Crisis económica
Mosqueo de CC OO y UGT con el Gobierno a cuenta de los ERTE y las alusiones a la congelación salarial

Semana importante para la continuidad de la ‘paz social’ firmada en junio. Los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, están convocados a un acuerdo pero, en el caso de UGT, se critica “el trilerismo” del Gobierno, que ha introducido nuevas medidas que no estaban previstas. La ministra Yolanda Díaz ha abierto la puerta a que el contador del desempleo de las personas afectadas por ERTE empiece a correr a partir de los seis meses de empleo suspendido. El Gobierno lo presenta como forma de reducir el gasto de la salarización por parte del Estado de esos trabajadores.

Esta medida, y el hecho de que se abra la posibilidad de despidos tras los ERTE, no han sido bien acogidas por los sindicatos que, no obstante, esperan llegar a un acuerdo con Gobierno y patronal esta semana. El Ministerio de Trabajo, sin embargo, tiene previsto mantener al menos hasta diciembre la improcedencia del despido objetivo por causas relacionadas con el covid-19. Una medida que aumenta la indemnización fijada desde los 20 días por año trabajado a 33 días.

Los sindicatos se ven en la obligación de denunciar los retrasos en la firma de la prórroga de los ERTE, retrasos que impiden abordar otros de los objetivos del curso: la derogación de la reforma laboral de 2012 y de la reforma de las pensiones de 2013.

Si la semana pasada se cerraba con preocupación ante el globo sonda lanzado por la ministra de Economía de que se planteaba, como una posibilidad más, la congelación de los salarios en la función pública, algo que afectaría a tres millones de personas, el lunes ha tocado el turno de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, quien ha aportado novedades sobre la prórroga de los ERTE y la pérdida de poder adquisitivo de las personas afectadas por este mecanismo.

Los sindicatos CC OO y UGT defienden que los ERTE duren tanto como la situación de pandemia y que se modifique la legislación introducida en 2013 por el PP para que, a partir de los seis meses, la cuantía a percibir se mantenga en el 70% de la base de cotización y no en el 50%, como ocurrirá en decenas de miles de casos si no se cambia la ley antes de que finalice el presente mes de septiembre. También reclaman especial atención a la situación de los trabajadores fijos-discontinuos, un colectivo afectado por la anómala temporada del turismo vivida en el verano de 2020.

Díaz, que ha realizado estos anuncios en una entrevista en RTVE, coincide en que el objetivo del Ejecutivo es “mantener la política de rentas” y en que su Ministerio es sensible a la demanda de los sindicatos.

La ministra ha anunciado además que Trabajo cubrirá durante 180 días (seis meses) a las personas que tras un ERTE, pierdan definitivamente su empleo. Es decir, que se pondrá el contador “a cero” independientemente de si la persona trabajadora no ha llegado al límite necesario para optar al subsidio. 

Además, Díaz ha asegurado que la prórroga del mecanismo de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo puede extenderse más allá de la campaña de navidad. Estos días debe quedar certificada la extensión de estos programas, ante la constatación de que la pandemia no está superada en absoluto, y que la situación de incertidumbre económica se mantendrá al menos hasta finales de 2020. Según las estimaciones de CC OO aun permanecen en ERTE 700.000 personas.

El paréntesis de los ERTE

Pablo Elorduy

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Pablo Elorduy

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La Seguridad Social ha puesto en circulación 8.000 millones de euros para tratar de detener la destrucción de empleo. Aun así, miles de personas denuncian que todavía no han cobrado las prestaciones. La primera prórroga ha llevado al Ministerio a intensificar la inspección para evitar el fraude. Los meses de verano son de calma tensa ante un otoño en el que se prevé una intensa destrucción de empresas y de empleos. 

La reforma de 2012

Los sindicatos mantienen la presión para que el Gobierno acometa la derogación de la reforma laboral de 2012, un punto que parece ser la música de fondo de la actual negociación de presupuestos, en la que Moncloa parece querer introducir a Ciudadanos, partido poco partidario de derogar determinados aspectos de la norma aprobada durante la época de Mariano Rajoy. Unai Sordo, secretario general de CC OO, vincula el mantenimiento de la reforma laboral con la devaluación salarial que va a tener lugar en los últimos meses del año.

El Plan Anual Normativo 2020 presentado el pasado 11 de septiembre incluye  cambios legislativos que apuntan a dos de los aspectos clave de la reforma de 2012, como son los relativos a la negociación colectiva y el distinto peso de los convenios, y la legislación sobre subcontratación y empresas multiservicios. A través de la cuenta de Twitter del sindicato, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha criticado la falta de decisión del Gobierno: “¿La reforma laboral? Es sencillo, no hay voluntad política para hacerlo, nada más”. Álvarez ha añadido: “El PSOE habla mucho de esto cuando hay una campaña electoral, luego se diluye. Y Unidas Podemos tiene más voluntad, pero tiene el peso que tiene”.

Tampoco ha sentado bien que la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la titular de Función Pública, Carolina Darias, sugirieran la semana pasada que la congelación salarial de las trabajadoras de la función pública es una posibilidad entre todas las que se contemplan en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Esta mañana, UGT y CSIF han anunciado movilizaciones para exigir la actualización salarial que se adeuda al personal laboral de la Administración General del Estado y han cargado contra el hecho de que el Gobierno pretenda resolver “todos los problemas metiendo siempre la tijera en los salarios de los empleados públicos”, en palabras de un representante del sindicato CSIF.