Ley de Vivienda
La ley antidesahucios catalana ha impedido 200.000 cortes de suministro desde 2015

Cuarenta y tres años después de la Constitución Española sigue sin haber una Ley de Vivienda estatal que garantice el “derecho humano” a la vivienda. Algunas comunidades autónomas se adelantaron y desarrollaron su propia normativa. En el caso de Catalunya, fueron la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, las organizaciones sociales que trabajaban desde la calle para detener los desahucios y los cortes de suministros, quienes redactaron, lanzaron una iniciativa legislativa popular con 150.000 firmas y consiguieron que todos los partidos aprobaran la 24/2015, también conocida desde entonces como la ley antidesahucios.

La ley que promueven el movimiento de vivienda, los sindicatos y los socios del Gobierno marca el camino al PSOE

Martín Cúneo

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Ley de Vivienda

Ley de Vivienda La ley que promueven el movimiento de vivienda, los sindicatos y los socios del Gobierno marca el camino al PSOE

Martín Cúneo

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Ante el retraso del Gobierno, una amplia coalición de organizaciones sociales y sindicales presenta una Ley de Vivienda que garantiza el derecho humano a un techo digno y asequible. Nueve partidos registran la ley en el Congreso.

Seis años después de su aprobación, un estudio de la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingeniería sin Fronteras pone cifras a la aplicación de la ley catalana, convertida en un ensayo general de una ley que garantice el derecho humano a la vivienda.

Su implementación “no ha sido fácil” cuentan los autores del informe y “ha requerido de un gran esfuerzo, sobre todo de la administración local, la más cercana a la ciudadanía, para incorporar las obligaciones que se derivan de la ley”. 

En 2016, el PP estuvo cerca de acabar con ella cuando impugnó ante el Tribunal Constitucional buena parte de su articulado, sobre todo la parte que se refería a los desahucios y a la obligación para los bancos y fondos de inversión de ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables. 

En 2018, el grupo promotor de la 24/2015 consiguió que el Constitucional restituyera la totalidad de la ley. En 2019 nuevos decretos ampliaron las conquistas de la ley antidesahucios, aunque fueron nuevamente impugnados por el Constitucional a principios de 2021. En estos seis años, la garantía de suministro para familias vulnerables ha sido la parte de la ley que menos ha sufrido las tensiones políticas, pero también de la que menos documentada con datos y estadísticas.

Las organizaciones del Grupo Promotor de la 24/2015, gracias al contacto con los afectados y las familias vulnerables, siempre han defendido que se trata de “una ley eficaz”. Ahora, disponen de más datos para justificarlo.

Más de 200.000 familias vulnerables pudieron seguir calentando sus casas, cocinando o utilizando agua por la aplicación de la 24/2015, una ley referente a la hora de negociar la ley estatal de vivienda

Una de las conclusiones más relevantes del informe es la cantidad de hogares que se han librado de cortes en los suministros gracias a esta ley: en concreto, más de 200.000 familias vulnerables pudieron seguir calentando sus casas, cocinando o utilizando agua por la aplicación de la 24/2015. Los datos del informe provienen de 45 ayuntamientos y 33 entes supramunicipales que, en conjunto, representan 693 municipios, es decir, el 73% de los consistorios de Cataluña y el 83% de la población total.

“La Ley 24/2015 es una herramienta poderosa para proteger el derecho a los servicios básicos de las personas vulnerabilizadas. Necesitamos datos, creatividad jurídica y técnica así como espacios de intercambio de experiencias para exprimir todo su potencial y maximizar su efectividad”, aseguran.

Una ley que sirve de referente

Además de prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, la ley dispone que las empresas suministradoras deben comprobar con Servicios Sociales si se trata de una familia vulnerable antes de cortar el agua, la luz o el gas, dos medidas clave que el movimiento de vivienda y la izquierda parlamentaria quiere incluir en la Ley de Vivienda que está negociando el Gobierno con sus socios. 

La gran novedad es el llamado principio de precaución: el corte no se puede realizar hasta que la administración certifica que no se trata de una familia con problemas de exclusión o vulnerable. Antes, era el propio afectado quien tenía que conseguir un informe favorable, muchas veces con los suministros ya cortados. Ahora es la empresa quien debe hacerlo. Y mientras no haya respuesta de Servicios Sociales, la ley no permite que se produzcan cortes de suministro.

Resulta complicado tener cifras del impacto de una de las leyes de vivienda más avanzada de Europa. En primer lugar porque la mayoría de los artículos que hacían referencia a los desahucios estuvieron suspendidos los dos primeros años de aplicación.  Y otros vuelven a estarlo después de que el Constitucional suspendiera los decretos de 2019.

Además de los 200.000 cortes evitados, el informe habla de 100.000 hogares protegidos por la ley y 914 contadores sociales de agua para familias en situación de vulnerabilidad que ocupan una vivienda en precario

Las organizaciones impulsoras de la ley llevan años pidiendo al Gobierno catalán que recopile y sistematice la información derivada de la aplicación de la 24/2015, pero la Generalitat no ha proporcionado más que “declaraciones aisladas”. Este es precisamente el objetivo de este informe: “Arrojar luz”.

Además de los 200.000 cortes evitados, el informe habla de 100.000 hogares protegidos por la ley y 914 contadores sociales de agua para familias en situación de vulnerabilidad que ocupan una vivienda en precario. 

Cuando se cumplían cinco años de vida de la 24/2015, la portavoz de la PAH Lucía Delgado celebró el cumpleaños de una norma que “ha demostrado ser útil y necesaria para, literalmente, salvar vidas”. Una ley que solo en 2019 había evitado mil desahucios y había permitido a 675 familias firmar un alquiler social, según datos de la Agència d’Habitatge.

Muchos de los principios que defiende la ley 24/2015 se han convertido en irrenunciables para el movimiento de vivienda y para las organizaciones y partidos políticos que han asumido parte de sus reclamos. El principio de precaución, el silencio positivo de la administración, la cesión obligatoria de pisos de grandes tenedores, la prohibición de cortes de suministro o de desahucios sin alternativa habitacional han entrado para quedarse en las políticas de vivienda en España. Y todo gracias a la 24/2015 y a los movimientos sociales que lo hicieron posible.