Editorial
Concursos amañados

Por estas tierras llevamos más de una década sufriendo recortes en sanidad y educación, pensiones congeladas y miles de desahucios. Al mismo tiempo, PNV y PSE han repartido doscientos millones de euros fraudulentamente, en contratos públicos por servicios de consultoría. Al menos, es lo que se deduce del expediente que hizo público la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 12 mayo. Diez largos años en los que ningún organismo de contratación o interventor detectó indicios de que algo se hacía mal. ¿Y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas? No sabe, no contesta. Y eso que casi dos docenas de empresas de consultoría consumaron una “práctica colusoria especialmente dañina al impactar adicionalmente en los fondos públicos".

Hordago ha investigado más allá de la resolución administrativa, y ha constatado tres hechos relevantes. Primero, que esta red de empresas recibía las condiciones de contratación antes de que fueran publicadas, para después amañar, fijar precios y repartirse los contratos con las instituciones. Segundo, que los cientos de correos recogidos en el informe demuestran que los gerentes de las administraciones públicas conocían y, con toda probabilidad, ampararon dichas prácticas. Tercero, que esta corruptela, a pesar de ser extensiva a España, tiene su centro neurálgico en Euskal Herria, y que son primeras espadas del Partido Nacionalista Vasco quienes han protagonizado este asalto a lo público. De los 200 contratos dolosos que ha detectado el organismo, 101 fueron licitados por administraciones vascas, y el Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao copa el 30% de las adjudicaciones fraudulentas. Los gestores de las consultoras sancionadas —en calidad de administradores— son personas relevantes en el ámbito jeltzale. Entre otros, Sabin Azua, hermano del Vicelehendakari en tiempos de José Antonio Ardanza.

Que todo está bien repartido, y que los estómagos agradecidos se cuenten por miles, ya lo vimos en el escándalo de los comedores escolares, o en las OPE amañadas de Osakidetza. En este caso, la enorme gravedad del tema es el objeto del fraude: la externalización de una función nuclear de lo público.

Los nuevos yupis con MBA de las mejores escuelas de negocios y carnet de partido, unos corruptos integrales, son los que diseñan el proceso de vaciamiento del Estado, cuya menguada y envejecida plantilla se remienda a golpe de licitación. Estos siniestros personajes, que acaparan recursos públicos mientras congelan todas las oposiciones menos las policiales, son la derivada provinciana del capitalismo de consultoría. Esta rama del neoliberalismo es la encargada de privatizar las apuestas a largo plazo de la sociedad, desde el diseño de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud, hasta el Plan de Viviendas Municipales de Bilbao. Fingen que compiten, pero son unos embusteros, y ahora van a llevárselo crudo con los Fondos Next Generation europeos.