Derechos reproductivos
Varios centros de salud obstaculizaron el derecho al aborto de mujeres migrantes antes y después del decreto de 2018

En 2016, personal del centro de salud Joaquín Rodrigo de Usera exigió a una mujer en situación administrativa irregular demostrar que llevaba 90 días en España cuando solicitó una interrupción voluntaria del embarazo. La mujer, de nacionalidad china y embarazada de cinco semanas, estaba en situación de explotación sexual. Tuvo que intervenir la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres para pedir al trabajador social del centro que hiciera un informe sobre su situación de vulnerabilidad.

En enero de 2018, cuando una mujer solicitó una IVE en el Centro de salud Puerta Bonita en Carabanchel, el personal del centro le denegó el DAR, un documento que acredita que tienen derecho a recibir los servicios de salud públicos, argumentando que el programa informático no permitía el trámite. Se trataba, de nuevo, de una mujer migrante en situación administrativa irregular y con indicios de ser una potencial víctima de trata de personas. Fue una doctora quien finalmente accedió a emitir el DAR, pero solo después de las explicaciones de una trabajadora del centro Concepción Arenal que acompañaba a la mujer de origen nigeriano.

Pocos meses después, en el centro de salud de Goya, una mujer de origen paraguayo, en situación administrativa irregular y embarazada de 9 semanas, sobreviviente de violencia de género en el ámbito de la pareja y en situación de explotación sexual, solicitaba una interrupción voluntaria del embarazo. ¿La respuesta? Como en el centro de Usera, la petición de empadronamiento de 90 días, que no tenía, aunque sí disponía de otros documentos que acreditan que lleva varios meses en el país: el centro de salud le deniega el DAR hasta que interviene Médicos del Mundo.

Son tres de los seis casos que la organización internacional Women’s Link Worldwide y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres han presentado ante el Defensor del Pueblo (con la colaboración del Centro de Atención Integral a Mujeres Concepción Arenal y Médicos del Mundo) para pedir que se investiguen lo que consideran obstáculos al acceso al aborto en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. Estos tres casos se produjeron antes de la aprobación de decreto de 2018 que, en teoría, restauraba la sanidad universal que limitó el decreto de 2012. Pero era solo en teoría.

Existen una serie de prácticas restrictivas que se han extendido entre los centros de salud de la Comunidad de Madrid, y que no aparecen específicamente en la ley

“Los casos que presentamos sucedieron en centros de salud de toda la Comunidad de Madrid, lo que demuestra que se trata de una situación generalizada”, explica a El Salto Estefanny Molina, abogada de Women’s Link. Este nuevo decreto, explica Molina, establece una serie de requisitos que las mujeres deben cumplir para que les puedan expedir un documento de asistencia sanitaria, pero es que, además, “aparte de los requisitos establecidos en el decreto, existen una serie de prácticas restrictivas que se han extendido entre los centros de salud de la Comunidad de Madrid, como la exigencia de justificar 90 días de empadronamiento”, cuenta a El Salto.

Además, estos obstáculos no desaparecieron con el decreto de 2018. Así, en agosto de 2018, cuando una mujer en situación administrativa irregular y con indicios de ser una potencial víctima de trata con fines de explotación sexual, con 9 semanas de embarazo solicitó una IVE presentando su pasaporte y empadronamiento, fue instada a mostrar un contrato de trabajo en España o un permiso de residencia en vigor. Finalmente, tras un largo proceso en el que intervino la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, el centro de salud expide el DAR. Tenía 11 semanas de embarazo, muy cerca del límite legal de 14 semanas.

Ese mismo mes, en el centro de Salud puerta del sur de Alcorcón, una mujer china, en situación irregular, embarazada de 5 semanas y con 2 meses de residencia en España, solicitó la interrupción voluntaria del embarazo. En el centro de salud se negaron a atenderla porque no hablaba español. Además, le indicaron que no podían emitir el DAR porque no podían comprobar que estaba embarazada. Finalmente, el documento fue expedido por otra persona del personal administrativo. Anteriormente, en uno de los centros de salud de Collado Villalba, también le habían negado la expedición del DAR.

Además, en octubre en el centro de salud Los Yébenes en Madrid, una mujer de origen búlgaro, en situación administrativa irregular, con indicios de ser una potencial víctima de trata con fines de explotación sexual, solicitó interrumpir su embarazo. Acudió al centro de salud acompañada por el personal del recurso de atención del ayuntamiento Concepción Arenal. El centro de salud le niega el DAR por no disponer de empadronamiento y deciden ir a otro centro de salud, esta vez al Centro de Salud Maqueda, 44, en Madrid, en el que también le negaron el DAR por no disponer de empadronamiento. Finalmente el personal administrativo del centro de salud accedió a otorgar a la mujer el DAR después de que la Comisión hablara con la directora.

“Este tipo de requisitos inesperados se convierten en más obstáculos y provocan un retraso injustificado en el acceso al aborto y una clara discriminación por género y por origen”, denuncia Molina, que recuerda que según la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (LO 2/2010) el acceso al aborto debe estar garantizado para todas las mujeres. Además de entrar en conflicto con este principio, “estos obstáculos tienen consecuencias muy graves en la salud física y psicológica de las mujeres, al obligarles a enfrentarse a la incertidumbre de no saber si van a tener que continuar con un embarazo no deseado”. 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Teresa, portavoz de la Asociación Malos Tratos y técnica de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, insiste en que lo más importante de la queja que ha llegado al Defensor es la petición de garantizar que el personal que pueda potencialmente tratar este tipo de casos tenga formación específica y con perspectiva de género.

Teresa conoce de primera mano la realidad de estas mujeres, y  cree que obra más el desconocimiento que la mala fe en las actuaciones que denuncian, al amparo de un limbo legal, porque la ley no es específica: “La ley no es específica en los requisitos, por eso algunas personas pueden entender que un requisito son los 90 días de empadronamiento cuando en la la ley no se especifica”. Y las consecuencias para las mujeres, advierte, “son muy grandes”.

“En estos seis casos, gracias a la intervención de diferentes organizaciones, las mujeres finalmente pudieron acceder a su derecho al aborto, pero no sabemos qué habrá pasado con otras mujeres a las que no se les haya informado correctamente o no hayan contado con apoyos”, explican desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos. “Un paso imprescindible para acabar con esta discriminación es asegurar que todas las personas que tienen contacto con las mujeres estén correctamente formadas en la legislación actual y entiendan que no puede obstaculizar el derecho al aborto de ninguna mujer, sea cuál sea su situación administrativa”, concluye.