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No digas nada: el CSIC se amarra al silencio cuando gestiona el acoso sexual

Era vox populi entre las científicas que en los buques del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se dan situaciones de acoso sexual. Cuando saltó a los medios de comunicación la desaparición de Mari Carmen, en la madrugada del 9 al 10 del pasado septiembre, la noticia causó revuelo, sobre todo entre las investigadoras y técnicas que veían en la muerte de una camarera del buque oceanográfico García del Cid confirmar sus sospechas de dejación institucional. La mujer dejaba marido y tres hijos. El CSIC ha anunciado recientemente el despido de la tripulación, sin dar más detalles. CC OO Catalunya insistía el miércoles en que este ERE puede crear un “precedente muy peligroso no solo en el CSIC, también en toda la Administración General del Estado”.

Para denunciar públicamente el despido colectivo, los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y la CIG emitieron la semana pasada un comunicado de prensa en el que no mencionan el caso del posible suicidio de Mari Carmen, tras una denuncia por violación y dos bajas por depresión.

Las empresas se resisten a abrir el protocolo por acoso cuando las trabajadoras lo solicitan

Gessamí Forner

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Laboral Las empresas se resisten a abrir el protocolo por acoso cuando las trabajadoras lo solicitan

Gessamí Forner

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Sindicatos y trabajadoras plantan cara a esta violencia machista invisible incluso en las estadísticas: solo Catalunya los desglosa.

El abogado Diego Leis representa a la familia de la desaparecida Mari Carmen. Informa a El Salto que están “estudiando la interposición de acciones legales” en el ámbito laboral. El despido de la tripulación no afectará un posible proceso de este tipo. Recuerda que del CSIC no ha tenido comunicación con la familia “desde la semana siguiente de la desaparición de Mari Carmen”. 

El abogado que representa a la familia de la desaparecida Mari Carmen está “estudiando la interposición de acciones legales” contra el CSIC en el ámbito laboral

La tripulación del buque oceanográfico García del Cid la componen actualmente 11 personas, a las que hay que sumar dos en excedencia y Mari Carmen, oficialmente desaparecida en alta mar. Ella dejó escrito en su diario “ciertas cosas de las que deducen que se podría haber suicidado”, señala el letrado sobre las emociones que sintió ante la noticia de volver a embarcar junto con el hombre al que había denunciado. La Guardia civil investigó tres vías, sin conclusión: suicidio, muerte accidental e inducida. Tras la desaparición de Mari Carmen, el CSIC no movilizó a parte de su flota para buscar el cadáver, como lo hizo en el caso de las niñas desaparecidas en Tenerife asesinadas por su padre en 2021, un caso de violencia vicaria que no tenía implicadas a trabajadoras del propio CSIC.

Tras denunciar una agresión sexual y pasar dos años de baja, el CSIC no ofreció a Mari Carmen medidas cautelares, a pesar de que ella solicitó ser trasladada de buque. Uno de los motivos argumentados por el organismo era que la tripulación del buque oceanográfico García del Cid era la única con convenio colectivo propio, al tratarse de personal laboral —el resto son subcontratadas—. Este parece ser el mismo argumento que vuelve a sacar a la palestra el CSIC para anunciar el despido de toda la tripulación. 

Fuentes sindicales consultadas aseguran que el CSIC podría haber negociado tanto el traslado de Mari Carmen como el ERE de la tripulación, respetando el artículo 4 del convenio colectivo del buque García del Cid. Las mismas fuentes indican que, tras el desguace del navío Cornide de Saavedra en 2014, perteneciente al Instituto Español de Oceanografía (IEO), instituto ahora integrado en el CSIC, la mayoría de su tripulación pasó a tierra como personal técnico, otros embarcaron en buques más pequeños del IEO y alguno se prejubiló. Los sindicatos no proponen dicha opción, sino embarcarles en el próximo buque pendiente de botadura. Los sindicatos advierten de que, como en el resto de naves del CSIC, la tripulación pasará a ser externalizada a Tragsa, en una nueva pérdida de empleo público.

El nuevo protocolo del CSIC incluye una Declaración de confidencialidad

Aparte del aparente castigo tardío, opaco y colectivo a la tripulación del García del Cid, el CSIC aprobó el 29 de abril el nuevo Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo, instado por el Congreso de los Diputados. En el bloque II, de ‘Garantías del procedimiento’, incluye el apartado de ‘Confidencialidad’ y, en el anexo número seis, una ‘Declaración de confidencialidad’ que, en caso de firmarla, impide hablar a los “afectados”. No distingue entre terceras personas, denunciante y denunciado. 

El texto del bloque II sugiere que la firma no es voluntaria para las personas que forman parte del proceso como acompañantes —comisiones de igualdad, compañeros, jefes, etc.—, pero no queda claro si la denunciante también está obligada a callar: 

“Las personas que intervengan en el procedimiento tienen obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva. No deben transmitir ni divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en proceso de investigación de las que tengan conocimiento. Por ello, desde el momento en que se formule la denuncia, la persona o personas responsables de su iniciación y tramitación asignarán unos códigos numéricos identificativos, tanto de la víctima, como a la persona supuestamente acosadora, preservando así su identidad, con la indicación expresa a todas las partes implicadas de que deben guardar confidencialidad. En el caso de que se vulnere dicho principio, se aplicará el régimen disciplinario (Anexo VI)”.

En la Declaración de Confidencialidad (página 38), el CSIC insta a no compartir con terceras personas del CSIC y externas “informes, documentos y datos de las personas afectadas” no solo durante el proceso de investigación, también en la “resolución”. También se firma no compartir las preguntas y resultados de las entrevistas y reuniones en las que se participe, ni “de sus propias opiniones y valoraciones” durante “todas las etapas del Protocolo”. La declaración tampoco aclara si la denunciante debe firmar y callar.

Como recordaba el diario Público, esta cláusula carente de perspectiva de género es similar a la que trató de implantar la multinacional H&M, según destapó El País en 2022 tras publicar el caso de una dependienta acosada que se negó a firmar una declaración de este tipo. El País afirmó que se trata de un documento “sin cobertura legal, secreto y que trata a las firmantes como potenciales delincuentes en caso de compartir los hechos” con alguien que no sea la dirección de la tienda. 

Con la aprobación del nuevo protocolo, al incluir esta declaración de confidencialidad, el CSIC da a entender que uno de sus objetivos es proteger el anonimato de víctima y agresor, pero también silenciar a las denunciantes que deseen dar a conocer su caso a la prensa a través de su propia voz o de terceras personas, como fuentes sindicales. La prohibición de compartir vivencias tampoco distingue entre seres queridos e incluso profesionales, como psicoterapuetas.

El protocolo no ofrece un marco para sanciones disciplinarias

Una de las integrantes del Comité de Igualdad del Instituto Español de Oceanografía, Isabel Loureiro, añade otra alerta: “Este protocolo no ofrece un marco que posibilite una sanción hasta que no haya una sentencia judicial firme condenatoria, porque así lo establece el marco legal al que siempre recurrió el CSIC para justificar la falta de sanción disciplinaria por falta muy grave ante estos casos gravísimos: el texto Refunfido del Estatuto Básico del Empleado Público, del año 2015, y el Real Decreto 33 de 1986 de las sanciones de los funcionarios públicos”. 

Difícilmente un caso de acoso sexual llega a sentencia, solo hay que recordar a Nevenka Fernández. “Entre 2008 y 2015, se registraron un total de 2.484 casos de mujeres que denunciaron acoso sexual ante sus organizaciones sindicales. Solo 49 sentencias condenaron a los agresores. Por este motivo, ante una denuncia de acoso sexual se debe aplicar siempre el principio precautorio”, añade Loureiro.

Asimismo agrega que el CSIC “está permitiendo que las empresas como Tragsa o armadoras no tomen las medidas pertinentes con los acosadores, ya que el CSIC ni siquiera hace un seguimiento de los casos que conoce”. Esta situación está ocurriendo ahora mismo con otras denuncias en curso, alerta Loureiro.

El nuevo protocolo resulta ambiguo en cuando a las sanciones: reconoce la necesidad de la “aplicación de las medidas organizativas” cuando la “víctima lo requiera”, “siempre de conformidad con esta”, y la potestad de aplicar sanciones en “procedimientos ordinarios”, sin explicar cuáles. Pero cuando los procesos son “graves”, es decir, son constitutivos de un delito de acoso sexual, el procedimiento disciplinario ordinario “queda suspendido” hasta la resolución jurídica firme.  

CCOO no firma el protocolo contra el acoso sexual en la AGE. #TrabajosLibresdeAcosoSexual
🤷‍♀️ falta de protección
🤷‍♀️falta de medidas provisionales
🤷‍♀️imposibilidad de establecer sanciones graves
🤷‍♀️dejan sin aplicación efectiva al futuro protocolo https://t.co/egHWMH9pMs pic.twitter.com/aSXe3mwTwa

— SAE FSC-CCOO (@sae_fsc_ccoo) November 22, 2022

Comisiones Obreras ha firmado este protocolo, pero se negó a firmar el 28 de febrero el ‘Protocolo de Acoso Sexual y por Razón de Sexo’ de la Administración General del Estado precisamente porque no permite sanciones disciplinarias en procesos descritos bajo el epígrafe de delito de acoso sexual.

La delegada de CC OO en Igualdad, Marta Sorribes, valora que, desde su sindicato, llevaban tiempo solicitando la actualización del protocolo y que, a pesar de que contiene apartados “mejorables”, valora positivamente incluir el ámbito para las convivencias prolongadas, como es el caso de los buques oceanográficos y la base en la Antártida. “Esperamos que, para septiembre, se cree la Unidad Comisionada para la Seguridad con una persona contratada con formación especializada y capaz de ampliar el foco al acoso laboral”, además del sexual y por motivo de sexo. Esta persona sería la responsable de establecer sanciones. En el CSIC trabajan más de 15.000 personas. 

Consuelo García del Cid es nieta del doctor que da nombre al buque desguazado. También es autora del libro Las desterradas hijas de Eva y miembro del Consejo de Mujeres Resilientes de la violencia de género. Le avergüenza que el buque haya terminado así y que el proceso haya sido tan opaco. “No se están dando las explicaciones pertinentes”, resume.