Economía
“Si una empresa vulnera derechos humanos en Guatemala no debería licitar en nuestras administraciones públicas”

“¿Y qué vamos a seguir haciendo? ¿Invitar a una persona afectada a dar una charla?”, se pregunta Júlia Martí, miembro del Observatorio de Multinacionales en América Latina (Omal), quien ha impulsado junto con la plataforma Euskal Herriak Kapitalari Planto! la creación de un centro vasco público para vigilar, investigar e impulsar mecanismos de sanción a empresas transnacionales que vulneran derechos humanos en terceros países. Señalan a CAF, Sener, Iberdrola, BBVA, Prosertek, Gestamp, Idom, CIE Automotive. En la mañana de ayer, Kapitalari Planto presentó el Centro Vasco de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Les acompañó Daniel Gómez-Olivé, representante del proyecto catalán en el que se inspiran: Lafede.cat, Organitzacions per a la Justícia Global. Gómez-Olivé espera que el Parlament catalán apruebe a lo largo de este curso político la ley que permitirá la puesta en marcha de un centro de estas características en Catalunya. Sería el primero del mundo.

¿Para qué sirve un proyecto como el que ambos proponéis para cada territorio?
Daniel: Para visibilizar la vulneración de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales y para que los Gobiernos de aquí se hagan responsables de ellas, ya que acompañan a las empresas en sus procesos de internacionalización mediante fondos públicos.
Júlia: También es una respuesta a una demanda extendida. Cada vez conocemos más casos de hombres y mujeres afectadas, como Berta Cáceres, gente que expone sus vidas para defender el territorio frente al poder corporativo. Pero no se plantean respuestas a la altura. Lo único que hacemos es invitarlas a charlas, procesos de sensibilización y, como mucho, conseguimos que una comisión parlamentaria las atienda. Personalmente, todo ello me genera impotencia. Necesitamos dar un paso más. 

¿Hay algo más imbatible que la arquitectura jurídica por la que se mueven y amparan las empresas transnacionales?
Daniel: En los últimos 50 años las empresas han conseguido blindarse a través de los tratados de libre comercio. Han construido un castillo jurídico para que sus inversiones no sean cuestionadas. Fíjate: después de 30 años de litigo contra Texaco en Ecuador, se ha conseguido demostrar que hubo contaminación y que había que restituir a las comunidades afectadas. Sin embargo, a través de un entramado jurídico, Texaco ha conseguido revertir ea sentencia para que sea el propio Gobierno el que indemnice a las comunidades. Los estados juegan a ese papel de proteger las inversiones internacionales. Es necesario revertir este sistema de blindaje.

¿Cómo se puede tener en cuenta aquí lo que ocurre allí?
Júlia: Permitiendo a las comunidades afectadas acceder a la justicia, por la vía de las Naciones Unidas, pero mientras el tratado vinculante va avanzando, y avanza muy lentamente, necesitamos activar otros procesos. Aunque a nivel jurídico sigan operando con impunidad, al menos debemos tratar de impedir que les salga tan barato y conseguir que se vean afectadas de algún modo. La internacionalización empresarial no se puede seguir considerando de interés público como si fuera buena de por sí sin tener en cuenta todos sus impactos laborales y ambientales. Y es clave que una institución pública como el Gobierno vasco no siga beneficiando toda esta arquitectura.

Daniel, en la rueda de prensa has explicado que estáis preparando un mecanismo para cercar a estas empresas a través de las licitaciones públicas, que en Catalunya representan más del 23% del PIB.
En las licitaciones, las empresas deben firmar una serie de declaraciones de responsabilidad. Estamos trabajando con la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona para que incluyan una sobre la no vulneración de derechos humanos para conseguir que las empresas que los vulneran caigan de los concursos públicos a los que se presentan.

Elaborando una lista de malas praxis a raíz de vuestros informes que cruzarías con las administraciones públicas.
Sí. Por ejemplo, la empresa Clece es parte del grupo empresarial ACS. Ofrece servicios de alimentación a muchos comedores escolares de centros públicos y limpieza de hospitales.

¿Cuál es la vulneración de ACS?
Dos proyectos hidroeléctricos que están desplazando a comunidades sin consulta previa en Guatemala, tal y como establece la legislación guatemalteca. Si esta empresa está vulnerando derechos humanos en Guatemala no debería tener las puertas abiertas para licitar en las administraciones catalanas.

¿El mecanismo es viable jurídicamente?
Entienden que sí podría serlo.

En Kapitalari Planto tenemos claro que necesitamos espacios públicos de control y que solo seremos pioneros si conseguimos generar mecanismos de vigilancia que rompan con la autorregulación y voluntariedad empresarial

¿Poner freno a las empresas transnacionales sería fomentar las empresas locales, que tendrían más nicho a la hora de licitaciones públicas?
Júlia: Un primer paso es la regulación, que haya control y que no salga tan gratis participar en proyectos con impactos sociales y ambientales. Luego está el cambio estructural: ¿tiene sentido seguir apostando por la internacionalización como un maná? El Gobierno vasco ha hecho suyo ese mantra, como la mayoría de gobiernos europeos. Pero nosotras ponemos en duda que todo ese dinero que se utiliza para internacionalizar a las empresas sea la mejor forma para tener una economía fuerte y con empleos dignos. 

¿Podrías poner un ejemplo vasco?
Gestamp está realizando ERE en sus plantas vascas, mientras se está invirtiendo dinero público en su internalización en Puebla (México) para suministrar a Volkswagen. No podemos culpar a la planta de Gestamp por todo el entramado automotriz de Puebla, pero sí podemos afirmar que se está beneficiando de todo un sistema que está contaminando el río, que está produciendo enfermedades, que está transformando la sociedad generando múltiples violencias y, en lo concreto, podemos exigir al Gobierno vasco que al financiar a esta empresa con fondos públicos que demuestre que Gestamp cumple con todas las medidas de seguridad, que no están contaminando el agua y que garantiza los procesos de negociación colectiva, de lo cual tenemos indicios de que no es así. 

Daniel, ¿cuántos años lleváis tratando de sacar adelante el centro catalán?
Siete años. Empezamos a estudiar el caso de Buenaventura, la empresa de contenedores del puerto de Barcelona cuya filial está en un puerto de Colombia.

Durante este curso político se debatirá en el Parlamento catalán que se apruebe la creación del centro. ¿Qué esperanzas tenéis de que se apruebe?
En Catalunya hay ocho partidos con representación parlamentaria y tenemos el apoyo de cinco, que representan el 85% de los diputados (115 de 135 escaños). Los 20 que no nos apoyan son de la derecha española. Esta es la segunda vez que presentaremos la propuesta de ley. La anterior se aprobó, pero la legislatura decayó y hemos tenido que volver a empezar. Paralelamente, hemos solicitado al Govern para el año que viene una partida presupuestaria de un millón de euros para la creación y financiación del centro.

¿Cómo habéis convencido a Junts per Catalunya?
La coyuntura política en Catalunya desde el Procés ha hecho que la propia derecha catalana, que nunca ha dejado de existir, esté en unos postulados más progresistas. Se miran mucho de reojo qué hacen unos y otros. Al conseguir el apoyo de ERC, Junts no podía quedarse desplazado. Junts es un partido a rebujo CIU, claramente situado a la derecha, como el PNV, pero a raíz del 1 de octubre de 2017 se refundó con la figura de Carles Puigdemont y se le sumó gente históricamente de izquierdas, como su secretario general, Jordi Sánchez, que llegó a militar en Izquierda Unida. Hace seis meses, hicimos un viaje oficial con parlamentarios para ver la situación en Colombia y la diputada más beligerante y defensora de la creación del centro fue la de Junts. Por eso tenemos bastante esperanza de que el centro acabe siendo una realidad. 

En Catalunya hay ocho partidos con representación parlamentaria y tenemos el apoyo de cinco, que representan el 85% de los diputados

Júlia, la situación en el País Vasco es completamente diferente, no sé si se le puede tocar la fibra a alguien del PNV o hay que apostarlo todo al PSE para completar los previsibles votos de la izquierda.
No vamos a cerrar puertas, pero antes tenemos que llevar a cabo un proceso de sensibilización social, planteando que hay una alternativa y una propuesta concreta: que a las empresas no les salga tan gratis vulnerar los derechos humanos. La retórica dl Gobierno vasco sobre la internacionalización empresarial es un relato trabajado sobre empresas vascas multilocalizadas, que no hace referencia a grandes empresas como Iberdrola y BBVA, por lo que es más difícil conocer los impactos de las de segundo nivel y sus subcontratas. Con los informes de internacionalización hemos intentado desmontar todo esto. 

De crearse el centro catalán y vasco, ¿serían pioneros?
Daniel: En el Estado sí. Internacionalmente, también. Se hizo un intento en los años 70 que acabó muy diluido y ha terminado siendo lo contrario. En las Islas Baleares, en la anterior legislatura, hubo una resolución favorable, pero no sé qué recorrido ha tenido y, en Suiza, un grupo de gente está trabajando en esta línea. Ganaron un referéndum en un cantón, pero no hubo suficiente participación en los demás para poder avanzar. Hubo mucho debate, y siguen peleándolo.

En la rueda de prensa se ha percibido mucha complicidad entre las diferentes organizaciones que componéis Kapitalari Planto!
Júlia: En Kapitalari Planto tenemos claro que necesitamos espacios públicos de control y que solo seremos pioneros si conseguimos generar mecanismos de vigilancia que rompan con la autorregulación y voluntariedad empresarial.