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CC OO y UGT instan al Gobierno a crear un índice económico para facilitar la negociación colectiva

Permitiría subidas sectoriales y provinciales automáticas, exentas de negociación y presión sindical. CC OO y UGT han hecho una propuesta para retomar la negociación colectiva instando al Gobierno a la creación de una herramienta novedosa, al que llaman Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC). El índice económico permitiría calcular una subida salarial variable en los sectores en los que hubiera beneficios empresariales con la información que trimestralmente aportan todas las empresas a la Agencia Tributaria. 

Paralelamente, los sindicatos han propuesto a las patronales CEOE y Cepyme unas subidas salariales para los cientos de convenios colectivos caducados del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024. El IPC acumulado de 2022 fue del 5,7%, según el INE. Si hubiera beneficios, se le añadirían los aumentos variables extraídos de ese índice hasta lograr el IPC o incluso superarlo, en función de dichos beneficios.

Paralelamente, los sindicatos han propuesto a las patronales CEOE y Cepyme unas subidas salariales fijas del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024

En vez de instar a la patronal a firmar una cláusula de garantía salarial al uso, mecanismo que permite la revalorización automática de los sueldos en función del IPC y que se perdió en gran medida —alrededor de un 70%— desde las reformas laborales de 2010 y 2012, CC OO y UGT proponen una cláusula de garantía salarial variable. 

El nuevo SMI alcanza a los convenios estatales más precarios: TIC, Contact Center y Centros Especiales

Gessamí Forner

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1.080 euros El nuevo SMI alcanza a los convenios estatales más precarios: TIC, Contact Center y Centros Especiales

Gessamí Forner

En un contexto inflacionista, el próximo salario mínimo interprofesional de 1.080 euros crea un nuevo paradigma laboral en el que un número mayor de colectivos con sueldos precarizados se acercan al SMI, incluso en convenios recién firmados, como las TIC, los Contact Center y los Centros Especiales de Empleo.

La variabilidad dependería de vincular la subida —o no subida— a la información que las empresas deberían remitir en ese sistema nuevo. En concreto, deberían aportar a la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre sus ventas (a partir de las declaraciones de IVA repercutido), sus compras (IVA soportado) y retribuciones salariales (modelo 111 del IRPF) desde 2014. 

Los sindicatos se muestran abiertos a que la configuración de este indicador se someta a un “proceso de diálogo y negociación”, pero exige al Gobierno una “disposición favorable a facilitar y transparentar datos necesarios”. Sería el primer sistema europeo de estas características, señala el responsable del Gabinete Económico de CC OO, Carlos Martín. 

CC OO y UGT consideran que el SIENC “reduciría los costes y tiempos de negociación y redundaría en una mejor adaptación a lo pactado a la situación de las empresas del sector y en una participación más justa de los salarios en el reparto de la productividad que ha estado lastrada, entre otros problemas, por la información asimétrica e incompleta en los procesos de negociación”. Como resultado, aseguran, el salario medio real “está estancado desde mediados de los años noventa del siglo pasado”.

Martín destaca que este índice con “información pura y actual” cambiaría las relaciones laborales, ya que supondría disponer de una “información simétrica” tanto a empresarios como trabajadores. “La patronal generalmente dice ¡ojo! ¡No podemos subir salarios porque hay que tener en cuenta la situación de las empresas! Vale, pues vamos a conocerlas, ya que precisamente su situación es boyante en muchos casos”, de inflación de segunda ronda tras trasladar los costes a los consumidores.

Durante diez años, el economista recuerda que su sindicato negoció hasta conseguir que el servicio de estadística incluyera una casilla para que las empresas apuntaran a qué convenio colectivo se adscriben los trabajadores. Cruzando esta información junto con la de la Agencia Tributaria resultaría muy sencillo discernir hasta qué punto se puede lograr un aumento salarial, asegura Martín.