Memoria histórica
Solicitan al Defensor del Pueblo que interponga recursos contra la derogación de las leyes de memoria

Más de sesenta entidades han firmado un escrito para que el organismo acuda al Tribunal Constitucional.
Asociaciones memorialistas
Asociaciones memorialistas presentan una demanda ante el Defensor del Pueblo.

“Hoy, 18 de julio, condenamos el golpe de Estado que llevó a la muerte a miles de personas en este país y solicitamos al Defensor del Pueblo que se sume a nuestra lucha por los derechos humanos e interponga recursos de inconstitucionalidad a la derogación de las leyes de memoria que ha impulsado la extrema derecha con la complicidad del Partido Popular”. Así de contundente se ha mostrado Maria Antònia Oliver, presidenta de la Associació de Memòria de Mallorca, que ha acudido a Madrid junto a Ángel González, de la Coordinadora del País Valencià, y Jorge Suárez, de Cantabria, para presentar un escrito ante el organismo. También piden al Defensor que inicie recursos de amparo para frenar la tramitación de la abolición de las normas balear y cántabra.

Oliver asegura que “el derecho internacional avala las leyes de memoria y la Constitución Española, también. Por ello, no se entiende que los parlamentos autonómicos estén anulando normas que otorgan derechos fundamentales”.

“Sindicatos, feministas, entidades culturales… todos se han alineado con nosotros y consideran que esta norma genera más discordia que entendimiento”.

Por otro lado, el movimiento memorialista confía en el Gobierno para tumbar las leyes de la concordia que se están elaborando. En el caso del País Valencià, Ángel González recuerda que “hace unos días, la ministra Diana Morant dijo públicamente que, cuando se publique la norma aprobada en las Corts en el Diari Oficial de la Generalitat, el ejecutivo actuará en su contra para derogarla. Y a mí, en privado, me lo repitió”. Se trata de la Ley de la Concordia de la Comunidad Valenciana que se votó hace una semana, el 11 de julio, y contó con el apoyo de PP y Vox y la reprobación de PSPV-PSOE y Compromís.

“La sociedad valenciana está en contra de esta norma”, añade González. “Sindicatos, feministas, entidades culturales… todos se han alineado con nosotros y consideran que esta norma genera más discordia que entendimiento”.

Un borrado de la memoria

El 18 de junio el presidente del Parlament balear, el ultraderechista, Gabriel Le Senn, rompía con rabia la fotografía de la militante antifascista Aurora Picornell durante la toma en consideración de una norma que derogará la ley de memoria democrática de Balears. Con este gesto, que se viralizó en poco tiempo, Le Senn simbolizaba el borrado que Vox y PP planean sobre las leyes autonómicas de memoria de este territorio insular, País Valencià, Castilla y León, Aragón o Cantabria.

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Ese mismo día el Tribunal Constitucional (TC) paralizaba de manera cautelar la ley que viene a derogar la norma en Aragón, primer territorio donde se aprobó este intento de barrido de la memoria el pasado mes de febrero. A finales de mayo el Gobierno anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma y así lo hará con todas las que se vayan aprobando.

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