Especulación urbanística
Malasaña consigue aplazar un desahucio de 250 personas

Una y otra vez, la realidad contradice los anuncios oficiales. Los desahucios no se han suspendido con la pandemia. Y son las asociaciones vecinales y los movimientos de vivienda los que consiguen frenarlos. O al menos aplazarlos. Es el caso de las 250 personas que viven en el número 32 de la calle Luna, en el barrio de Malasaña, en Madrid.

En este edificio de titularidad municipal desde 2011, conocido como el palacio de la Infanta Carlota, viven sin contrato legal de alquiler 32 familias, 210 adultos con 40 menores a su cargo. El 21 de noviembre de 2019 recibieron una orden de desalojo. Tenían diez días para abandonar el bloque. El Ayuntamiento alegó en su momento razones de seguridad para dejar en la calle a estas familias, la mayoría de bajos recursos. La orden fue tumbada en los juzgados. Habían ganado la primera batalla. Pero el consistorio de José Luis Martínez Almeida, en medio de su cruzada contra “los okupas” no tardó en contraatacar. 

Julia lleva 70 años viviendo en el edificio. El Ayuntamiento le ofreció un piso con una habitación para ella y cuatro personas de su familia. Ahora le dicen que deje la casa que habitó toda su vida para entrar en una residencia

Un año después, el Ayuntamiento del PP vuelve a la carga, ahora con la excusa de la defensa del Patrimonio Nacional. Los habitantes del bloque tenían que abandonar sus casas este 24 de noviembre a las 9:30h. Pero la solidaridad vecinal y de las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda se dejó sentir: decenas de vecinos y activistas convocados por la asociaciones SOS Malasaña y ACIBU, acudieron a la cita para detener el lanzamiento. Y lo han conseguido, al menos por ahora. 

La policía identificó a tres de ellos y constató puerta por puerta, que ningún vecino había obedecido una orden de desalojo que los dejaba en la calle o en situaciones inasumibles, dice Jordi Gordón, portavoz de SOS Malasaña. El Ayuntamiento ofrecía alojamientos de uno o tres meses, muchas veces en viviendas compartidas, cuenta a El Salto. 

Julia lleva 70 años viviendo en el edificio. Tenía un contrato perfectamente legal y pagaba en efectivo todos los meses el alquiler al dueño del palacio, un empresario iraní. Cuando en 2011 el Ayuntamiento expropió el edificio, fue el propio consistorio quien recomendó que no siguieran pagando el alquiler, explica Gordon. La situación de las decenas de familias que vivían en el bloque fue pasando de legislatura en legislatura, sin que ningún Gobierno municipal encontrara una solución. A Julia le ofrecieron un piso con una habitación para ella y cuatro personas de su familia. Ahora le dicen que deje la casa que habitó toda su vida para entrar en una residencia.

“Aquí nadie ha pegado una patada en la puerta, llamarles “okupas” es una manera de criminalizar a la gente”, dicen desde SOS Malasaña a El Salto

Tras comprobar que Julia y sus vecinos no estaban dispuestos a abandonar sus casas, las autoridades comunicaron que abrirían un procedimiento judicial, por lo que “la cosa va para largo”, dice el portavoz de SOS Malasaña. “Ahora la batalla consiste en conseguir un plan de realojo con alquileres sociales para toda la gente que vive aquí, algo a lo que que el Ayuntamiento se ha negado hasta ahora. Y también conseguir que este edificio siga siendo dotacional y cuando se vaya la gente sea realmente para el barrio y no para vender al mejor postor, como ya nos ha pasado”. 

Los 250 habitantes de la calle Luna, 32 resisten en la que para muchos fue su casa durante décadas, antes de que el Ayuntamiento se hiciera con la titularidad. “Aquí nadie ha pegado una patada en la puerta, llamarles “okupas” es una manera de criminalizar a la gente”, dice Gordon a El Salto.