Energía
Podemos deja en manos del PP la aprobación del ‘decreto antiapagones’ del Gobierno

El pasado 24 de junio, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2025, de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, más conocido como ‘decreto antiapagones’. Con esta actuación, el Gobierno pretende dotar de resiliencia y flexibilidad al sistema energético, además de avanzar en su electrificación y supervisión. Sin embargo, las medidas tomadas por el Ejecutivo penden de un hilo tras el anuncio de Podemos de que votará en contra de la convalidación de la norma en el pleno del Congreso de este martes. El Real Decreto-ley queda así moribundo; solo el voto a favor o abstención del PP podría conseguir que la iniciativa supere el trámite parlamentario.

Podemos votará en contra del real decreto porque “tal y como se ha planteado” será incapaz de prevenir nuevos apagones, ha afirmado la mañana de este lunes Pablo Fernández, portavoz de la formación morada. Su argumentación es la siguiente: el informe del Gobierno sobre las causas del apagón señala a las empresas como culpables del evento y el articulado del decreto no “toca un pelo del oligopolio eléctrico”, por lo que la norma sería impotente a la hora de prevenir nuevos fundidos a negro “si se vuelven a dar comportamientos similares por parte de las empresas energéticas”. La promoción del texto como decreto “antiapagones” solo sería un intento del Ejecutivo de “buscar el titular” y “engañar a la gente”, según Fernández, que además ha acusado al Gobierno de “escuchar y atender lo que las grandes energéticas susurran al oído al Ministerio” y “no defender el interés general”.

Podemos considera que la norma no “toca un pelo del oligopolio eléctrico” y por ello será incapaz de prevenir apagones, aunque obvia que las oligopolistas son solo culpables parciales

Lo cierto es que el informe del Ejecutivo sobre las causas que concurrieron en el apagón culpa a las empresas de no cumplir con su parte, pero también señala a Red Eléctrica de España (REE, el operador del sistema). Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, ha evitado en todo momento hacer contrafactuales y ha defendido que es imposible reducir el cero eléctrico a una única causa. Según el informe del comité ministerial, este evento histórico habría ocurrido por la concatenación de la falta de previsión del operador del sistema, el incumplimiento de las centrales que debían suministrar energía de respaldo —todas estas pertenecientes al oligopolio energético— y por la desconexión en cadena indebida por una serie de plantas de generación grandes y pequeñas pertenecientes a un número mayor de compañías. Se debe señalar al oligopolio de Endesa, Iberdrola y Naturgy como corresponsable del apagón, pero no se puede ignorar que las causas fueron más allá.

Podemos también ha criticado que el Real Decreto-ley “no fija obligaciones a las empresas del oligopolio para que implementen sistemas de compensación que eviten caídas de tensión” y tampoco “establece multas para sancionar comportamientos temerarios o codiciosos”.

El anuncio de la formación morada ya ha provocado reacciones. Héctor de Lama, director técnico de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ha señalado varios artículos del real decreto para concluir que Podemos se equivoca al decir que no hay penalizaciones al oligopolio. Desde el think tank climático y social Meridiano afirman que la no convalidación del decreto equivale a “poner palos en las ruedas de la descarbonización” y supone “una victoria para la derecha española y mundial, la industria fósil y el negacionismo”. La Alianza por el Autoconsumo, organización que engloba a 60 entidades de la sociedad civil, precisamente celebró la aprobación del real decreto como la “gran palanca” del desarrollo del autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas, lo que supone un tanto a favor de la descentralización del sistema y en contra del oligopolio.

El decreto busca un sistema energético más robusto, verde y supervisado

Solo una semana después de presentar su informe sobre las causas del apagón, el Gobierno aprobó el RDL 7/2025, llamado propagandísticamente ‘decreto antiapagones’. El objetivo de la norma, según informó la ministra Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 24 de junio, es incrementar la resiliencia del sistema en un contexto geopolítico “complicado” para que sea más “robusto, innovador y sostenible” y ofrezca facturas “más estables” a ciudadanía y empresas.

El decreto es una norma técnica estructurada en tres bloques que se centran en la resiliencia del sistema, su flexibilidad y electrificación, respectivamente. La primera parte busca reforzar la supervisión y fortalecer las capacidades de control y de amortiguamiento de las oscilaciones de tensión. Aagesen ha señalado que en el origen del apagón concurrieron la falta de programación de energía para controlar la tensión y el hecho de que las empresas no cumplieron con su deber de estabilizar el sistema, por lo que la norma encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, el supervisor del sistema) nuevas tareas de seguimiento e inspección. Entre otros, el regulador deberá elaborar un informe trimestral sobre el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de las compañías.

El Real Decreto-ley 7/2025 aumenta la supervisión de la CNMC y potencia las renovables y el autoconsumo de electricidad

Aumentar el almacenamiento y la flexibilidad del sistema es el objetivo del segundo bloque. Para ello, el decreto potencia las renovables y penaliza a las centrales térmicas, según delinea Héctor de Lama: las energías verdes también podrán controlar tensión, algo que antes de la norma estaba reservado para las centrales térmicas; y la sanción por incumplir las condiciones de generación y absorción de energía reactiva se amplía a todos los tipos de suministro de electricidad —previamente, al incumplir estas obligaciones, se penalizaba a las renovables, la cogeneración y los residuos, pero no al gas ni a la nuclear, explica el especialista—.

El tercer apartado del decreto aspira a avanzar en la electrificación del sistema. Esta parte de la norma quiere facilitar la integración de la demanda industrial, el transporte y la generación renovable, además de realizar una planificación eléctrica cada tres años, con posibles modificaciones puntuales cada dos.

Podemos afirma que el decreto “no toca los intereses de las grandes eléctricas”

El pasado sábado 21, ante los micrófonos de Televisión Española, Podemos expresó dudas sobre el ‘decreto antiapagones’ en boca de su portavoz Pablo Fernández y dejó en el aire su apoyo. La mañana de este lunes, en rueda de prensa, el número tres de los morados ha dejado claro que votarían en contra en el ‘pleno escoba’ de este martes.

Podemos: “Ni impone a las grandes energéticas nuevas inversiones, ni establece más controles, ni contempla multas para las empresas que incumplan”

Fuentes de Podemos detallan a El Salto los motivos del voto en contra que previsiblemente condenará al paquete de medidas: “Ni impone a las grandes energéticas la necesidad de acometer nuevas inversiones, ni establece más controles sobre la adecuada disponibilidad de las tecnologías de respaldo, ni contempla multas para las eléctricas que incumplan”. Con todo, no creen que el texto “sirva para prevenir futuros apagones ni para afectar a los intereses de las grandes energéticas”.

El fomento de las renovables y el autoconsumo ayudan a descentralizar el sistema

Héctor de Lama, el director técnico de UDEF, no está de acuerdo con estas afirmaciones. El decreto 7/2025 hace más estricta la supervisión de la CNMC y extiende a las térmicas las penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones de control de tensión. Además, señala el experto, permitir que las renovables puedan ejercer labores de restricciones técnicas mediante la instalación de baterías supone comerle un trozo del pastel a las empresas oligopolistas, que controlan gran parte de las plantas gasísticas y todas las centrales nucleares.

Permitir a las renovables ejercer labores de restricción técnica supone comerle un trozo del pastel a las oligopolistas y fomentar el consumo apuntala la descentralización

Aunque no propone medidas ampliamente reclamadas por la izquierda en la calle como la expropiación de empresas energéticas o la creación de una compañía eléctrica pública, el fomento del autoconsumo que se propone este Real Decreto-ley técnico sí puede impulsar la descentralización del sistema eléctrico. La figura del gestor de autoconsumo o el aumento de la distancia máxima a hasta cinco kilómetros entre generación y autoconsumo son demandas históricas de las comunidades energéticas que, en opinión de think tanks como la Fundación Renovables, son “esenciales y urgentes” para avanzar en la transición energética y dar robustez al sistema eléctrico.