Laboral
Trabajadoras de residencias, sin paga extra y organizando un banco de alimentos para llegar a fin de mes

Un grupo de familiares en la puerta de la Residencia Parque de Los Frailes de Leganés (Madrid), de titularidad pública, pero con su gestión privatizada, comenta que por fin van a arreglar las tuberías del inmueble y los residentes disfrutarán de agua potable, problema que arrastran desde verano. Al mismo tiempo, las representantes del comité de empresa de las trabajadoras, mayoría en este feminizado sector, salen a la puerta, pancarta en mano, para denunciar que desde el 15 de diciembre llevan esperando una paga de navidad que no llega y que además la empresa les adeuda el 6,5% de incremento en los conceptos de sus nóminas entre enero y octubre de 2022, según dicta el convenio y según ganaron en los juzgados.

En la fachada de este edificio, que vive el caos en silencio, se arremolina un conato de indignación, mientras El Salto fotografía a las trabajadoras y trabajadores que hoy se atreven a protestar, no muchos. Un empleo precario, con nóminas que apenas alcanzan los 1.000 euros, enfría las ganas de pancartas. “Llevo 18 trabajando aquí, he pasado por cinco empresas. Nunca en la vida se ha dado una situación así. Lo que nos está pasando con la empresa Centenari no ha pasado nunca en la residencia”, explica Pilar Torres, delegada del comité de empresa de esta residencia.

Grupo Centenari adeuda la paga extra y los atrasos en la subida salarial a más de 1.000 trabajadoras de una docena de centros de Castilla La Mancha y de tres de Madrid

Grupo Centenari, la empresa que lleva gestionando este servicio desde septiembre de 2021, adeuda la paga extra y los atrasos en la subida salarial a más de 1.000 trabajadoras, según estimaciones sindicales, de una docena de centros de Castilla La Mancha y de tres de Madrid. En un comunicado interno, al que ha tenido acceso El Salto, la entidad asegura que tiene un “desequilibrio económico” en los contratos de licitación pública, como consecuencia “del desmedido aumento de los costes salariales y de los suministros energéticos”.

Detrás de esto, una victoria sindical, tal y como explica Torres. El convenio colectivo del sector establece una subida salarial en la misma cuantía que el IPC, siempre que el PIB sea superior a un 2%, circunstancia que se dio en 2021. Es por ello que desde enero de 2022 “todos los conceptos de nuestros contratos deberían haber subido un 6,5%”, explica Garrido. CC OO y UGT denunciaron a las patronales, que se negaron a actualizar las tablas salariales conforme a este convenio, y en noviembre de este año las trabajadoras de este sector recibieron la victoria que resolvió la Audiencia Nacional: todas las empresas debían aumentar las nóminas de sus trabajadoras y pagar los atrasos. “Nos deben los atrasos desde enero hasta octubre, además de la paga de navidad. A mí me deben 1.800 euros y trabajo en el centro de día como gerocultora. Soy de los casos menos graves porque hay personal del turno de noche que cobra más por los pluses de nocturnidad. A lo mejor a una gerocultora o a una DUE del turno de noche le suponen 2.500 euros”, explica.

Una situación crítica que se vive entre las plantillas, compuestas de muchas madres de familias monomarentales, para quienes no cobrar una paga significa un gran agujero. Torres explica que, gracias a las familias de los residentes, han organizado una recogida de alimentos que se han repartido entre las compañeras.

“Somos trabajadoras con salarios de alrededor de 1.000 euros y muchas con contratos parciales. La paga extra supone poder comprarles regalos a tus hijos. La gente se ha gastado la nómina porque esperaba esa paga"

El mismo escenario dibuja Rosa Serna, presidenta del comité de la residencia Ensanche de Vallecas. “Somos trabajadoras con salarios de alrededor de 1.000 euros y muchas con contratos parciales. Mujeres con carga de hijos y en situaciones complicadas. La paga extra supone pasar unas mejores navidades, poder comprarles regalos a tus hijos. La gente se ha gastado la nómina porque esperaba esa paga”, cuenta Serna, que añade que ha habilitado el cuarto sindical de 12:00 a 14:00 para que la gente traiga comida y así poder repartirla.

Revisión al alza

Mientras, desde grupo Centenari, entidad con la que ha intentado contactar El Salto sin éxito, exigen una “revisión al alza” de los precios que la Administración abona por plaza en el equivalente al que han sufrido los costes salariales.

Por su parte, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, en declaraciones a El Salto, asegura que ha requerido oficialmente a la empresa a cumplir con sus obligaciones con los trabajadores y recuerda que el impago de los salarios es causa de resolución del contrato. “Esta medida conllevaría la incautación de la garantía que se exigió a la empresa en el momento de su formalización, y la prohibición de volver a contratar con la Administración”, añaden mientras piden a los trabajadores que hayan visto vulnerados sus derechos que denuncien ante la inspección de trabajo. “La Comunidad de Madrid está estudiando todas las medidas a su alcance para que los trabajadores de las residencias cobren lo que les corresponde”, añaden.

“El grupo Centenari se dedica a licitar a la baja, lo que más prima en estos concursos es el precio, a costa de lo que está sucediendo ahora”, se queja Raúl Carvajal, secretario del comité por UGT de la residencia Núñez de Balboa en Albacete. Solo en esta provincia, donde esta empresa tiene su sede, grupo Centenari gestiona una decena de centros públicos. El pasado martes 27 de diciembre se manifestaban frente a su sede para exigir el pago de los atrasos y de las nóminas extras.

Carvajal pide a la administración, sea del signo que sea, que intervenga para resolver estos desequilibrios y que pidan avales antes de contratar a empresas “buitre”. Se queja de que hasta el 22 de diciembre la Secretaría General de Bienestar Social de la Junta de Castilla La Mancha no se posicionó con un comunicado en el que se habla de “posible incumplimiento en el pago de los salarios”. En este comunicado daba un día a la empresa para que demostrara que había cumplido con el pago de salarios. Pero la situación sigue igual y mientras, explica Carvajal, “aquí hay una compañera que no tiene dinero para echarle gasolina al coche para ir a trabajar”.

La puja a la baja de grupo Centenari se ve clara en el ejemplo de la residencia Parque de Los Frailes. En 2020, mientras la concesión con la anterior empresa, Aralia, se ampliaba por un tiempo de manera forzada a causa de la pandemia, la licitación salió a concurso. Se ofrecían 15.671.038,24 euros. El grupo Centenari lo conseguía por 15.357.617,48, es decir, bajando el precio de salida en más de 300.000 euros. El 22 de septiembre de 2021 se formalizaba el contrato.

“Alguien tiene que hacerse cargo de esta residencia y de los trabajadores. No nos pueden dejar de la mano de dios. Entre empresa y administración se tiran la pelota unos a otros y nadie resuelve”

Un contrato que ha cristalizado en este “callejón sin salida” en el que se encuentra Pilar Torres, según denuncia. “Alguien tiene que hacerse cargo de esta residencia y de los trabajadores. No nos pueden dejar de la mano de dios. Entre empresa y administración se tiran la pelota unos a otros y nadie resuelve”, se queja mientras anuncia futuras movilizaciones: “El día 11 de enero habrá una concentración en la puerta de esta residencia. Luego habrá otra en Agustín de Foxa , en la sede de la Dirección General del Mayor.  Y, si tenemos que ir hasta la Asamblea de Madrid allí iremos”, avisa para quien la lucha, por desgracia, solo acaba de empezar.