Infancia
Igualdad propondrá mejoras para incluir la perspectiva de género en la Ley de Infancia

El Ministerio de Igualdad propondrá mejoras al anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, conocida como Ley Rhodes por el impulso que ese músico que sufrió abusos en la infancia ha dado a la ley, un texto al que el Consejo de Ministros dio luz verde el 9 de junio. Fuentes de este ministerio han explicado que el mismo no ha querido hacer antes propuestas en este sentido para no ralentizar el trámite de la ley y por tanto, aseguran, su aprobación.

El texto que se aprobó a principios de junio es el mismo que el Gobierno socialista registró en el año 2019, y que ya había pasado por algunos trámites. De hecho, tenía ya el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso, Igualdad confía en poder introducir a partir de ahora algunos cambios que considera “relevantes” y que tienen que ver principalmente con “ampliar la perspectiva de género, que tiene que estar presente en una ley de infancia”.

Este ministerio no es el primero en señalar esta ausencia en la ley. De hecho Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ya hizo esta anotación en la rueda de prensa en la que las organizaciones han impulsado esta ley dieron a conocer algunos detalles del texto. “La forma en que viven la violencia niños y niñas varía, y las niñas son particularmente vulnerables a algunas formas de violencia”, explicaba Pedernera, que apuntaba este aspecto en los puntos a mejorar en al trámite parlamentario, junto a la inclusión de una manera más específica de la infancia con discapacidad.

Las mismas fuentes han explicado que se trata principalmente de abordar de una manera más específica la violencia de género en la Ley de Infancia, por las consecuencias que esta tiene sobre niños niñas y adolescentes. 

Sobre la omisión en el texto actual al abuso sexual intrafamiliar, como han denunciado algunas expertas, y a las consecuencias de la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), una herramientas acientífica contra la cual se ha pronunciado el propio CGPJ y que en la práctica se sigue aplicando en juzgados y servicios especializados para minar la credibilidad de las madres y los niños que denuncian abusos sexuales, estas fuentes aseguran que es también una preocupación del ministerio, que está valorando cuál es la mejor fórmula para abordarlo. 

“Queremos hacer reformas en este sentido en esta legislatura y estamos estudiando si lo mejor es hacerlas en esta norma y, sobre todo, seguir trabajando con el Ministerio de Justicia y con el Poder Judicial para matizar las cuestiones en este sentido, porque esto no depende solo de una norma sino también de la propia práctica de los operadores jurídicos”, explican. En ese sentido, apuntan desde el ministerio, el hecho de que Victoria Rosell sea la delegada del Gobierno para la Violencia de Género es “una buena noticia” porque “ya está trabajando en coordinación con el Ministerio de Justicia, el CGPJ y el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo para poder mejorar estas cuestiones”. “Hay sintonía absoluta y vamos a seguir mejorando", asegura.

LA IDENTIDAD SENTIDA DE LOS NIÑOS

El Ministerio de Igualdad se ha pronunciado también sobre el derecho a la autodeterminación de género, un concepto que inspira dos leyes que el Gobierno tiene el compromiso de reimpulsar en esta legislatura: una Ley de Igualdad LGTBI y una Ley Integral Trans.

Igualdad insiste en que ambas leyes están inspiradas en el concepto de autodeterminación de género, que de hecho existe ya en varias leyes autonómicas en un total de nueve comunidades. Igualdad se pronuncia así después de que este martes, en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros, la vicepresidenta María Jesús Montero portavoz del Gobierno, respondiera de forma ambigua a la pregunta formulada por eldiario.es sobre si estas leyes garantizarán la autodeterminación de género.

Además, estas leyes profundizarán en el derecho a la autodeterminación de género de niños, niñas y adolescentes. El concepto, de hecho, ya aparece en la Ley de Infancia, que recoge que “los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, así como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación o violencia por tales motivos”.

A este respecto recuerdan que existe una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que declara inconstitucional la parte de la Ley 3/2007 que establece una excepción para menores de edad. Esa sentencia avala que los menores puedan cambiar la mención relativa al sexo en el Registro Civil. De esta manera “el Constitucional dice que es un derecho fundamental y que no se puede dejar fuera a los menores de edad, por lo tanto hay que poner la ley en armonía con la jurisprudencia que ha sentado el Constitucional”, han apuntado.