos 3.000, perdiendo en muchos casos su trabajo por no poder regresar a Ceuta.

La situación de irregularidad administrativa en la que muchos se encuentran, por haberse caducado su permiso de trabajador transfronterizo y no poder renovarlo, les está generando vulneraciones de sus derechos más esenciales, como la asistencia sanitaria

La situación es insostenible y es urgente la toma de soluciones por parte de las instituciones autonómicas y estatales, tratándose de una situación humanitaria excepcional, y que no sólo afecta a Ceuta sino a todo el Estado. Hablamos de personas que llevan cotizando más de veinte años y que han sostenido el Estado de Bienestar, la gran mayoría —mujeres que se dedican al empleo doméstico, cuidado de personas mayores e infancia, y hombres que trabajan en la construcción o la hostelería— han trabajado duramente y contribuido de una manera excepcional al desarrollo de Ceuta, y, tras tanto esfuerzo, están siendo gravemente discriminadas por las instituciones y las políticas migratorias.

Mientras este colectivo se ve privado de sus derechos, los Gobiernos de España y Marruecos siguen sin hacerse responsables de sus circunstancias. La situación de irregularidad administrativa en la que muchos se encuentran, por haberse caducado su permiso de trabajador transfronterizo y no poder renovarlo, les está generando vulneraciones de sus derechos más esenciales, como la asistencia sanitaria. Por un lado, desde Ceuta se eluden responsabilidades, pero bien saben, no sólo allí sino en todo el territorio nacional, que la cuestión de los transfronterizos no incumbe exclusivamente a Ceuta, sino que se trata de un asunto de orden nacional. Por otro lado, desde Marruecos, también se desentienden de las circunstancias del colectivo y se obstaculiza el proceso para lograr la renovación de la documentación y la obtención de ciertos documentos, exigiendo su presencialidad –estando la frontera cerrada desde el año 2020. Desde la APDHA, solicitamos que se cumpla la normativa de extranjería y se proceda a la regularización de su situación.

Reivindicación de la digninidad humana

El domingo, después de la concentración, se organizó una asamblea en la que diferentes personas del colectivo, además de algunas personas integrantes de la APDHA, participaron denunciando las vulneraciones y compartiendo preocupaciones. Una mujer relataba los graves problemas de salud mental que estaba sobrellevando, tomando ansiolíticos y antidepresivos, a lo que muchas trabajadoras y trabajadores respondieron que también estaban atravesando la misma situación, unas circunstancias de absoluta vulnerabilidad emocional.

En medio del clamor por la defensa de los derechos del colectivo, Miriam, una menor, hija de una trabajadora transfronteriza pidió el micrófono para hacer una pregunta “¿Qué culpa tenemos y qué hemos hecho para que se nos trate de forma diferente?”, se planteaba. En muchas ocasiones, en medio de las intensas movilizaciones para la defensa de los derechos de las personas extranjeras, es preciso resituarse con una pregunta tan directa como la de esta menor. A raíz de examinar en profundidad —como merece —la problemática que afecta a las trabajadoras transfronterizas, lo que involucra cuestiones jurídicas, políticas, administrativas y geopolíticas, es fundamental centrar siempre el prisma en lo urgente y esencial: la denuncia del aspecto humanitario que conlleva la vulneración de los derechos. En definitiva, como dictan los instrumentos de protección de derechos humanos, todo se sustenta en la defensa irrestricta de los derechos más íntimos de la persona y se resume en la reclamación de la dignidad, igualdad y libertad.

Una caravana feminista exige en Ceuta regularizar la situación de las trabajadoras transfronterizas

Pepa Suárez

Migración

Trabajadoras transfronterizas Una caravana feminista exige en Ceuta regularizar la situación de las trabajadoras transfronterizas

Pepa Suárez

3.500 trabajadoras y trabajadores transfronterizos se encuentran atrapados a uno y otro lado de la frontera de Ceuta cerrada debido a la pandemia. En la protesta celebrada el pasado domingo, ha exigido medidas urgentes de protección para este colectivo.

Durante los últimos años, tanto en el territorio español como comunitario, hemos asistido, por un lado, a una creciente militarización de las fronteras, y, por otro lado, a la incesante externalización y la intensificación de la visión securitaria en las políticas migratorias. Esto se ha justificado bajo el amparo de la pretendida seguridad y el cumplimiento de la soberanía nacional, legitimando la ejecución y planificación de políticas que han venido denegado sistemáticamente los derechos humanos de las personas que intentan llegar a Europa y de las que ya residen aquí. El último ejemplo de ello es la situación que viven las personas migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

Una Europa a la que le falta solidaridad y justicia, y que cada día pretende ser más “Europa Fortaleza”, en la que los dirigentes no alcanzan a percibir que no hay ni habrá fortaleza más grande que la de una persona que lucha por su libertad y dignidad. Vivimos en un mundo en el que, paralelamente al número de personas que huyen forzosamente de sus hogares, cada día se levantan más vallas y se construyen más muros. Los países, en su estrategia de securitizar la movilidad, limitan la libertad de movimiento de personas que huyen de los conflictos armados, la guerra, el cambio climático, el racismo, el machismo, la homofobia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades en los países del Sur, que guarda su origen en el colonialismo y poscolonialismo del Norte. Un Norte que, hoy en día, continúa con sus violentas acciones extractivistas en el Sur global, y que, por tanto, sigue provocando la pobreza —de la que huyen millones de personas cada año y por la que, precisamente, migran a los países del Norte— e incrementando la desigualdad entre ambos territorios.

Las consecuencias de estas necropolíticas no son sólo las más de 1.500 personas fallecidas cada año en las costas del Mediterráneo, sino también la obstaculización del desarrollo de una vida digna a muchas personas extranjeras que se encuentran en territorio comunitario

Mientras, desde las instituciones europeas se centran en seguir consolidando la estrategia de la “seguridad comunitaria”, no parecen darse cuenta de que tal política planificada para el “bienestar” de los europeos representa una absoluta política de muerte (necropolítica, término acuñado por el autor Mbembe) para tantísimas personas del Sur. Las consecuencias de estas necropolíticas no son sólo las más de 1.500 personas fallecidas cada año en las costas del Mediterráneo, sino también la obstaculización del desarrollo de una vida digna a muchas personas extranjeras que se encuentran en territorio comunitario. De tal modo que, la muerte generada por la necropolítica no solo se representa por la ausencia de vida, sino por la exclusión originada por sistema, la normativa y las políticas migratorias. Vivir de acuerdo con la justicia universal y el cumplimiento de derechos humanos debería significar siempre vivir dignamente, no sobrevivir. A pesar de que se intente degenerar el significado de vida digna y transformarlo en el hecho de estar vivo, pero absolutamente atravesado por una extrema vulnerabilidad y marginación del sistema.

Al colectivo de trabajadoras transfronterizas se les está tratando desde hace tiempo como ciudadanas de segunda, y se trata esta, no de una consecuencia de las fronteras físicas, sino de las fronteras morales, unas mucho menos visibles, pero sin duda, tremendamente peligrosas. Es el sentimiento de superioridad respecto del “otro”, intrínseco y enraizado en el racismo, y producto del relato, en parte creado por los discursos del odio. Esto genera que parte de la ciudadanía normalice la injusticia y desigualdad que sufren las personas extranjeras. Todo ello, procede innegablemente del colonialismo y poscolonialismo ejercido por las potencias del Norte, sumado y propiciado por las prácticas de racismo institucional que se suceden en la cotidianeidad, como el perfilamiento racial y étnico.

Seguridad para unos, vulneración e injusticia para otros, sobran muros y falta algo tan esencial como la protección de los derechos humanos. Por todo ello, desde la APDHA, seguimos y seguiremos defendiendo con firmeza los derechos humanos, y apoyando al colectivo de trabajadoras transfronterizas hasta que sus demandas se vean satisfechas y logren contar con un permiso digno de trabajo y residencia. La vulneración de sus derechos laborales y derechos humanos más íntimos y básicos es inadmisible, y por ello, denunciamos y seguiremos denunciando a las instituciones autonómicas y nacionales mientras no pongan una solución acorde con la justicia, dignidad e igualdad de estas personas.