Hemeroteca Diagonal
“Las víctimas de crímenes de odio están de­samparadas, desprotegidas e ignoradas”

El 5 de octubre de 1991, siete skins militantes de Vanguardia Nacional Revolucionaria asesinaron, en Barcelona, a una transexual y apalearon brutalmente a otras cuatro personas sin hogar. Sonia Rescalvo tenía 41 años cuando fue asesinada. Según la sentencia, murió “de una lluvia de patadas en la cabeza y de un trastazo en el pecho con un palo de escoba”. Durante el juicio, uno de los siete asesinos afirmó que “sintió un fuerte dolor en el dedo gordo del pie” después de haber estado un largo rato propinando patadas con sus botas de punta de hierro. El caso de Sonia fue el primer homicidio por motivos de odio registrado por Movimiento contra la Intolerancia.

Desde 1990, la organización cuenta 88 muertes por crímenes de odio. Entre ellos hay nombres conocidos, como Carlos Palomino —asesinado en noviembre de 2007 por el militar neonazi Josué Estébanez—, o Lucrecia Pérez —asesinada en 1992 por un guardia civil y tres menores de edad, todos de ideología neonazi—. Otros casos han pasado desapercibidos, de muchas de las víctimas no se conocen sus nombres ni sus muertes han sido llevadas ante la justicia.

“Nosotros creemos que había una deuda con esas víctimas”, señala David Bou, periodista de La Directa. Un estudio sobre estos casos de homicidios, titulado 'Memoria de 25 años de olvido', realizado por Bou y el también periodista Miquel Ramos, se ha propuesto documentar las 87 muertes por motivos de odio que ha registrado el Mo­vimiento contra la Intolerancia entre 1990 y 2015. “Quisimos estudiar caso por caso para ver qué ha sido de cada uno de ellos, cómo se han resuelto a nivel judicial, qué tratamiento les ha dado la prensa, y qué estadísticas o conclusiones se pueden sacar, cuáles son los colectivos más vulnerables”, explica Ramos. Durante diez meses han estudiado caso por caso, buscando documentación. En el camino, han puesto nombre a muchas de las víctimas que permanecían anónimas y han encontrado casos aún no registrados. Toda la información está desde el pasado 1 de diciembre publicada en la web crimenesdeodio.info.

“Este estudio lo hemos hecho para suplir la inacción del Estado en este campo”, explica David Bou

“Lo hemos hecho para suplir la inacción del Estado en este campo”, resalta Bou. “Estos casos no estaban unificados en una base de datos porque no se consideraban como parte de un problema o temática, se consideraban casos inconexos, sin denominador común”, continúa. 

Hasta 2013, cuando el Ministerio de Interior creó el Registro de Delitos de Odio —tras continuados requerimientos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa—, no había ningún registro oficial de este tipo de crímenes. Aun ahora, con el registro oficial, los dos únicos informes publicados, referentes a los años 2013 y 2014, ni siquiera recogen que se haya producido en España ningún homicidio por motivos de odio. Muy diferentes son los datos aportados por Movi­miento contra la Intolerancia. Esta organización, que desde 1990 publica el Informe Raxen sobre delitos de odio, registró en 2014 dos homicidios. El último de ellos, en noviembre de 2014, fue el de Jimmy, hincha del Deportivo de A Coruña asesinado por seguidores del Atlético de Madrid en las inmediaciones del estadio Calderón. Menos conocido, pero también en el mismo año, fue el asesinato de Miguel M.F. en Dos Hermanas (Se­villa) a manos de tres jóvenes de entre 21 y 25 años que le quemaron mientras lo grababan en vídeo.

“La legislación en el Estado español respecto a los delitos de odio y la implicación del Estado llega bastante tarde, hace relativamente poco tiempo, a pesar de que hay organizaciones que llevan muchos años tratando de visualizar este problema”, explica Ramos. “Las víctimas de delitos de odio están de­samparadas, desprotegidas e ignoradas. Mientras sí existen leyes específicas para las víctimas del terrorismo, los crímenes de odio, aunque trascienden a la persona que la padece al señalar a todo un colectivo, se llevan cometiendo desde siempre, pero hasta hace poco el Estado lo habían reducido a problemas de tribus urbanas o de violencia juvenil”. Tampoco los medios de comunicación han estado a la altura, según explica Bou: “Desde nuestro punto de vista, su papel ha sido el de tapar para no convertirlo en problemáticas o para no generar una alarma social. En muchos casos se publica en la sección de sucesos, pero no hacen una continuidad del caso. Cubren la muerte y a veces la detención, pero después no se publica nada sobre el juicio. Son casos incluidos en la categoría de sucesos, sin distinguirlos de ninguna manera por la condición de la víctima”.

“Queremos animar a que la web sea una herramienta para completar información”, afirma Ramos

El aparato judicial lo pone difícil a la hora de poder analizar estos crímenes, ya que en las sentencias no se establecen este tipo de delitos con una categoría específica, sino como una agravante. Ni hay medidas de protección a las víctimas. Ramos y Bou destacan cómo más de 20 años después de la muerte de Guillem Agulló en Burjassot a manos de neonazis, la familia aún tiene que aguantar ver pintadas en l’Hora Nord donde se lee la frase “Guillem jódete”.

Xenofobia y aporofobia

Una de las conclusiones del trabajo es que, de los 87 homicidios por razones de odio analizados, la mayoría de los casos son por motivos xenófobos. En concreto, 37 de los homicidios analizados. Otro de los grandes colectivos más presentes entre las víctimas es el de las personas sin hogar. El fenómeno de animadversión hacia las personas pobres —aporofobia— está tras la muerte de 23 de las víctimas registradas en los últimos 25 años por el Movimiento contra la Intolerancia. “Es gente que en muchos casos está en situación de desamparo, sin un entorno familiar que reclame justicia. Muchas veces ni siquiera se ha conseguido saber su nombre, y eso tiene una traducción muy clara en el proceso judicial: muchos de estos casos acaban archivados o no hay información sobre ellos —explica Bou—. No interesa llevar la investigación hasta el final porque de alguna manera significa trabajar sin que reporte resultados, ya que nadie reclama justicia y en los medios sale como un suceso más que después se olvida”.

Los crímenes cometidos en el marco del feminicidio son algunos de los que han creado más debate a la hora de realizar el estudio. “Los crímenes de violencia machista y los de odio son dos círculos que se mezclan”, explica Bou. Sin embargo, se encontraron con una barrera difícil de superar: las estadísticas sobre violencia de género no comenzaron hasta 2003, dejando fuera además los casos de violencia en los que no había vínculo afectivo o familiar entre agresor y víctima. Ese tipo de casos es el que finalmente decidieron incluir en el estudio, aunque haciendo referencia también al registro que realiza el colectivo Feminicidio.net desde 2010.

“Nosotros reivindicamos que la lista es incompleta, también porque la intención es que salgan más casos. Queremos animar a que se convierta en una herramienta, que todos puedan participar para completar información que falta en muchos casos y añadir otros que nos hayamos podido dejar”, señala Ramos. Pero también “como herramienta de denuncia”, añade Bou: “Como las instituciones no son capaces de tratar este problema, con la dimensión que tiene, pues lo haremos nosotros, la gente, para que sirva de homenaje a estas personas y como prevención para que no vuelva a ocurrir”. 

Hacia una Ley Integral contra los Delitos de Odio

Desde el Movimiento contra la Intolerancia reclaman la puesta en marcha de un proyecto de Ley Orgánica Integral frente a los Delitos de Odio que contemple las recomendaciones y resoluciones internacionales, medidas para prevenir el odio en internet, que integre en los planes de estudio la enseñanza de derechos humanos. También que la norma establezca un sistema de tutela institucional de las víctimas, la mejora del marco penal para protegerla o establecer un protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También campañas de formación y sensibilización de estos últimos y promover la participación y colaboración de colectivos de la sociedad civil que trabajan contra los delitos de odio.