Gobierno de coalición
Martes aún más sociales que los viernes: llega el primer Consejo de Ministros de la coalición

La primera rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha sido un momento para la propaganda y las declaraciones de intenciones. En 2004 fue el anuncio del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la retirada de tropas de Iraq, en el 2011 Saénz de Santamaría anunció el encargo urgente de la reforma laboral y en 2018 Isabel Celáa adelantó el fin de la intervención de las cuentas de la Generalitat tras la entrada de Pedro Sánchez a la presidencia.

El Gobierno de coalición entre PSOE y UP celebra su primer Consejo de Ministros de manera extraordinaria con solo 24 horas de existencia oficial, varias cuestiones urgentes sobre la mesa y un segundo consejo previsto para este viernes. Con el flanco catalán enmarañado por las inhabilitaciones de Quim Torra y de Oriol Junqueras, la medida estrella de esta primera reunión será utilizada para afianzar la imagen progresista y de izquierdas ya escenificada en el debate de investidura. El Consejo de hoy inaugura los nuevos “viernes sociales” de la era Sánchez, sólo que en martes y más sociales (con permiso de Calviño).

La retirada del artículo 52D de la reforma laboral, por el que se considera procedente el despido incluso en situación de baja médica justificada, es una de las medidas candidatas. Tanto UGT como CGT han pedido al nuevo Gobierno que anuncie inmediatamente la derogación de este artículo, incluido en el Estatuto de los Trabajadores por medio de la reforma laboral de 2010, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre, una sentencia del Tribunal Constitucional respaldaba el 52D, lo que ha provocado según CGT una revitalización de los despidos por baja médica justificada “en organizaciones empresariales de diversos sectores”.

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sólo hablaba de eliminar los peores aspectos de la reforma laboral de 2012, aprobada ya con el Gobierno de Mariano Rajoy. El ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz (Podemos) al frente cuenta a su favor con el mayor conocimiento, por parte de la opinión pública, de este aspecto de la reforma laboral de Zapatero debido a la sentencia del Constitucional. Además, en una de sus intervenciones durante el debate de investidura, Pedro Sánchez se refirió explícitamente a la derogación del artículo 52D.

En octubre, una sentencia del Tribunal Constitucional respaldaba el 52D, lo que ha provocado según CGT una revitalización de los despidos por baja médica

Otras dos medidas se dan por supuestas para esta primera semana de Gobierno: el aumento de las pensiones de acuerdo con el IPC (un 0,9%) y la subida salarial para los empleados públicos (de un 2% más una cantidad variable que dependerá del aumento del PIB). Ambas están ya incluidas en el borrador presupuestario para 2020 publicado en octubre por el Gobierno del PSOE, en dos de las únicas novedades que incluía con respecto a los presupuestos prorrogados desde la etapa de Cristóbal Montoro (PP) como ministro de Hacienda.

En su revisión crítica del borrador, la Comisión Europea hacía notar en noviembre que ambas medidas suponen por si solas un aumento del déficit. En el caso de la subida de las pensiones, la Comisión advertía de que su aprobación —junto con el retraso de la entrada en vigor del llamado factor de sostenibilidad— hará necesaria la adopción de “medidas complementarias que aseguren la sostenibilidad del sistema de pensiones en el medio y el largo plazo”. En otras palabras: o recortes —no previstos en el acuerdo de investidura— o aumento de ingresos, algo que el Gobierno actual no espera concretar ya hasta la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Salario mínimo: la joya de la corona tendrá que esperar

El acuerdo entre PSOE y UP es claro sobre el objetivo de situar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el 60% del salario medio español (entre 1.100 y 1.200 euros mensuales según el método elegido para calcularlo). Pero, si hay que atenerse al espíritu de lo que expuso Sánchez en la investidura, en esta ocasión PSOE y Podemos no se saltarán la fase del diálogo social con las patronales y los sindicatos de concertación para establecer las cuantías y el ritmo de las subidas. El Consejo podría anunciar fechas para esas reuniones con “los agentes sociales” y repetir lo ya sabido desde el acuerdo de diciembre entre PSOE y UP.

La espera tampoco debería ser muy larga. Con un clara desaceleración del empleo, el persistente boquete en las cuentas de la Seguridad Social fue compensado en 2019 gracias en parte a la subida del SMI (que llevaba aparejadas unas subidas de las cotizaciones). El acuerdo con patronales y sindicatos debería estar listo antes incluso que los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Mientras, el borrador enviado a Bruselas confía explícitamente en el aumento de cotizaciones y en las nuevas medidas tributarias no incluidas en los presupuestos prorrogados para ir llenando ese agujero.

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Delitos sexuales: anteproyecto en el cajón desde febrero

El Gobierno podría anunciar hoy la esperada reforma en la definición y tipificación de los delitos sexuales, suscitada por la presión de la opinión pública y del movimiento feminista tras los diferentes casos de violaciones en grupo que han saltado a los medios de comunicación. El ministerio de Justicia —entonces en manos de Dolores Delgado, que pasa a la Fiscalía general del Estado con el nuevo Gobierno— tiene listo el anteproyecto de reforma del Código Penal desde febrero.

La reforma planteaba eliminar el delito de abuso sexual —pasan a considerarse ‘agresiones sexuales’ todas las prácticas en las que no exista consentimiento de las víctimas— así como suprimir las penas alternativas de multa previstas para algunos casos contra la libertad e indemnidad sexuales, que quedarán sustituidas por penas de cárcel. Estas agresiones pasarían a tener una pena mínima de cárcel de 3 años (ahora el límite es de 1) sin posibilidad del pago de 18 a 24 meses de multa.

Cataluña: ¿mesa bilateral sin Torra?

El anuncio de una fecha para el primer encuentro de la mesa bilateral entre el Gobierno español y la Generalitat catalana se ve enmarañado por la complicada situación legal y política que han introducido las diversas resoluciones judiciales e institucionales sobre los cargos de Quim Torra (JxC) como presidente de la Generalitat y de Oriol Junqueras (ERC) como eurodiputado.

En las vísperas y primeras horas de la investidura, desde la Junta Electoral Central hasta Tribunal Supremo, pasando por el propio Parlamento europeo —que ha denegado finalmente la credencial de eurodiputado de Junqueras—, el pacto entre PSOE y ERC para una mesa de diálogo entre los Gobiernos español y catalán, llave de la investidura, se quedó sin una de sus patas: la de Quim Torra, inhabilitado primero por la JEC y luego de nuevo por el Supremo. El pacto preveía la primera reunión en un límite de 15 días una vez formado el nuevo Gobierno: es decir, hasta el día 27 de enero.

El boquete abierto por las sentencias ha enfrentado a JxC y a ERC. JxC votó no a la investidura y no fue tenido en cuenta en el pacto sobre la mesa bilateral, mientras que a día de hoy el presidente reconocido por el Parlamento catalán sigue siendo Quim Torra. ERC, por su parte, sigue defendiendo unas elecciones anticipadas para Cataluña. Casi dos semanas después de que fuera decisiva para la abstención de los republicanos, la mesa bilateral ha pasado a un tercerísimo plano. Nadie la menciona desde la investidura, y el Consejo de Ministros podría llegar a preguntarse por qué tendrían que ser ellos los primeros.

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