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Los cortes de agua por impago son ilegales

El pasado 27 de enero, operarios del Canal de Isabel II, empresa pública madrileña y adjudicataria del servicio de suministro de agua en Cáceres, cortaron el agua a más de 400 familias por impago en esta ciudad, a bloques enteros de viviendas. Entre los afectados, personas como Pilar Petrovic, de 70 años, que, con su pensión de 360 euros, vive ella y su hija, parada y sin prestación, según retrata el diario Hoy.es. El día siguiente, la empresa pública madrileña rectificaba, restaurando el servicio y anunciando la firma de un convenio con el Ayuntamiento cacereño. El acuerdo supone que antes de proceder a cualquier corte de agua en viviendas, se notifique al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento para que éste compruebe que los afectados no se encuentren en situación de vulnerabilidad, en cuyo caso se aplicarían los fondos municipales. Ningún regalo.

Desde la Red Agua Pública subrayan que varias sentencias judiciales que ya han creado jurisprudencia confirman que el servicio de suministro de agua, ya sea con empresa privada o pública, y al ser un bien básico gestionado por un monopolio, es una “tasa”, no un precio privado, según confirma la resolución ante el recurso de casación 4091/2013. ¿La diferencia? En el caso de las tasas, no se puede cortar el servicio aunque haya impago.

“El lobby del agua no está aplicando este mandato jurídico y, de nuevo, está intentando confundir a los municipios”, explica una nota de prensa de la Red Agua Pública en referencia a la I Jornada de Medidas de Acción Social en el Sector del Agua, organizadas por la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA), entre cuyos principales socios figura Fomento Construcciones y Contratas (FCC), empresa actualmente investigada por el caso Acuamed, sobre comisiones y sobrecostes millonarios —hasta 227 millones de euros según las últimas informaciones— en los contratos de la empresa pública dirigidos a la gestión del agua en la Comunidad Valenciana. Durante el encuentro, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha firmado un protocolo con ASA para “promover mecanismos sociales que garanticen el agua a las familias”, según anunciaron desde la institución. Entre los mecanismos a estudiar: el fraccionamiento del pago, bonificaciones tarifarias o fondos de acción social a fondo perdido a cargo de los Ayuntamientos y empresas públicas. Coste cero para las empresas privadas concesionarias del servicio de suministro de agua.

“Sorprende que justo ahora estén ‘dispuestos’ a hablar de esto cuando hasta ahora han defendido los cortes y los costes de enganche frente a la FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias]”, apunta Paco López, portavoz de Red Agua Pública. Para Paco, el cambio de actitud “sólo tiene la finalidad de seguir confundiendo a nuestros municipios justo en el momento en que los tribunales han aclarado la situación y justo cuando Ayuntamientos como el de Córdoba o Puerto Real ya han reglamentado el corte 0”.

Desde la red anuncian que en muchos municipios ya se está llevan a Pleno el Pacto Social por el Agua, que contempla la prohibición de los cortes de suministro aunque haya impagos. El pasado 22 de octubre, el Parlamento de Andalucía también aprobó una propuesta de ley por la que se prohíben los cortes de agua y se garantiza el suministro de entre 60 y 100 litros al día por persona en caso de impago justificado –cumpliendo lo establecido por Unesco en cuanto al derecho a agua–, aunque, según apuntan desde la red, desde entonces aún no se ha desarrollado la nueva normativa. En Asturias, Murcia y Galicia se han creado plataformas de la Red de Agua Pública para trabajar en esta dirección. También el Ayuntamiento de Gijón está tramitando un acuerdo por el que la empresa pública de agua garantizará el suministro aún en caso de impago con mínimos de 100 litros al día por persona.

Modelo público, modelo privado y derecho al agua

“Las empresas públicas se están poniendo las pilas gracias al Pacto del Agua, mientras las privadas siguen haciendo cortes de suministro, por eso el lobby tiene miedo a evidenciar que existen muchas diferencias entre el modelo público y privado”, señalan desde la Red Agua Pública, y añaden que “lo de FCC evidencia la convivencia entre los poderes y el oligopolio de la privatización de agua”.

Desde la Red Agua Pública apuestan por un modelo de gestión en el que el corte de agua por impago no se produzca en los casos en los que la Concejalía de Servicios Sociales justifique la incapacidad de pago del abonado. En esos casos, según el modelo de la red, el coste del suministro será sufragado por un Fondo de Acción Social, pero que vaya con cargo a los beneficios de la empresa adjudicataria.

Otro de los puntos que defienden es que, para la contratación del servicio, sea suficiente con el empadronamiento o censo. “Los problemas de impago de alquiler o de propiedad no deben ser problema del operador de agua, sino de los juzgados”, apuntan desde la red.