Seguridad Social
La abogacía desprotegida

A menudo se concibe a los abogados como profesionales liberales. Esta es la imagen que proyectan los cada vez más obsoletos Colegios Profesionales que se arrogan –casi en exclusiva- la representación social de la abogacía. Ahora bien, esta abogacía institucional encara una profunda crisis. Está cada vez más alejada de las personas a las que representa, de espaldas a la sociedad y muy lejos de cumplir con la función social que debería guiarla.

La invasión publicitaria, la opacidad sobre las tablas de honorarios, las pretensiones sobre rebajas de impuestos, la obsesión por la distinción estética o el uso de las instituciones colegiales como trampolines de proyección personal dotan a la profesión de un aura marcada por el privilegio y el distanciamiento social. Cuando se concibe a los abogados como una casta, asistimos exactamente a lo contrario de lo razonable. Y como colofón también padecemos el alejamiento de las necesidades y debates sociales actuales. Para muestra basta ver las recientes y significativas votaciones en contra de que la denominación de “Abogados” se cambie por “Abogacía”. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Además de esto, la progresiva entrada de las grandes corporaciones multinacionales –bajo el formato de “los superdespachos”- está reduciendo a la abogacía en un mero segmento de mercado por el que competir a la vez que clava a la profesión un penetrante rejón de castigo.

De otro lado, la insatisfacción ciudadana respecto a la Administración de Justicia es creciente. Y el mal funcionamiento del sistema afecta de manera directa y determinante en el presente y futuro de la abogacía. Sobre esto se alzan muy pocas voces. A nadie se le escapa que no es viable mantener una actividad con los retrasos que presenta a día de hoy el sistema administrativo y judicial, repletos de carencias y con un porvenir en el que no se vislumbran factores que apunten a la mejoría. Asistimos a otra fase en la degradación del servicio público. A ninguna opción política le interesa especialmente que la Administración de Justicia funcione dignamente. Existe en esta materia un consenso total e inquebrantable del conjunto de la clase política sin necesidad siquiera de abordar este debate en ningún foro parlamentario.

Y lo que sobrevuela a todo esto es el ánimo de lucro como premisa inicial y determinante del ejercicio de la profesión. En no pocos casos, es incluso la única fuente de motivación: la abogacía como negocio. Nos alejamos del símbolo de la balanza y vislumbramos más cerca el del dólar o el euro. Eso sí, cuestión muy diferente es la realización efectiva de tales deseos para la mayoría de los profesionales. Hoy día la abogacía-negocio es la idea-fuerza en la que pivota actualmente la profesión y muy especialmente su máxima representación institucional. Así nos va.

A esta situación, debemos añadir el conflicto surgido por el alejamiento del sistema público de la Seguridad Social, máxima expresión de la solidaridad universal. Es precisamente ahora, cuando muchos de los profesionales observan el futuro que les espera, marcado por una protección social absolutamente insuficiente. Y es que no es casual que sea una entidad privada aseguradora quien se haya encargado -casi en exclusiva- de la previsión social de la abogacía. La gestión privada se revela ahora como ineficiente e injusta y ha motivado un movimiento crítico y beligerante de los profesionales –especialmente de aquellos con edades más avanzadas-. Nadie en su sano juicio reconoce hoy como de mayor calidad o eficiencia este sistema de protección social, que da cobertura a la inmensa mayoría de los abogados.

Importes de “capitalización” acumulados escasos, pensiones reducidas, imposibilidad efectiva de incorporarse al sistema público o publicidad engañosa son varios de los argumentos recurrentes de quienes se han terminado por dar cuenta de que el modelo de protección social inspirado en el Pinochet de los 80 (el modelo de capitalización) es muy perjudicial para la mayoría social. Y de esto no se libran en la abogacía ni siquiera sus sectores más convencionales y conservadores.

La entrada masiva del colectivo de personas que ejerce la abogacía en la Seguridad Social conllevaría no solo un avance en la satisfacción de sus propias necesidades sociales, sino que también influiría positivamente en la imagen social de la profesión. Seguir separando a los abogados de la Seguridad Social es como seguir separándolos de la libertad sindical. ¿Hasta cuándo?

Los profesionales de la abogacía merecen ser vistos como lo que son: trabajadores independientes y en no pocos casos, trabajadores precarios. Cierto es que esta visión choca frontalmente con la que se construye en no pocas series y películas de cine o televisión. Sin embargo, no se pone el foco en la expresión mayoritaria y cotidiana de los profesionales. Quizá es la hora de fundir en negro a los abogados-estrella e iluminar mejor esa función social que realizamos la mayoría de quienes nos dedicamos profesionalmente a defender a las personas y sus derechos.