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Castilla-La Mancha aprueba por unanimidad su Ley LGTBI
La nueva ley plantea la prohibición de las terapias de conversión, la inclusión de contenidos sobre diversidad en el currículo y formación del profesorado, e impulsa medidas para la no discriminación laboral o en el acceso a la salud de las personas LGTBI.
Miembros de colectivos LGTBI se han desplazado a Toledo para celebrar la aprobación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha. Imagen de la Federación Estatal LGTBI+.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy por unanimidad la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, una ley que, “aunque se deja cosas en el tintero”, supone un “avance importante”, según ha señalado el coordinador autonómico de Podemos en la región, José Luis García Gascón.
La normativa, que ha tenido un proceso de tres años hasta convertirse en ley, plantea la prohibición de las terapias de conversión, la inclusión de contenidos sobre diversidad en el currículo y formación del profesorado, e impulsa medidas para la no discriminación laboral o en el acceso a la salud de las personas LGTBI.
“Esta ley coloca a Castilla-La Mancha en el listado de comunidades autónomas, ampliamente mayoritarias ya, que han dado un paso adelante y han aprobado leyes LGTBI o trans”, destacan desde Amnistía Internacional. Con la aprobación de esta nueva ley autonómica son ya trece las comunidades autónomas con una ley LGTBI.
“Esta ley coloca a Castilla-La Mancha en el listado de comunidades autónomas, ampliamente mayoritarias ya, que han dado un paso adelante y han aprobado leyes LGTBI o trans”, destacan desde Amnistía Internacional
Pero desde esta organización en defensa de los derechos humanos señalan que, aunque el articulado plantea avances positivos, “es imprescindible garantizar una adecuada aplicación de la ley y dotarla de recursos adecuados para que las medidas propuestas pasen a ser una realidad”.
Desde Podemos esperan que esta ley será complementada en breve por la futura Ley Trans y LGTBI estatal, cuyo trámite continúa después de que el Consejo General del Poder Judicial haya dado a conocer su informe, no vinculante, sobre el texto del proyecto de ley, en el que echa un jarro de agua fría sobre muchas de las reivindicaciones del colectivo e incluso cuestiona la prohibición de las terapias de conversión expresada ya en varias legislaciones autonómicas.
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