Coronavirus
El Supremo prohíbe a las autonomías decretar toques de queda generalizados

Con el fin del estado de alarma, las autonomías establecieron medidas específicas de cumplimiento en cada territorio. El Tribunal Supremo de Justicia acaba de anular el toque de queda instaurado en Baleares alegando que las leyes sanitarias vigentes no permiten a las comunidades decretar un toque de queda generalizado. Tampoco podrían limitar las reuniones sociales para toda su población para combatir el covid-19.

El pasado 9 de mayo, y con el fin del estado de alarma, el gobierno de Francina Armengol fijó un toque de queda de 00:00 a 06:00 horas, así como una limitación de seis personas para mantener reuniones sociales. La medida fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia, aval que recurrió la Fiscalía.

Hoy el Tribunal Supremo da la razón a la Fiscalía alegando que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, permite restringir derechos fundamentales para luchar contra la pandemia, pero no de forma generalizada para toda la población.

Fin del estado de alarma: las medidas adoptadas por cada comunidad autónoma

Pablo 'Pampa' Sainz

Estado de alarma

Estado de alarma Fin del estado de alarma: las medidas adoptadas por cada comunidad autónoma

Pablo 'Pampa' Sainz

Idas y vueltas de unas horas frenéticas en las que se decide cómo continúa la lucha contra la pandemia en el post estado de alarma.

“Sería poco cuestionable que para combatir un pequeño brote infeccioso localizado en un pueblo podría la Administración sanitaria obligar a los vecinos a confinarse en sus domicilios; y seguramente algo similar cabría decir de la limitación de reuniones. El problema no es, así, la intensidad: el problema es, más bien, la extensión”, señala el auto, al que ha tenido acceso El País.

Autonomías se oponen a las medidas

Por otro lado, el Consejo Interterritorial de Salud que integra a las comunidades y al Gobierno, aprobaba ayer nuevas medidas de restricción sanitaria con el voto en contra de seis comunidades: Murcia, Galicia, Catalunya, Andalucía, Euskadi y Madrid. Estas tres últimas han vuelto a recordar hoy que se oponen a su cumplimiento y las recurrirán.

La polémica gira en torno a la imposición de limitaciones en hostelería y ocio nocturno hasta que el 70% de la población española esté vacunada y los mayores de 50 años estén inmunizados.

La polémica gira en torno a la imposición de limitaciones en hostelería y ocio nocturno hasta que el 70% de la población española esté vacunada y los mayores de 50 años estén inmunizados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a liderar la oposición a las normas pactadas con el gobierno y alegaba hoy que no son “de obligado cumplimiento”. “El Gobierno de Pedro Sánchez se las tendrá que apañar para imponer las medidas. Mientras no sea obligatorio, lo que no vamos a hacer es ir contra los intereses de los ciudadanos; este Gobierno se las tendrá que apañar como sabe hacer para imponer y arrollar”, ha asegurado Ayuso.

Sin embargo, lo aprobado ayer por el Consejo Interterritorial, que se publicará próximamente en el BOE,  implica que el semáforo de los niveles de alerta y medidas asociadas, que hasta ahora ha sido una guía, se convierta en norma de obligado cumplimiento.

El documento, denominado Declaración de Actuaciones Coordinadas Frente a la Covid-19, incluye un horario común para toda España de cierre de bares y discotecas. Los primeros deberían cerrar a la 1:00 y los segundos a las 2:00. Si no hay riesgo o el nivel de alerta es 1, este horario se podría ampliar hasta las 3:00, y se establecería un límite de seis personas por mesa en el interior y de 10 persona en el exterior.

Entre estas medidas también está el cierre del interior de la hostelería para aquellas comunidades con una incidencia superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, lo que afectaría a Madrid que tiene una incidencia de 168.