Desahucios
Una villanovense con un hijo con discapacidad y víctima de violencia de género al borde del desahucio

La semana pasada salía a la luz pública el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, y arrojaba un dato demoledor sobre la situación del derecho a la vivienda en Extremadura: los desahucios por impagos de alquiler han aumentado un 25,8% en nuestra región en este primer trimestre del año, hasta situarse en 122. El dato en comparación con la media nacional es desorbitado, ya que a nivel estatal esta cifra aumentó un 5,2%. Comparándolos con los datos de desahucios hipotecarios en nuestra región, los de inquilinos representan un 66,3% del global de los casos.

Inés, I.M.P por sus iniciales, va camino de formar parte de esa cifra en los próximos días. Tiene 40 años, es madre divorciada y cuida ella sola a sus dos hijos, uno de ellos con un 33% de discapacidad. Con los 800€ que recibe de su trabajo como comercial, aunque en la nómina la empresa le ha puesto que cotiza 1.200€ por la jornada completa que desarrolla, tiene que sacar adelante a su familia, pagando un alquiler en el que se le va casi la mitad de sus ingresos, 350€ más gastos. “Acepté este trabajo porque me vi obligada. Era o no trabajar y no tener ingresos o trabajar firmando que cobraba 1.200€ cuando en realidad me pagan 800 por ocho horas al día”. Ahora mismo se encuentra en una situación límite: acaba de salir de una operación, por la que ha estado de baja un mes, y su empresa no le va a renovar el contrato de seis meses que tenía, está a la espera de que operen a su hijo de 16 años de la columna,  "ya le han operado 16 veces", y el próximo 27 de junio le ha notificado la justicia que va a ser desahuciada de su vivienda de alquiler en Villanueva de la Serena.

Al ser un alquiler con derecho a compra, tuvo que poner una fianza de 6.000€ al entrar en la vivienda, y su casera se ha negado a devolvérsela

Todo empezó el mes de octubre del año pasado cuando el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Villanueva de la Serena admitió la demanda interpuesta por su casera F.D.G. para desalojarla del inmueble, alegando impagos y atrasos: “Los problemas con la casera empezaron desde el primer día. Yo tenía del día uno al cinco de cada mes de plazo para pagar el alquiler. Entonces el primer mes ya, al segundo día, me llamó su abogada diciéndome que tenía que pagarle, y yo le contesté que tenía hasta el cinco de cada mes para hacerlo y que no debía molestarme porque era improcedente. Nunca más volvió a llamarme”. Los problemas continuaron cuando I.M.P se retrasaba algunos meses en el pago del alquiler: “Reconozco que me he atrasado en el pago en algunas ocasiones, hasta mediados para poder pagarle, pero es que voy siempre con el dinero muy justo. Con lo que ingreso, lo primero que hago es darle de comer a mis hijos, y luego, me hago por ejemplo las ferias de todos los pueblos de la zona todos los fines de semana para sacar dinero extra para poder juntar para el alquiler. Siempre le he pagado, aunque haya tardado unos días. Ella debería ser más comprensible con mi situación, ya que pretende dejar en la calle a dos menores también”. Así lo dice la sentencia, que en reiteradas ocasiones Inés pagó con retrasos, aunque queda constatado que siempre terminó pagando la cuota mensual.

En conclusión, va a ser desahuciada por el impago de varias facturas, que ella defiende haber pagado en mano a su casera hasta que el contrato de los suministros pasó a estar a su nombre, y la sentencia le obliga además a pagar “601,57€ más los intereses legales, así como las costas procesales causadas”. Además, al ser un alquiler con derecho a compra, tuvo que poner una fianza de 6.000€ al entrar en la vivienda. Ahora su casera se niega a devolvérsela: “Mi hermano me tuvo que dejar ese dinero y ahora mismo ella se niega a devolvérmelo”. 

LAS ADMINISTRACIONES AFIRMAN QUE NO HAY RECURSOS

Ante esta situación, Inés decidió acudir a los servicios sociales de su localidad para pedir auxilio, pero, según denuncia, “no recibió ningún tipo de respaldo. Me sentí impotente. Mucho manifestarse el ocho de marzo, pero luego no hacen nada por la mujer trabajadora”, en alusión a la reunión que mantuvo con la asistenta social y con la concejala de servicios sociales del equipo de gobierno socialista, que gobernaba en la anterior legislatura en Villanueva de la Serena. “La concejala me dijo que no podían hacer mucho por mi situación. Que como mucho me podían pagar desde el Ayuntamiento una parte de la mudanza, lo que pudieran, 100 o 200€, cuando una mudanza me puede salir por 600€ y ahora mismo me voy a quedar sin trabajo, encima. Además, me dijo que iba a comentárselo al alcalde, pero no tengo noticias de ello”.

La última respuesta de su asistenta social que ha recibido es que “me busque otra vivienda de alquiler”, incluso la concejala le ha dicho “que, si no encuentra nada en Villanueva, piense incluso abandonar la localidad

La última respuesta de su asistenta social que ha recibido es que “me busque otra vivienda de alquiler”, incluso la concejala le ha dicho “que, si no encuentra nada en Villanueva, piense incluso abandonar la localidad. Encima la asistenta me puso en entredicho que necesitara ayuda. Pretenden que una vaya en muy malas condiciones a hablar con ellas para demostrar que lo estoy pasando mal, pero me niego a eso. Tengo que mantener unas apariencias, aunque claro que tengo mis bajones y estoy pasando una situación muy difícil, pero me tengo que mantener fuerte por mis hijos. Te sientes impotente ante la situación. Te ponen en entredicho, como si encima no necesitaras ayuda. Le he llegado a decir que ir a servicios sociales supone una humillación para mí, y que si cobrara un sueldo de 2.500€ no estaría pidiéndole ayuda”.

Sin embargo, se ha encontrado con pocas o nulas soluciones por parte de la Administración local y regional: “La asistenta dice que ahora mismo no hay viviendas sociales de la Junta disponibles. Además, me ha dicho que puedo pedir las ayudas complementarias al alquiler de viviendas de la Junta, pero dice que todavía no se están pagando ni si quiera las concedidas el año pasado, por lo que seguramente tendría que pagar el alquiler durante dos o tres meses yo, y a lo mejor luego me concederían la ayuda. Ahora mismo no tengo dinero, tendría que pedir un préstamo al banco para poder pagar el próximo alquiler”.

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Inés fue víctima de violencia de género hace más de diez años y decidió dejar su vida en Madrid y venirse a Extremadura con sus padres para empezar una vida nueva: “Me tuve que venir hasta Extremadura porque mi ex quería matarme. Decía que era suya o de nadie. Incluso, vino a buscarme hasta mi pueblo cuando me vine, pero por aquel entonces tenía la pulsera y me salvó”.

En estos más de diez años, ha alternado varios trabajos y se ha ido a vivir a Villanueva de la Serena en busca de un futuro para ella y sus hijos. Sin embargo, denuncia haberse sentido muy sola y abandonada por parte de las instituciones desde un principio: “Cuando llegué a Extremadura, el alcalde del pueblo de mis padres me dijo que me iban a ayudar. No tuve noticias suyas nunca más. Como mujer que ha sufrido más veces maltrato, siempre me he sentido muy sola y desprotegida”.