Congreso de los Diputados
Los grupos plurinacionales salvan el decreto anticrisis del Gobierno pese a las críticas por el espionaje

Nueva sesión de broncas en el Congreso de los Diputados y una noticia positiva para Pedro Sánchez y para distintos colectivos y empresas: el Gobierno consigue sacar adelante el Real decreto de medidas extraordinarias para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, un paquete de medidas anunciado hoy hace un mes y que incluye actuaciones en clave energética, de transporte, de apoyo a empresas y hogares.

Lo apurado del resultado muestra hasta qué punto el Gobierno tiene difícil hoy en día consolidar una mayoría. El PP ha rechazado cambiar su estrategia y explorar un entendimiento en clave de concentración nacional, así, solo quedaba la búsqueda de los apoyos de la mayoría que apoyó los presupuestos generales, pero los detalles que se conocen, y los que se desconocen, sobre el caso Pegasus, han impedido que ERC avale el contenido del Decreto.

Esta vez no ha habido errores o giros del guion: 176 diputados han votado a favor, 172 en contra y uno se ha abstenido. Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria y BNG han sido, junto a los partidos vascos, la clave de la aprobación por parte del Parlamento.

La norma, que enchufa 16.000 millones más en la economía y que ha servido para atajar protestas como la de los transportistas por la espiral inflacionista del precio del carburante, ha salido adelante con el el voto decisivo de PNV y EH Bildu, dos formaciones “plurinacionales” que han dejado varios recados al Gobierno por el escándalo y la gestión del caso Pegasus pero que se han mostrado comprometidos en sacar adelante las ayudas. También el PdeCat se ha inclinado por el 'sí', que ha contado además con el apoyo imprescindible de otros habituales de las mayorías que el Gobierno está consiguiendo reunir en la legislatura.

Las formaciones catalanas dicen 'no'

Tres partidos catalanes, JxCat, ERC y la CUP, han sido taxativos en su rechazo al decreto. Las tres portavoces de estas formaciones han denunciado hoy la inacción del Gobierno de Sánchez ante el escándalo Pegasus y han rechazado avalar al Ejecutivo, al que consideran responsable de ese caso. “Cómo vamos a confiar en un Gobierno que ante pruebas evidentes de espionaje no hace nada, o peor, saca pecho”, ha exclamado Albert Botran (CUP), uno de los espiados por el software Pegasus. “Si quieren conocer qué vamos a votar a este Real Decreto pregunten al CNI o pregunten a la ministra Robles”, ha denunciado Montserrat Bassa (ERC) en una breve alocución.

Pablo Echenique, de Unidas Podemos ha agradecido en nombre de su grupo a quienes han votado a favor separando el contenido del decreto del espionaje y también a quienes han votado hoy que 'no' pero que, según el diputado por Aragón, habrían votado que sí en caso de que el Ejecutivo hubiera dado garantías de un abordaje profundo del escándalo de las escuchas.

Sin embargo ha sido la intervención de Pedro Casares Hontañón, del PSOE, la que ha levantado más bronca en el Partido Popular y ha llevado a la llamada al orden por parte de Meritxell Batet. Casares se ha defendido del argumento de la derecha de esta semana —que se ha permitido a EH Bildu entrar en la comisión de secretos oficiales del Congreso— cuestionando la honorabilidad del PP, presente en dicha comisión, por los casos de corrupción del pasado y los escándalos de comisiones aparecidos en las últimas semanas. 

El decreto que se aprueba

La diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha subrayado alguna de las carencias que, bajo el punto de vista de su grupo, tiene el Decreto en materia energética, dado que el texto no aborda la problemática de los “beneficios caídos del cielo” y que no se ha planteado desligar el precio del gas natural del resto del mix eléctrico, lo que tira hacia arriba los precios.

El decreto, para EH Bildu, tampoco añade nuevos elementos en materia fiscal. Medidas como la aplicación de un impuesto sobre beneficios extraordinarios, reclamada por organizaciones como Oxfam, quedan fuera del foco del Gobierno.

Pero el texto sí que aporta medidas que han sido ponderadas por la mayor parte de los grupos que han salido a anunciar su voto positivo: se incrementan en 600.000 el número de hogares que pueden optar por el bono social eléctrico, aumenta el 15% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital e introduce una serie de medidas para regular el mercado del alquiler. El Gobierno saca así adelante un Decreto que se ha complicado a raíz de las informaciones sobre el espionaje a algunos de sus más firmes apoyos en la legislatura.