Especulación urbanística
El TS no admite el recurso de la Junta de Extremadura que pretendía impedir la demolición de Valdecañas

En plena recta final de la campaña electoral, vuelve a irrumpir en el debate político la urbanización ilegal Marina Isla de Valdecañas. La consecuencia directa e inmediata de la inadmisión de los recursos de casación presentados por el Gobierno extremeño ante el Tribunal Supremo debería ser, de acuerdo con distintas organizaciones ambientalistas, el comienzo de las obras de desmantelamiento del complejo urbanístico.

Hace más de quince años Ecologistas en Acción inició un proceso administrativo y judicial en contra de Marina Isla de Valdecañas, ubicada en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.

El Tribunal Supremo ordena demoler Marina Isla Valdecañas por completo

Manuel Nogueras

Especulación urbanística

Especulación urbanística El Tribunal Supremo ordena demoler Marina Isla Valdecañas por completo

Manuel Nogueras

Un auto del Tribunal Supremo da la razón al recurso de Ecologistas en Acción y corrige al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que había ordenado únicamente el derribo de lo construido sin concluir.

En este largo proceso, la Junta de Extremadura acumula un enorme catálogo de sentencias en contra, a las que ahora se suma una más. El Tribunal Supremo acaba de dictaminar que no admite los recursos de casación de la Junta extremeña ni tampoco de las dos promotoras, Marina Isla Valdecañas, S.A. y Golf Valdecañas, S.L., que pretendían evitar la demolición del complejo.

La providencia del Tribunal Supremo, contra la que no cabe recurso, es contundente: “las alegaciones de los recurrentes insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias [esto es, de demoler el complejo], cuando nuestra sentencia de 9 de febrero de 2022 (…) expresamente declara que ‘no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de intereses de carácter socioeconómico o de otra índole’”.

Según Ecologistas en Acción de Extremadura, ahora el paso lógico sería que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) instara a la demolición inmediata de la urbanización ilegal, y así lo va a exigir la organización ecologista

Según Ecologistas en Acción de Extremadura, ahora el paso lógico sería que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) instara a la demolición inmediata de la urbanización ilegal, y así lo va a exigir la organización ecologista. Los trabajos en la parte no concluida de la urbanización deberían empezar de forma inmediata, mientras que en la parte ya completamente urbanizada el Tribunal Supremo dictaminó también su demolición, aunque el Constitucional admitió a trámite un recurso que aún está pendiente de resolver.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha subrayado que “todo este largo proceso judicial y todos los gastos que van a acarrear se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012, cuando dictó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas. Sin embargo, en lugar de proceder de ese modo, condicionó la paralización a que las organizaciones ecologistas demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción en aquel momento) depositaran una fianza de 41 millones de euros, algo completamente fuera de su alcance”.

Asimismo, la organización ecologista también exige a la Junta de Extremadura que pida disculpas por “su nefasta y cuasi-prevaricadora gestión de este asunto, que recientemente ha llegado a promover una ley para sortear el cumplimiento de estas sentencias”. También reclama que se atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas.

Reacciones

Las reacciones no se han hecho esperar. Paca Blanco, de Ecologistas en Acción e histórica militante en contra de la urbanización, consultada por este medio se pregunta tras conocer la resolución del Tribunal Supremo “¿por qué tiene que pagar el pueblo que él haya firmado que en caso de demolición se le van a dar unas indemnizaciones a los propietarios de la urbanización?, ¿con qué pueblo ha contado él para firmar esas cosas?, ¿quién le asesora? Lo único que ha hecho ha sido entrampar al pueblo extremeño y me parece que ese señor tenía que pagarlo de su patrimonio o en la cárcel como todo el mundo”. 

Blanco afirma también que “en Marina Isla Valdecañas hay más de una asociación de vecinos. Alguna está luchando por quedarse pero hay otra a la que no le importaría en absoluto recoger la indemnización que firmó el señor Vara y marcharse a poner el chalecito a otro lado porque, ahora mismo, Marina Isla de Valdecañas ya no resulta tan agradable, tiene muchas sentencias sobre su cabeza y, con la sequía, el pantano huele, los barquitos están encallados, no es un sitio ya muy agradable ni vale lo que lo que les ha costado la villa”. Concluye señalando, a propósito de la actividad legislativa de la Junta de Extremadura para legalizar el complejo turístico que “la última barbaridad que ha hecho Fernández Vara, que es desproteger 150 espacios protegidos de Extremadura para conseguir que la urbanización sea legal, ha permitido construir en un espacio protegido y todas las leyes que ha intentado modificar —como la Ley del Suelo— las está aplicando con carácter retroactivo. Marina isla Valdecañas está construida en un espacio protegido y desproteger los espacios para legalizar Isla de Valdecañas —para no tener que pagar, no tener que demoler— es una barbaridad como todo lo que hace, y como todo lo que hace es ilegal igual no debería de ser el presidente de los extremeños y debía de pagar con su patrimonio...”.

“Estamos ante otro varapalo judicial más para la Junta de Extremadura y para el señor Vara. No sabemos cuántas sentencias jurídicas de Tribunales quiere coleccionar este gobierno para hacer efectivo lo que le están diciendo todas las instancias jurídicas”

En parecido sentido se ha pronunciado Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta, que ha manifestado a El Salto Extremadura que “estamos ante otro varapalo judicial más para la Junta de Extremadura y para el señor Vara. No sabemos cuántas sentencias jurídicas de Tribunales quiere coleccionar este gobierno para hacer efectivo lo que le están diciendo todas las instancias jurídicas, y es que Valdecañas es una urbanización ilegal, que se construyó en suelo protegido y que se hizo todo de espaldas a la legalidad. ¿Cuánto dinero público nos está costando a los extremeños y a las extremeñas el empecinamiento del señor Vara por hacer pasar por legal algo que es manifiestamente ilegal, que lo dicen todos los tribunales y que lo sabe toda la ciudadanía extremeña? Valdecañas es el paradigma del pelotazo urbanístico, nunca debió de construirse, nunca debió de ver la luz y, ahora, no puede recaer sobre las arcas públicas extremeñas la responsabilidad, esta debe de recaer sobre los políticos que pusieron en marcha hasta tal despropósito”.

Fernández Vara se obstina en su apoyo a Marina Isla de Valdecañas

Redacción El Salto Extremadura

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Fernández Vara se obstina en su apoyo a Marina Isla de Valdecañas

Redacción El Salto Extremadura

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Guillermo Fernández Vara reitera su apoyo a Isla de Valdecañas y propone recortes y modificaciones en la normativa de protección medioambiental para posibilitar el proyecto.

Resumen de los principales hitos judiciales en relación a Marina Isla de Valdecañas

— Marzo de 2011: el TSJEx anula el Decreto que permitía el PIR de Marina Isla de Valdecañas, destacando “la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y, lo que es más decisivo a los efectos de la naturaleza del Proyecto aprobado”, por lo que la isla no era urbanizable. Sin embargo, a causa de la desproporcionada fianza de 41 millones de euros, las organizaciones denunciantes (Ecologistas en Acción y Adenex) no pudieron paralizar cautelarmente las obras de urbanización.

— Enero de 2014: el Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJEx.

— Enero de 2019: el rotundo informe de la Estación Biológica de Doñana determina que la mejor opción ambiental es el desmantelamiento de lo construido, y destacan la ínfima calidad de la evaluación ambiental realizada.

— Noviembre de 2019: el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el cambio de la Ley de Suelo extremeña, que intentaba legalizar la urbanización a posteriori. La Red Natura 2000 no es urbanizable.

— Junio de 2020: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dicta ejecución de sentencia: se demolerá todo lo que está a medio construir y se mantendrá lo terminado por “imposibilidad material” de demolerlo.

— Febrero de 2022: el Supremo dicta la demolición de todo lo construido en el complejo turístico.

— Marzo de 2023: la Junta de Extremadura aprueba la Ley 2/2023, “por la que se regulan determinados aspectos de la Red ecológica europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura” con la indisimulada intención de intentar legalizar una urbanización declarada ilegal en todas las instancias judiciales.