Desahucios
Tres desahucios y un arresto domiciliario, o "lo que nos hacen por ser pobres"

Dara y Miguel son padres jóvenes de un hijo de cuatro años que en su corta vida ha vivido tres desahucios. En el pasado mes de mayo perdieron su última vivienda, un piso recuperado a Bankia en el barrio vallecano de Entrevías, y ahora residen en la casa de mamá de Dara. Están apretados, me cuenta, pero les permite descansar un momento.

Cuando le propongo a Dara volver a contar su historia desde el inicio, pide dos cosas. No quiere que aparezca su cara y le gustaría ver el texto antes de su publicación, porque la cobertura que los periódicos mayoritarios han dado al caso le ha sabido amarga. "Ya he vivido tanto, he luchado tanto, y ya me he venido abajo", dice después de cuatro años que acaban de culminar en un arresto domiciliario y un desahucio forzoso.

"Imagínate estar encerrada en tu casa con nada más que hacer que leer lo que escriben sobre ti, y que te llamen y comenten lo triste que es tu vida", explica. "Y en los comentarios lees que lo mejor sería que te quemes viva en tu casa, ese tipo de cosas".

En el momento del nacimiento de su hijo en 2013, Dara y Miguel vivían de alquiler en un piso particular por el que pagaban 530 euros al mes. Tenían que hacer cuadrar las cuentas de su vida con los 420 euros de la renta mínima, más los 150 de ayuda de la Comunidad de Madrid y lo que Miguel podía traer a casa. Todas las mañanas iba a primera hora al mercadillo del barrio para vender artesanía o buscar currillos de apaño. Llegaban a fin del mes a duras penas, con la ayuda de sus familiares. "Nunca comíamos en casa", cuenta Dara. "Todos los días íbamos a casa de mi madre o mi suegra a comer". Tras explicarle la situación, la casera bajó el alquiler a 400 euros. Pero la situación laboral de los dos no cambió, y al final tuvieron que dejar la vivienda.

Quien les alquiló el piso no era el propietario: el piso había sido ocupado y había sido vendido ya cuatro veces

La pareja encontró un alquiler de 200 euros preguntando en un locutorio. Pagaron 800 euros por entrar, lo que supuestamente equivalía al alquiler del primer mes más una fianza de tres meses. Lo que no sabían era que quien les alquiló el piso no era el propietario: el piso había sido ocupado y, como luego pudieron confirmar con los vecinos, había sido vendido ya cuatro veces antes por el mismo importe. Su propietario era Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell. Pero no les dio tiempo a ponerse en contacto para gestionar la situación, porque mientras Miguel estaba fuera la misma noche de la entrega de llaves, a Dara y a su bebé les echaron del piso.

La historia de este desahucio extrajudicial empezó cuando el presidente de la comunidad de vecinos, que además era un Guardia Civil, vio vida en el piso. No tardó en llamar a la policía municipal además de convocar a sus colegas. "Era de noche y los municipales que llegaron primero dijeron que no me podían echar así a estas horas", cuenta Dara en voz baja. "El guardia civil les dijo: 'si no la echáis la echo yo'".

Y para ello contó con un grupo de colegas de la Guardia Civil, que llegaron para echar a Dara, que acababa de ser estafada, sin otra orden que la llamada de su amigo. "Al verlos llegar me dijeron [los policías municipales] 'salta, coge el niño, mejor vete ya'", sigue narrando con la pena en la voz. "Me acuerdo de que salí a la calle de noche, llovía, estaba sola y no tenía nada. No tenía dónde ir. El niño tenía fiebre y llagas en la boca, y me habían echado del sitio que había alquilado ese mismo día", dice y suspira lentamente. "Fue el peor desahucio que he tenido".

Sin ver ninguna salida en el mercado de alquiler, y apuntados sin grandes expectativas a la lista de espera de EMVS e IVIMA, la pareja optó por recuperar ellos mismos un piso. Éste, propiedad de Bankia, fue vendido a una empresa de compraventa cuando llevaban nueve meses viviendo. La empresa les ofreció 2.500 euros por salir, pero "no tenían adonde ir". Así se lo explicó Dara, cuya idea fue la de intentar negociar un alquiler social ajustado a sus ingresos. La respuesta fue contundente: "Ésta es una empresa con sede en Estados Unidos, no estamos para negociar". En febrero de 2016, a ocho meses de la era Carmena, les desahució sin alternativa la policía municipal.

Volvieron a ocupar otro piso, también de Bankia. Se identificaron ante la policía, con las miras puestas en negociar un alquiler social. Pero en vez de abrirse a esa negociación, se les condenó a pagar una multa por usurpación. Cuando no pudieron ingresar en tres días los casi 600 euros de sanción, la jueza del juzgado penal 28 de Madrid Inmaculada Martín Llanos dictó la condena de 45 días de arresto domiciliario en la misma casa que acababan de ocupar.

Durante un mes y medio bajo arresto domiciliario, no pudieron sacar la basura, ni llevar a su hijo al cole

Esta práctica de condena en casa por el impago de la multa por usurpación se está haciendo cada vez más común. "Veo muy injusto lo que hicieron", dice Dara. "Por 600 euros encerraron a toda una familia". Describe cómo durante un mes y medio no pudieron sacar la basura, ni llevar a su hijo al cole. La madre de Dara tuvo que dejar de trabajar ese mes para estar con su nieto. Las tareas cotidianas se convirtieron en obstáculos gigantescos y la policía que les vigilaba no perdía la oportunidad para burlarse de ellos. Dara solo tiene una palabra para describirlo: "Humillante".

La condena al arresto domiciliario vino acompañada de una orden de abandono de la casa el último día de la condena. De este modo, además de humillante, la situación se tradujo en una desprotección mayor frente a su desahucio inminente: no pudieron salir a hacer trámites de justicia gratuita ni recurrir el lanzamiento.

Fue entonces cuando contactaron con la PAH para denunciar lo que estaban viviendo. Haber hecho visible en los medios lo que les estaba pasando despertó el interés del Defensor del Pueblo, pero el desahucio iba a llegar mucho más rápido que su posible intervención.

Una semana antes del día de su lanzamiento, Dara y Miguel, junto a otros compañeros afectados por Bankia, montaron una acción en una sucursal del banco cercana a su domicilio. "Salimos muy ilusionados porque la directora prometió que se iban a parar los cuatro desahucios de ese mes", cuenta Dara. No obstante, un día después Bankia negó haber mantenido esa conversación y procedió a ejecutar los desahucios remitiéndose al Ayuntamiento de Madrid como responsable de cualquier mediación.

Sin embargo, la oficina de intermediación del Ayuntamiento no interviene en los casos de ocupación, y la alcaldesa Carmena ya ha tenido ocasión de retratarse criminalizando a las familias que la practican por supervivencia. El trato que recibió la joven madre por parte de los Servicios Sociales municipales también podría haber sido más acogedor. "La asistenta social desapareció y no nos atendía", cuenta sobre el primer intento de desahucio de su último piso. "En el segundo intento ni apareció el Samur Social". Después de haber sido desahuciada por tercera vez en un año y medio, los Servicios Sociales ofrecieron a Dara tres meses de alquiler en un piso particular.

Aunque el pago de tres meses de alquiler ayuda a la familia hasta el otoño, llegó tarde y después de años de desatención. Pero, sobre todo, es un parche que no resuelve el problema de fondo. "Todas estas cosas te afectan mucho mentalmente porque como mucho son falsas ilusiones", concluye Dara. Le pregunto por qué cree que ha tenido que atravesar tantos padecimientos por algo tan básico como tener una casa. "Yo pienso que todo esto nos lo hacen porque somos pobres", dice mientras va haciendo la comida. "Me imagino que son gente con dinero, con casa, que nunca han tenido una situación así".

Este relato forma parte de la serie de historias que está viendo la luz gracias a la generosidad de los compañeros y compañeras que forman la PAH Vallekas. Busca contar desde lo personal las nuevas tendencias en el despliegue judicial, político y policial con las que Bankia quiere dar un salto cualitativo y cuantitativo en su gestión del conflicto con los afectados por las deudas de por vida y los desahucios. Asimismo, quiere poner sobre la mesa la insuficiencia de las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Madrid y su grave ignorancia a la hora de escuchar las demandas nacidas en la lucha por el derecho a la vivienda digna.