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Trabajo doméstico
Trabajadoras del hogar y de los cuidados: confinamiento y esclavitud contemporánea
¿Cómo podemos no reconocer como ciudadanas a cerca de 300.000 mujeres cuyas fuerzas de trabajo forman parte de la potencia económica del PIB del Estado Español por no tener papeles?
Es curioso, por no decir estremecedor, que se permita en esta tierras del bienestar situaciones vitales y laborales de vulneración total de los derechos y libertades civiles. Todo ello dentro de este “primer” mundo, gran valedor de garantías constitucionales para el desarrollo en condiciones dignas de las existencias de todas las ciudadanas y ciudadanos. Tierras con el nudo político/económico pendiente por resolver entre las actividades humanas de producción y de reproducción. Tierras que, además, acumulan un histórico de luchas sólidas por los derechos laborales (siempre amenazadas por parte de machocuerpos empleadores que estrangulan y acumulan lo expropiado a muchas ciudadanas).
Tierras donde a pesar de existir una OIT —Organización Internacional del Trabajo— está totalmente normalizado el expolio de la riqueza y de la potencia económica generada por ciudadanas que han tenido que abandonar sus entornos familiares de origen para trascender las violencias que las atraviesan —y de las que no son responsables. Violencias generadas por un sistema colonial, racista y extractivista impuestos desde las estructuras de pensamiento machoblancas.
Tierras donde 700.000 cuerpos “mujeres” asumen los Trabajos del Hogar y de los Cuidados y necesitan la urgente ratificación del Convenio 189 y Recomendación 201: un trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos por parte del gobierno del Estado español.
El trabajo de las 300.000 empleadas domésticas que no podrán acceder al subsidio previsto por el estado por cuestiones administrativas es parte del sistema para amortiguar todo el desbarajuste psicosocial que ha producido este tsunami vírico
Tierras del bienestar donde sólo alrededor de 400.000 de ellas (dadas de alta y con papeles) podrán recibir la ayuda extraordinaria para empleadas de hogar aprobada por el Gobierno del Estado Español a través de la Resolución del 30 de abril de 2020 del Servicio Público de Empleo Estatal, como subsidio para compensar la violencia económica consecuencia de esta crisis vírica que agrava una situación anterior espeluznante o de esclavitud contemporánea para muchas de ellas.
Pero esto deja una situación insólita. Alrededor de 300.000 no-ciudadanas restantes no podrán optar a tal ayuda extraordinaria al no caber dentro del marco formal para la obtención de la misma, debido a unos requisitos opresores y misóginos del pater-estado. Cuando lo curioso es que el pater-estado es fuertemente dependiente de las fuerzas de trabajo de estas 300.000 no-ciudadanas para poder mantener las estructuras de cuidados esenciales, pero a pesar de su dependencia las sigue negando como ciudadanas de pleno derecho. Todo esto mantenido por unas políticas que las sitúan como cuerpos que no pueden ejercitar su condición política, condición indispensable, como bien sabemos, para poner en práctica sus derechos y libertades civiles como nos diría la extraordinaria y no-banal, Hannah Arendt.
Curiosamente estas 300.000 no-ciudadanas (no reconocidas por el pater-estado con tal condición política) forman parte de la potencia económica del PIB del Estado español. Además, durante todo este proceso de encierro o disloque mental colectivo versus aplastamiento neototalitario machobélico, se ha revelado, aunque ya muchas lo teníamos muy claro y fresco, que el trabajo de estas 300.000 no-ciudadanas que asumen las actividades propias del Hogar y de los Cuidados es parte del sistema para amortiguar todo el desbarajuste psicosocial que ha producido este tsunami vírico. Además de sostener, antes del virus, todos los trabajos que necesita la viva para mantenerse con vida.
Sin embargo, lo que ha puesto sobre la mesa esta excepcionalidad social, es que cuanto más esencial es un trabajo, más feminizado está, y menos valor retributivo tiene —lógica perversa que desgrana la economista feminista, Amaia Pérez Orozco, en su lúcida comparecencia en la Comisión de Reconstrucción el pasado 31 de mayo en el Congreso Estado Español.
Es decir, alrededor de 300.000 no-ciudadanas que forman parte de la potencia económica del PIB y que asumen los trabajos esenciales contingentes para mantener el andamiaje del pater-estado siguen sin ser consideradas ciudadanas, y por lo tanto, no pueden poner en práctica su condición política (requisito básico para el ejercicio de los derechos y libertades en las tierras del bienestar) imposibilitando poder recibir ese subsidio compensatorio o ayuda extraordinaria.
¿Cómo podemos no reconocer como ciudadanas a cerca de 300.000 cuerpos “mujeres” cuyas fuerzas de trabajo forman parte de la potencia económica del PIB del Estado Español por no tener papeles pero sabiendo que son ellas quienes sostienen parte de los trabajos esenciales contingentes para la continuidad de la vida durante esta crisis sanitaria?
Lo que ha puesto sobre la mesa esta excepcionalidad social, es que cuanto más esencial es un trabajo, más feminizado está, y menos valor retributivo tiene
Todo esto nos recuerda que tenemos pendiente el ejercicio político o la politización máxima de los trabajos que se amontonan en el hogar o espacio doméstico. Nombrar, cuantificar y desentrañar, todo lo que se acumula ahí dentro, para establecer nuevas políticas de distribución de los cuidados. Nuevas infraestructuras públicas que posibiliten la realización de los Trabajos del Hogar y de los Cuidados desde condiciones laborales dignas, desde otros andamiajes públicos por inventar (por nosotras).
Urge salir de la creencia que coloca al espacio doméstico como un “asunto privado” por toda la herencia que arrastramos del hogar como patrimonio del pater-familias, salir de la imposición del individualismo como estrategia para la vida (cuando es la dirección contraria para el desarrollo del asunto vital en condiciones dignas), romper con el desaguisado histórico que implica que todos esos trabajos devaluados, confusos, no-nombrados, no-cuantificados y amontonados han sido, y son en su mayoría, asumidos por cuerpos “mujeres” y en un altísimo porcentaje por cuerpos “mujeres” madres.
Entonces la situación que tenemos ahora es que todo ese trabajo amontonado —no clarificado— se externaliza en cuerpos “mujeres” originarias de tierras pertrechadas de violencias blancocolonialistas. Se cambia a los cuerpos “mujeres” por otros cuerpos “mujeres” sometidos a más violencias.
Cuerpos que demuestran unas potencias de ser y fortalezas —indiscutibles— al abandonar sus entornos psicoafectivos de origen. Articulando una valiosísima función de ser transmisoras de saberes y haceres de lo logístico, alimentario, sanitario, espiritual y psicoafectivo, no atravesadas por la fuerte individualización propia del ensimismamiento blanco burgués que defiende el encierro en las problemáticas del hogar como destino único, que vive el cuidado como un problema, no como una fuente de riqueza, y que no reconoce el cuidado como nudo político al que dotar de nuevas soluciones. Como nos diría la pensadora, Ochy Curiel, desarrollando todo una seria de prácticas sociales y de construcción de pensamiento propio a experiencias concretas que engranan todo un proceso de cimarronaje sociocultural e intelectual.
La afroactivista e investigadora, Sheila S. Walker, habla del proceso afrogénico para nombrar a lo sucedido en las tierras de América o Abya Yala. Aquí tendríamos que pensar en cómo nombramos al proceso de cimarronaje de los ciudados asumidos por cuerpos “mujeres” originarias de contextos atravesados por violencias y que, gracias a su capacidad de trabajo, sostienen en gran medida, el mantenimiento de la vida en el Estado Español.
¿Tenemos derecho a la expropiación de cuerpos “mujeres” de contextos atravesados por violencias colonialistas para seguir evitando resolver el problema actual de quién y cómo asume todos los trabajos esenciales para la continuidad de la vida?
¿Tenemos derecho a la expropiación de cuerpos “mujeres” de contextos atravesados por violencias machocolonialistas y de sus experiencias vitales para seguir evitando resolver el problema actual —que nos quema cual patata caliente— de quién y cómo asume todos los trabajos esenciales para la continuidad de la vida? Esta situación exige que le pongamos mucha velocidad y foco al hecho de tener que articular nuevas políticas de distribución del cuidado superando las cosificación del género. Nuevas infraestructuras públicas aplicando la imaginación política, nuevas fórmulas para desentrañar/nombrar/cuantificar todos los trabajos que se acumulan en el espacio doméstico o en los hogares.
Otra cuestión urgente que atender para establecer medidas públicas paliativas es sobre cómo se ha intensificado durante esta nueva era vital-vírica-panóptica el eje opresor sobre estos 300.000 cuerpos “mujeres” no-ciudadanas que asumen los Trabajos del Hogar y de los Cuidados. Eje que reproduce situaciones vitales de esclavitud contemporánea dentro de estas tierras del bienestar. Dentro de estas tierras de luchas sindicales por los derechos laborales, que no son otra cosa que las luchas que hacen posible desarrollar una actividad productiva bajo garantías que respeten los derechos y libertades civiles para crear sostén económico con el que desarrollar un proyecto vital más amplio y extenso (porque la vida es más amplia que la vida vivida durante el tiempo asalariado).
Eje opresor armado por las coordenadas de (1) falta de accesibilidad a la vivienda, (2) por la dificultad para no poder poner en práctica la propia condición política al no tener “los papeles”, (3) por el ejercicio de unos trabajos fuertemente devaluados que tienen normalizados todo un sistema de abusos (abuso psicoemocional, abuso vital, abuso espacial y abuso económico) y (4) por la intensificación de las secuelas psicológicas que traen de experiencias traumáticas en sus tierras de origen donde los cuerpos “mujeres” son los territorios donde aplicar las pedagogías de la crueldad, como nos recuerda Rita Segato (La guerra contra las mujeres, 2017).
Pensemos en cómo generar condiciones que respeten los derechos y libertades civiles de 300.000 no-ciudadanas que asumen los Trabajos del Hogar y de los Cuidados para que puedan desarrollar sus propios proyectos vitales en estas tierras, que también son suyas, tierras del bienestar. Proyectos vitales que necesitan condiciones de trabajo dignas, la no expropiación de sus cuerpos y de sus experiencias vitales (no vale esto de luchar por la emancipación expropiando las vidas y experiencias de otros cuerpos “mujeres”) y la posibilidad de establecer políticas de cuidado psíquico, de bienestar psicológico, para quienes cuidan y sostienen la vida.