Eléctricas
Iberdrola y Endesa, principales beneficiarias del mantenimiento de la presa de Valdecaballeros

Las eléctricas maniobran para ahorrarse los 10 millones del derribo de la presa, favorecidas por la decisión de la Junta de Extremadura de oponerse a la demolición.
Oficina Iberdrola
Oficina de Iberdrola. David F. Sabadell

Tras la campaña desatada en contra del derribo legalmente previsto de la presa de Valdecaballeros, empiezan a dejarse ver los intereses económicos que, en la misma, tendrían tanto Iberdrola como Endesa, concesionarios de la misma y responsables de su demolición.

Así, se ha conocido que ambas empresas han recurrido la orden del Gobierno central  de derruir el embalse, construido hace décadas y que jamás se empleó para el uso con el que fue expresamente concebido: refrigerar los dos reactores de la central nuclear de Valdecaballeros, paralizada en su día y que ha terminado convirtiéndose en un complejo de ruinas y edificios abandonados.

Medio ambiente
¿Qué pasa con la presa de Valdecaballeros?
Bulos, mentiras y mucho ruido. Algunas aclaraciones pertinentes en torno a una de las polémicas más absurdas y desinformadas en relación al tema del agua.

Las compañías dieron trámite hace semanas a dos recursos de alzada ante la Secretaría de estado de Medio Ambiente en contra de la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de acometer las obras para poner fin al pantano. Ambos recursos, según información confirmada por las dos energéticas al Periódico de España, tienen idéntica redacción y fueron presentadas de forma simultánea. De un modo prácticamente coincidente en el tiempo, comenzó la campaña en redes sociales para evitar el derribo, escudándose principalmente en las necesidades de abastecimiento de agua para Castilblanco y Valdecaballeros, que tienen localizada su toma de agua ―ilegal― en dicha presa. Frente a esa irregularidad ya se había acordado otra captación a idéntica distancia de la actual depuradora y en el embalse de García Sola, del que Valdecaballeros es un mero brazo sin separación alguna. En cualquier caso, y de acuerdo con las prioridades establecidas por la Ley de Aguas, nunca se hubiera podido proceder al derribo en tanto no estuviera completamente ejecutada y resuelta esta opción de abastecimiento, ya señalada y en perfecto conocimiento de todos los afectados.

Legalmente, tanto Endesa como Iberdrola habrían de asumir los costes de la obra de derribo, estimados en 10 millones de euros, y de acuerdo con la orden ministerial debían presentar ante el Gobierno, en el plazo de seis meses, su proyecto de demolición

Legalmente, tanto Endesa como Iberdrola habrían de asumir los costes de la obra de derribo, estimados en 10 millones de euros, y de acuerdo con la orden ministerial debían presentar ante el Gobierno, en el plazo de seis meses, su proyecto de demolición. Ambas multinacionales ya renunciaron a la concesión del uso privativo del agua en el año 2021 y, por tanto, no quedaba otra opción que esperar una decisión gubernamental que resolviera la situación, llegando esta con la resolución de la Dirección General del Agua instando a la demolición.

Los argumentos de los recursos se basan en la afirmación de que, desde el año 1994,  sería el Gobierno central, de hecho, el propietario de la infraestructura, argumentando que por su parte solo ha existido una labor de custodia de la misma. Sería entonces Enresa (cuya función es “recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en cualquier punto del Estado español”), con dinero público, quien se hiciera cargo de la ejecución de las obras y los gastos consiguientes.

Medio ambiente
Presa de Valdecaballeros Valdecaballeros, Vara y su punto
Un recorrido con ilustraciones y muchas preguntas al presidente para intentar entender, y explicar, qué pasa con la presa de Valdecaballeros tras su firme anuncio de que esta no se va a derribar.

La Junta de Extremadura, desde otra línea argumental (por ahora no del todo explicada y desmentida con los hechos) relativa a la falta de información al respecto (cuando sí fue consultada hasta en dos ocasiones) también se opone al derribo. La implicación del propio presidente, Guillermo Fernández Vara, ha sido total en este sentido, solicitando enérgicamente a la vicepresidenta Teresa Ribera la paralización de todo el proceso. La respuesta de esta ha sido receptiva, señalando que ya se está en contacto con el Gobierno extremeño para estudiar su propuesta que, por ahora, y a nivel público, no pasa de la negativa al cumplimiento de la normativa.

Las únicas certezas, en el momento presente, son que formalmente todo sigue su curso, que el debate se ha introducido en la campaña preelectoral de un modo que, desde diferentes fuentes señalan que reforzaría “la imagen de autoridad del presidente extremeño” y que las eléctricas apuestan firmemente por endosar a la ciudadanía un mínimo de 10 millones de euros, siendo los principales beneficiarios, en lo material, de la decisión de la Junta de Extremadura. Mientras tanto, y como decorado de fondo que, en parte, explica el ruido en torno al tema de agua, un contexto de feroz sequía y, en las redes sociales, la ultraderecha agitando una campaña de bulos en torno al supuesto derribo sistemático de presas.

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