Extremadura
La huelga en LEDA o cómo el transporte en Extremadura es un problema

Debido a la propaganda de los últimos años, cuando alguien escucha algo de los problemas de transporte y comunicación que existen en Extremadura, inmediatamente piensa en el ferrocarril, cuestión lógica debido al desastroso servicio ferroviario que se ofrece a la región. Pero lo cierto es que el sector del transporte por carretera también lleva años atravesando una crisis en la que, una vez más, la Junta de Extremadura vuelve a ponerse de lado.

Si en los trenes el gran problema son las infraestructuras del siglo XIX y las locomotoras que se paran o salen ardiendo, en el transporte por carretera la cuestión principal es la falta de adaptación de la oferta a la demanda y la introducción de las nuevas formar de viajar, como el popular blablacar.

No es la primera vez que la plantilla vive esta situación y, aunque en anteriores ocasiones la amenaza de huelga como respuesta a los impagos llevó a la empresa a pagar, ahora han decidido dar un paso adelante ante la angustia generalizada que viven las 60 familias que trabajan para la empresa

En esta segunda tesitura se encuentra LEDA, concesionaria que cubre gran parte de las líneas que recorren la provincia de Badajoz, donde los trabajadores y las trabajadoras de la compañía se han puesto en huelga indefinida tras llevar tres meses sin cobrar las nóminas. No es la primera vez que la plantilla vive esta situación y, aunque en anteriores ocasiones la amenaza de huelga como respuesta a los impagos llevó a la empresa a abonar los atrasos, ahora han decidido dar un paso adelante ante la angustia generalizada que viven las 60 familias que trabajan para la empresa.

El sesgo de la Junta a favor de la empresa

El motivo de la huelga es el impago de los salarios a los trabajadores y a las trabajadoras, hecho que la compañía reconoce aduciendo que es consecuencia de la deuda que la Junta de Extremadura mantiene con ellos debido al déficit de las líneas de transporte interurbano que explotan.

Pero, para los trabajadores, la empresa no abona los salarios a su plantilla como medida de presión frente a la Junta de Extremadura, la cual se ha limitado a decir que espera que “unos y otros lleguen a un acuerdo”. La pescadilla entre la Junta y la empresa se muerde la cola, aunque hay que recordar que las concesiones se encuentran sujetas a las condiciones de los procesos convocados por la Consejería de Transportes, algo que obliga a la administración autonómica a tomar medidas en el conflicto entre las partes.

Por un transporte público de calidad

Ante esta situación, en la Comunidad Autónoma con las dos provincias más extensas del estado español, las organizaciones en defensa de los servicios públicos reclaman que debe ser la administración regional la que tome medidas que no solo solventen el conflicto laboral latente en la región en la actualidad, sino que se planteen una solución estructural ante el déficit que supone la gestión privada del transporte por carretera en el territorio.

La posición de los trabajadores en huelga es clara: una sociedad con tantos retos como la extremeña no puede permitirse que empresas privadas vulneren, de una forma tan flagrante, los derechos de sus trabajadores y trabajadoras para ver colmadas sus expectativas económicas, y aún menos amenazando las necesidades más básicas de los obreros como método de presión.

Las compañías concesionarias siguen gozando de importantes beneficios empresariales, mientras que no reinvierten las ayudas públicas que reciben en la mejora de la calidad del servicio ni en la mejora de las condiciones laborales de las plantillas.

Desde las organizaciones en defensa de lo público consideran que es necesario entender que la única opción viable para solucionar este conflicto laboral, y que no se perpetúe en el tiempo, es optar por la creación de un transporte público y social de viajeros por carretera que, sin disminuir la calidad del servicio ofertado, garantice a los usuarios la vertebración de toda la región, y donde sean respetados todos y cada uno de los derechos laborales de los trabajadores.