La semana política
Mito, realidad y realeza

Tramas principales. Semana de exaltación vigoréxica del Estado en base a su mito fundacional, el golpe del 23 de febrero de 1981. Semana también de realpolitik de la mano de José Luis Ábalos y su declinación sobre el doble papel de la vivienda, como derecho no cumplido y como factor de especulación necesario para el funcionamiento del Estado tal y como lo conocemos. Finalmente, semana de nuevas noticias sobre el Juan Carlos I “malo”, albacea del mito fundacional de la democracia y también protagonista de una segunda regularización con Hacienda destinada a restituir su mito.

Tramas secundarias. Un observatorio europeo pide que la ministra de Economía se siente y rehaga el plan España Puede, que puede ser una oportunidad perdida de las que hacen época. Mutis sobre este informe. A cambio, Calviño filtra que se plantea la condonación de préstamos a empresas del Instituto de Crédito Oficial. Luis Bárcenas acusa a Esperanza Aguirre de recibir un sobre con 60.000 euros para ganar unas elecciones. El derroche negacionista de Victoria Abril prueba los efectos secundarios de la Movida madrileña, el mito fundacional pop que acompañó la época más alegre del estado actual de cosas. Abril ha leído en “el internet” que nos engañan con la pandemia y las vacunas; nos quiere abrir los ojos a la realidad. Otro mito que cae.

Sobre el mito fundacional. El 40 aniversario del 23F tiene un efecto reductor. No se ha escrito más sobre ningún otro acontecimiento histórico en la historia de la democracia y aun así su encanto reside en que resume y reduce todo a una noche, a un rey bueno y unas instituciones tiernas pero funcionales. 

Falta bibliografía sobre otra efeméride cercana ─el próximo 12 de marzo se cumplen 35 años del referéndum de entrada en la OTAN─ y solo hay algunos retazos sobre las tramas de la guerra sucia, íntimamente vinculadas al contexto del golpe de Estado ─esta semana, una conversación desvelada por Público ha aportado información sobre el asesinato de Mikel Zabalza─, pero sobre el 23F está todo dicho. El golpe cuartelario y el amago de la salvación nacional. Los tiros en el techo y el asalto al bar del Congreso. Hasta tal punto está “todo” contado que el que se propone como relator oficial de los episodios, Javier Cercas, dice que ya basta, que solo hay un canon, el suyo y que los demás historiadores son revisionistas, enredantes, abrazafarolas.

23-F, un caso cerrado

J de la Jara Pablo Elorduy

23F

23-F, un caso cerrado

J de la Jara ,  Pablo Elorduy

Vídeo en el 37 aniversario del golpe de Estado de Tejero.

Mientras se desarrolla la exaltación del mito en el salón de los pasos perdidos, Aitor Esteban, del PNV, protagoniza la escena del día laborable 23 de febrero. El partido vasco se pregunta qué clase de cataclismo tiene que ocurrir para que se tramite de una vez por todas la Ley de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados. La actual Ley es una norma de 1968 que impide saber más detalles sobre hechos como los de 1981. Pero no solo. 

En el caso de que la legislatura termine, desde el momento en que se convoquen elecciones, la Ley de Secretos Oficiales volverá al punto de partida

La nueva norma debe servir para esclarecer el pasado y para evitar que en el futuro los poderes se sientan tan fuertes, o impunes, como para organizar cualquier trama de conspiraciones que sirvan para a) superponer a un poder (pongamos el ejecutivo) sobre otro (digamos el legislativo) y saltarse la legalidad vigente en función de la llamada “razón de Estado”; o bien b) favorecer el enriquecimiento de determinados actores políticos en función de una interpretación torticera de la razón de Estado.

Esta semana, la semana de exaltación del canon de los constitucionalistas, se ha vuelto a postergar la puesta en marcha del proceso legislativo. En el caso de que la legislatura termine, si hay convocatoria anticipada de elecciones, la Ley de Secretos Oficiales volverá al punto de partida. Eso es lo que teme Aitor Esteban, que haya elecciones y que eso suponga que nunca se tramite una Ley de Secretos Oficiales democrática.

Sobre la realpolitik. La próxima semana se cumple el año en que supimos qué significaban las palabras “coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo”. Significaban enfermedad y muerte, sufrimiento individual y colectivo. La obligación de parar y la incertidumbre sobre qué acarrea apretar ese freno de emergencia. Significaba también que íbamos a pasar más tiempo en casa que nunca. “Estar en casa” es algo para lo que es imprescindible “tener una casa”. Dos de los tres verbos más importantes del castellano se contraponen en la vida política real. 

El Consejo General del Poder Judicial aun no ha publicado los datos de desahucios en el conjunto de 2020. En el primer trimestre, antes de la pandemia, hubo 75 desalojos de arrendatarios cada día. Las medidas de “escudo social” del Gobierno, que no detuvieron todos los desahucios pero sí frenaron ese ritmo de desalojos, tienen fecha de caducidad: el 9 de mayo, con el fin del estado de alarma.

El miércoles, agentes sociales, Plataforma de Afectados por la Hipoteca y sindicatos de inquilinos emiten un manifiesto conjunto que establece una serie de pautas para la ley de Vivienda que prepara Ábalos

La función de José Luis Ábalos es acoplar la vieja política consistente en desahuciar 75 hogares por día con la nueva normalidad de una crisis económica de consecuencias imprevisibles. “La vivienda es un derecho pero también es un bien de mercado, que genera actividad económica, que busca seguridad jurídica”, dice el ministro el martes.

La función de José Luis Ábalos en este tema se resume en el uso de la conjunción “pero”. Para eso, Ábalos saca a la palestra la “seguridad jurídica”, una máscara con la que tapar el conflicto entre intereses opuestos, los de quienes especulan con el aumento de precios de la vivienda y los de quienes aspiran a que ese “estar en casa” no merme sus proyectos de vida. Visto desde el punto de vista del Gobierno, la seguridad jurídica no cuenta entre las preocupaciones del ICO, que puede renunciar a las ayudas millonarias a multinacionales, pero es importante cuando se trata de no tocar los beneficios previstos por Blackstone en el mercado inmobiliario español.

No será tan fácil. El miércoles, agentes sociales, Plataforma de Afectados por la Hipoteca y sindicatos de inquilinos emiten un manifiesto conjunto que establece una serie de pautas para la ley de Vivienda que prepara Ábalos. El partido del orden y la seguridad jurídica puede confrontar con la totalidad del tejido social si no opta por darle, de nuevo, la vuelta al calcetín. “La vivienda es un bien de mercado pero también es un derecho” es un buen comienzo para rectificar y volver sobre las promesas electorales. De Ábalos se puede esperar esa rectificación, quizá de los hombres de negro en el Consejo de Ministros, no. 

En el juego de la gallina que ejerce Pedro Sánchez, el tema de los alquileres es el elemento clave a seguir: si los socialistas van adelante con una ley sin limitación de precios y más oportunidades para los “negocios como siempre” es que tienen planteado no apurar la legislatura ─tentar un gobierno con su exigua minoría y sin Unidas Podemos─ y aprovechar así el flujo de calvarios judiciales del Partido Popular. El escenario a medio plazo sería el de unas nuevas elecciones en las que jugar la baza de la baraka de Sánchez. Si la intención, como se ha señalado, es rebajar el tono y retomar el acuerdo de Gobierno, el PSOE se verá obligado a volver sobre sus pasos y sacrificar la seguridad jurídica para no perder el agarre en la realidad económica y social de las mayorías en la post-pandemia. Aunque eso le cueste el voto del pequeño propietario rentista.

Sobre la realeza oficial y la real. El ejercicio de contorsionismo de salvar al rey “bueno” del 23F y reprochar moralmente, pero flojito, al rey “malo” de las comisiones sigue deparando impagables escenas de costumbrismo político.

El jueves, “fuentes conocedoras” anuncian que el rey del golpe del 23F ha llevado a cabo una segunda operación de regularización fiscal con la Agencia Tributaria. Juan Carlos I pagó 4,4 millones de euros ─en diciembre abonó 678.000─ que tienen como objeto regularizar su situación antes de que se le abra oficialmente una investigación por delito fiscal. El pago al fisco se ha llevado a cabo gracias a los préstamos de “amigos y empresarios” dispuestos a salvar el legado del rey de las comisiones. El objetivo final es que vuelva a casa a apurar sus últimos días.

La realidad se empeña en destruir una imagen que se pretendió de modernidad, por más que haya sacrificados empresarios dispuestos a arrimar el hombro para sostener, cueste lo que cueste, el relato de que hubo dos esferas separadas, la del rey “que trajo la democracia” y la del hombre que se enriqueció cuando todo el trabajo estaba hecho. Es el efecto Cuéntame, la realidad del fraude fiscal arruina los relatos mejor armados. El fraude acaba con el mito.