Justicia
CGT denuncia que los retrasos judiciales benefician a las empresas que vulneran los derechos laborales

CGT convoca una concentración en Málaga para denunciar “la situación de indefensión de la clase trabajadora derivada de la caótica situación de los juzgados de lo social”.
Tribunal superior de justicia Andalucia
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

La justicia andaluza lleva años colapsada a causa de la falta de medios, inversión en infraestructura. Así lo demuestran los datos del último informe del TSJA publicados en 2023 y que está teniendo como consecuencia retrasos de años en la resolución de los procesos judiciales. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha señalado en diversas ocasiones que la causa se encuentra en la falta de renovación e inversión en Justicia que llevan exigiendo décadas.

CGT ha denunciado que estos retrasos tienen consecuencia sobre los procesos de empleados que denuncian la vulneración de derechos laborales de las empresas para las que trabajan. El sindicato ha convocado una concentración en Málaga bajo el lema de “Justicia lenta no es justicia” para poner el foco sobre “la situación de indefensión de la clase trabajadora derivada de la caótica situación de los juzgados de lo social”.

Carolina Garrido trabaja para una subcontrata que ofrece sus servicios a la Junta de Andalucía y a lo largo de su vida laboral ha tenido que poner varias demandas ante distintas situaciones de abuso laboral y cree que: “la lentitud es el primer factor que hace que los incumplimientos o los abusos están a la orden del día”. Garrido tiene causas que han tardado más de cuatro años en resolverse y argumenta que además del retraso arraigado en la justicia andaluza “las empresas tienen su buen abanico de recursos para retrasar los procesos y desgastarte”.

Desde el sindicato además denuncian que estas situaciones van en contra de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en cuyo texto establece plazos de días para la celebración de juicios y dictados de sentencia. Un proceso que debería garantizar no se extendiese más allá de dos meses que debido a la falta de recursos se alarga hasta años. “Las empresas son conocedoras de esto y campan a sus anchas, sobre todo las subcontratas, que despiden, modifican horarios y abusan sabiendo que tardan años y para cuando sea el juicio quizá ni siquiera estén dando el servicio”, puntualiza el Secretario de Organización de CGT Andalucía, Miguel Montenegro.

A Laura Portillo, agente comercial, le echaron de su trabajo, en el que llevaba 5 años, dos días después de pedir a la empresa una concreción horaria para poder cuidar de su hija: “Llevo un año de incertidumbre, me es imposible no pensar en el tema”. Portillo está a la espera de la celebración del juicio tras denunciar a la empresa por despido improcedente.

Gloria trabaja para una conocida empresa de muebles sueca y en el año 2021, tras presentarse como enlace sindical, fue sancionada. Al no llegar a acuerdo con la empresa, Gloria decidió denunciar la situación y hasta este próximo mayo, 3 años después, no se celebrará el juicio para ver su causa. “Vivo en un sinvivir porque estoy en el punto de mira” sostiene la trabajadora que continúa en su puesto.

El sindicato cree que de esta manera se desincentiva a las trabajadoras a acudir a los Tribunales y se limita el derecho a la protesta por distintas vías: “con la ley mordaza tienen casi prohibido respirar. Luego ni siquiera puedes recurrir a la justicia y con los salarios que hay no te puedes permitir el lujo de hacer más de un día de huelga. Así de claro que son muchas cuestiones condicionantes que perjudican a las trabajadoras y trabajadores”, expone Montenegro.

Para solventar esta problemática, desde CGT exigen el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y proponen medidas como la implantación Implantar de Juzgados de lo Social de Ejecución. Un organismo que ya existe en otras comunidades como Madrid.

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