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“Que soy compañero, coño” y el valor de los vídeos como prueba

“La reproducción del vídeo, en el que se grabaron hechos que son objeto del presente enjuiciamiento, es prueba contundente y sólida que explica la absolución de la denunciada”, explica una sentencia del Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid emitida el pasado 15 de abril. La denunciada en este caso estaba acusada de “falta de respeto o consideración” a la policía en el marco de un desahucio, el 9 de octubre de 2013. En el transcurso de la concentración convocada por los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para frenar el desahucio, dos agentes de policía pidieron la documentación a un cámara y uno de ellos le golpeó.

La acusada les reprochó a los agentes de policía que “no sabían de leyes” y les llamó “matones”. Fue precisamente el vídeo grabado por ese cámara lo que sirvió de prueba al juez, quien, además de ordenar la absolución, aprovechó la sentencia para recalcar que “no existe la prohibición de filmar en el espacio público” ni de tomar imágenes de los agentes de las fuerzas de seguridad, y que cuando uno de estos agentes, como pasó en este caso, se extralimita en sus funciones o actúa “de modo abusivo, queda desasistido de la protección” como agente de autoridad.

“Todo se pudo acreditar porque teníamos el vídeo”, señala Javier Sampedro, miembro de Legal Sol y representante legal en el citado caso. En los meses anteriores a esta resolución, varias sentencias más han corroborado el papel que los vídeos han tomado en los procesos judiciales relacionados con movilizaciones sociales y cómo han servido para superar la barrera del testimonio policial, al que la jurisprudencia del Tribunal Supremo da el valor de prueba de cargo suficiente sobre la presunción de inocencia.

El 9 de abril, otra sentencia del Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid señalaba el visionado de un vídeo como prueba, en ese caso, para condenar por lesiones a un agente de la UIP que, tal como mostraba el vídeo, empujó a una mujer y golpeó y agarró de los testículos a un compañero que acudió a ayudarla. La escena tuvo lugar en el encierro en la sede de la Sareb que, en marzo de 2013, organizaron también miembros de la PAH junto a varias asambleas de vivienda, y que resultó en la imputación de 21 personas por desobediencia a la autoridad.

“El mismo vídeo en el que se veía la agresión de este policía nos sirvió para que nos absolvieran”, explica Susana Sanz, conocida como Suysulucha, una de las participantes en el encierro que transmitió la acción por streaming. “El atestado policial decía que los encerrados bloquearon los accesos, pero en los vídeos aparece cómo los trabajadores entran y salen sin ningún problema”, continúa Susana, quien afirma también que, desde que en 2011 comenzara a ser habitual la presencia cada vez mayor de cámaras en manifestaciones y protestas, ha visto una “evolución en la actitud” de la policía: “Ahora, cuando dices ‘sin violencia’ y ven que hay una cámara, en muchas ocasiones se vuelven menos agresivos”. Este “efecto preventivo” de las cámaras también lo aprecia Sampedro, quien afirma que, “en algunas ocasiones, el hecho de que se sientan observados y grabados, y que después esa información pueda circular y conocerse, hace que ciertos funcionarios sean más cuidadosos en su comportamiento”.

‘¿Te gusta, campeón?’

Jaime Alekos, videoperiodista freelance, explica cómo las grabaciones realizadas durante manifestaciones y acciones de protesta están sirviendo también para contextualizar y retratar la actitud de la policía con los manifestantes. “Lo sorprendente es que después de que haya vídeos en los que se oye como la policía llama ‘guarra’ a una manifestante o suelta frases como ‘¿te gusta, campeón?’ mientras reduce a un activista no se investigue más allá y continúe la impunidad”. Alekos afirma que decidió dedicarse a grabar en las manifestaciones al ver el vídeo de un activista del colectivo Audiovisol en el que se veía a un policía agarrar a un manifestante y estrellarle la cabeza contra la bandera de España estampada en el vehículo en las cargas que siguieron a la manifestación del primer aniversario del 15M. Alekos es autor del vídeo en el que se ve cómo agentes de policía reducen, con una considerable carga de violencia, a varios activistas en un desahucio en Parla el pasado 30 de abril. “No creo que supieran que estábamos grabando porque estábamos arriba, en la ventana”, explica tras señalar que en el vídeo se ven los números de placa de los policías, por lo que podría servir como prueba para su identificación.

Jaime y Susana han sufrido también agresiones por parte de la policía por grabar en manifestaciones. A las continuas identificaciones e intentos de entorpecer el trabajo, se unen ataques directos sobre el equipo o agresiones físicas. El último informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura contabilizó 17 situaciones en 2013 en las que agentes de la autoridad agredieron a periodistas y comunicadores. 2014 no parece que vaya a presentar mejores datos. A las cargas tras la manifestación del 22M, en las que decenas de personas denunciaron agresiones por parte de la policía, algunos de ellos periodistas, le siguió la semana siguiente la manifestación del Jaque al Rey, en la que agentes de policía atacaron a cuatro periodistas. “Parece que se intenta impedir a los periodistas que desarrollen con libertad su labor porque ciertas conductas policiales ya no son posibles con un testigo imparcial, como es la cámara”, concluye Sampedro.

La cada vez más frecuente presencia de cámaras en actos de protesta conlleva también peligros para los activistas, que sienten cómo la policía dispone de más vías para identificarles y, en muchos casos, acusarles de actos en los que no han participado. Frente a ello, muchos de los periodistas optan por coordinarse con los organizadores de las acciones.