Educación pública
La comunidad educativa protesta en Sevilla contra el recorte de plazas públicas escolares en Andalucía

La comunidad educativa ha exigido en un manifiesto “la retirada inmediata del plan de recorte de plazas y eliminación de clases en los colegios e institutos de los barrios y pueblos de Sevilla”. Este plan contempla una estimación de 529 clases menos en toda la comunidad andaluza y, en concreto, 45 clases menos de educación infantil en la provincia de Sevilla. El escrito, leído por varias niñas durante la concentración, recogía la petición de mantener “todos y cada uno de los puestos de trabajo actuales, para garantizar el derecho a una educación de calidad para todas y todos”. 

Desde la Consejería de Educación sostienen que la causa del cierre de estas plazas es el descenso de la natalidad en ciertas zonas de Andalucía. Además, afirman que el plan está aún en “fase inicial” pero que una vez recibidas las solicitudes finales se valorará y añadirán “las unidades que sean necesarias, como ocurre en cada curso escolar”.

Carmen Yuste, portavoz del sindicato Ustea, afirma que “esta es una manera de ver el problema, porque no hay mejor momento que el actual, en plena crisis sanitaria, para bajar la ratio que es una demanda histórica en la educación pública”. La ratio, el número de estudiantes por aula, se encuentra actualmente en los máximos establecidos por la ley, 25 estudiantes en primaria y 35 en secundaria.

“La bajada de la ratio conllevaría poder atender mejor a la diversidad, que es la gran abandonada de este sistema educativo“.

La portavoz del colectivo Escuela de Calor, Teresa Pablo, añade en esta línea que con esta bajada “se podrían poner en práctica metodologías mucho más innovadoras que solo son posibles en grupos pequeños” y que, sobre todo, “de esta manera se podría atender mucho más a la diversidad que es la gran abandonada de este sistema educativo”.

Un plan que favorece la educación concertada 

Los colectivos critican que los conciertos educativos publicados este lunes contemplan una desigualdad clara entre la educación pública y la concertada. Comenta Carmen Yuste que “según los datos que tenemos se produce una reducción de solo dos clases en la educación concertada frente a las 45 clases del modelo público”. Una diferencia que se ve regulada consecuencia de los contratos que la Junta de Andalucía establece con los centros concertados. Desde Escuela de Calor, Teresa Pablo pide una revisión de estos acuerdos “los conciertos que tiene la Junta de Andalucía también deberían revisarse para que esta bajada de la natalidad afecte a ambos modelos educativos por igual y no que se cebe solo en la pública” y termina “de esta manera estamos recortando la posibilidad de elección a aquellas familias que quieran acceder a una educación pública”.

Uno de los colegios afectados es el CEIP Joaquín Turina, en Sevilla capital, donde se tiene previsto la eliminación de una clase de educación infantil. El presidente del AMPA, Alberto Soria, comenta que el centro se sitúa en una zona donde el ratio de centros públicos y concertados se sitúa en un 40-60%. Sin embargo, aunque la baja natalidad es algo que afecta a toda la zona, el centro afectado es el público y no el colegio concertado Sagrado Corazón, que, según los datos de la mesa de escolarizaciones tiene menos demanda. “Parece que el descenso de natalidad solo afecta a la escuela pública”, termina Soria.

Daniel Fernández, perteneciente a la CGT, explica firme que “se está produciendo un desmantelamiento claro de la educación pública” y continúa indicando que “es algo visible, solo con ver que en muchos barrios de Triana, en Los Remedios o en el centro el porcentaje de colegios privados y concertados frente a los públicos no hace más que aumentar”.

Esta desigualdad se ve acentuada con una propuesta de reducción fiscal que recientemente han impulsado desde el gobierno PP, Ciudadanos y Vox. Con ella pretenden reducir 150 euros de impuestos a aquellos padres que matriculen a sus hijos en un centro concertado o privado que tenga la opción de dar idiomas o informática, siempre que la base imponible de la familia no supere los 100.000 euros en la tributación.

“Este tipo de desigualdades es algo que afecta a toda la comunidad educativa”, explica Yuste, “desde los niños y niñas hasta los docentes y sus puestos de trabajo”. Por este motivo también estaban presentes en la concentración colectivos estudiantiles universitarios como el Movimiento de Acción Estudiantil. “Estos recortes se producen en todos los niveles educativos y llegan hasta la universidad, con la pandemia se han aumentado y no debemos permitirlo. Estamos aquí porque no podemos dejar que ningún recorte de derechos se vea sin respuesta, es algo donde todos y todas debemos actuar”.