Memoria histórica
El camino que siguen las leyes que quieren borrar la memoria

El pasado martes 18 de junio el presidente del Parlament balear, el ultraderechista, Gabriel Le Senn, rompía con rabia la fotografía de la militante antifascista Aurora Picornell durante la toma en consideración de una norma que derogará la ley de memoria democrática de Balears. Con este gesto, que se viralizó en poco tiempo, Le Senn simbolizaba el borrado que Vox y PP planean sobre las leyes autonómicas de memoria de este territorio insular, País Valencià, Castilla y León y Aragón.

Protestas dentro y fuera del Parlament balear por el arrebato autoritario de su presidente

Mireia Balasch

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El Gobierno estudia si toma medidas legales contra Gabriel Le Senne mientras los mallorquines salen a la calle para defender a las víctimas del franquismo.

Ese mismo día el Tribunal Constitucional (TC) paralizaba de manera cautelar la ley que viene a derogar la norma en Aragón, primer territorio donde se aprobó este intento de barrido de la memoria el pasado mes de febrero. A finales de mayo el Gobierno anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma y así lo hará con todas las que se vayan aprobando. Y lo que hizo el otro día el Constitucional fue aplicar la ley de manera automática, tal y como explica Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).

Lara detalla que cuando se presenta un recurso de inconstitucional por parte del Gobierno en relación con una ley autonómica, la ley autonómica queda en suspenso hasta que se pronuncie el Constitucional, y así lo marca el artículo 161.2 de la Constitución. “Cuando se admite a trámite el recurso conlleva automáticamente la suspensión. No prejuzga el fondo. No es que esté en ningún caso ni siquiera apuntando a una resolución estimatoria. Es un mecanismo automático”, indica.

La Ley 1/2024 de Aragón no es más que un artículo con el que se deroga por completo la ley de memoria histórica autonómica

Es ahora cuando el TC tendrá que dirimir si, como argumenta el gobierno, la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón es inconstitucional. Y, siempre según el Gobierno, lo sería en dos puntos: de un lado vulnerando los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas y del otro la norma podría ser contraria a competencias estatales. Lara explica así los argumentos del Gobierno para derogar la reforma: “El Gobierno quiere poner de manifiesto que con esa norma se violenta la dignidad de las víctimas de la dictadura. Esa ley supone un ataque fundamental a la dignidad, respeto y derechos que asisten a las víctimas y esto impacta en los derechos fundamentales. Y, por otro lado, se podrían estar violando competencias de carácter estatal”.

Un único artículo

En realidad, la Ley 1/2024 de Aragón no es más que un artículo con el que se deroga por completo la ley de memoria histórica autonómica. Por eso el abogado de CEAQUA habla de una ley, que no es en realidad una ley sino un borrón que “solo pretende establecer una batalla cultural y la teoría de los dos demonios que es lo que mantiene siempre la extrema derecha, tanto en el estado Español como en otros países”.

La ley de Aragón “solo pretende establecer una batalla cultural y la teoría de los dos demonios que es lo que mantiene siempre la extrema derecha, tanto en el Estado Español como en otros países”

“Pretenden equiparar a víctimas y a victimarios y decir que todo el mundo cometió graves violaciones de derechos humanos. Trata de establecer mecanismos de concordia y pone de manifiesto las posiciones negacionistas que surgieron durante la transición. A mí no me sorprende porque todos sus discursos han girado en torno a esta batalla. Hemos pasado de lo que es el discurso a medidas legislativas concretas”, manifiesta Lara.

Y eso que las leyes autonómicas que pretenden derogar Vox y PP  eran “limitadas” ya que el ámbito competencial es “claramente insuficiente”, explica este abogado. Pero "el establecimiento de políticas públicas de memoria suponía un avance sustancial. Si tú derogas esas leyes y estableces mecanismos que plantean la batalla cultural, política y social, no solo es que estableces un claro retroceso sino que avanzas en posiciones negacionistas", concluye.

La ley de Aragón suprimía estructuras orgánicas como la Comisión Técnica de Memoria Democrática de Aragón así como el Censo de memoria democrática de Aragón, las rutas de memoria, el inventario de lugares o el centro de investigación

De hecho, la ley de Aragón que, ahora está en suspenso, suprimía estructuras orgánicas específicas de memoria democrática en la Administración como la Comisión Técnica de Memoria Democrática de Aragón así como el Censo de memoria democrática de Aragón, las rutas de memoria, el inventario de lugares y el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón.

El itinerario del resto de leyes de concordia

Mientras, se sigue cocinando la tramitación de textos similares que PP y Vox planean sacar adelante en Castilla y León, País Valencià y Baleares. En el caso castellano-leonés, la toma en consideración se espera para septiembre. La fecha prevista era el pleno de este junio, pero el propio portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, explicó que “era complicado” aprobar la Proposición de Ley en este periodo de sesiones al existir más asuntos presentados por antelación, aunque confirmó que está hablado con sus socios del PP para que está se produzca al retomar las sesiones del próximo curso.

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El texto elimina aspectos como el banco de ADN o el centro documental de la memoria, que sí se incluían en el decreto al que sustituye, lo que se puede interpretar como una cesión del PP a Vox, ya que la norma anterior se aprobó cuando los populares gobernaban en solitario. En concreto, la nueva ley de concordia sustituirá al Decreto 9/2018, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. La nueva norma recoge en su exposición de motivos un redactado muy similar al que se da en el caso valenciano y balear, recogiendo que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo. Tampoco se ha dado entre los historiadores, (...), ni entre los ciudadanos, cada uno con su particular e inexpugnable acervo de recuerdos y relatos heredados de padres, abuelos y bisabuelos”.

El texto elimina aspectos como el banco de ADN o el centro documental de la memoria, que sí se incluían en el decreto al que sustituye, lo que se puede interpretar como una cesión del PP a Vox

En el caso balear, la ley ya ha pasado el trámite de consideración. Fue el pasado martes, cuando Le Senne acabó rompiendo una fotografía de Aurora Picornell, una víctima del franquismo. La diputada socialista Mercedes Garrido, miembro de la Mesa del Parlament, tenía la imagen apoyada en su ordenador portátil, y en un manotazo, Le Senne desgarró de forma violenta el retrato. El debate para su aprobación definitiva se espera también para septiembre, y supondrá la eliminación de una ley aprobada por el anterior Consell, que curiosamente contó con el voto a favor del PP, entonces en la oposición.

Con la derogación definitiva quedarán en suspenso medidas y actuaciones dirigidas a dignificar a las víctimas del franquismo, como la retirada de menciones, vestigios y símbolos de la dictadura. La anterior ley articuló una Comisión Técnica de Memoria y Reconocimiento Democráticos, que se encargó de llevar a cabo un censo de símbolos, leyendas y menciones de exaltación franquista y que estaban destinados a ser eliminados o retirados.

Un trabajo que decae, al desaparecer en el nuevo redactado, en el que también se eliminan los contenidos curriculares educativos destinados a fomentar el conocimiento sobre el periodo comprendido entre la II República y la aprobación del Estatut d’Autonomia. Otro aspecto que desaparecerá es el impulso y la protección de los Espacios e Itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos, así como los actos de homenaje institucional a víctimas y represaliados. También se verán afectadas las entidades memorialistas y asociaciones de víctimas, que ni siquiera son nombradas en el nuevo redactado. Además, se elimina la prohibición de cualquier manifestación o exaltación de la sublevación militar, de la dictadura o del dictador Francisco Franco.

La propuesta valenciana ya superó el pasado abril el trámite de la toma en consideración. Incluso ya ha pasado por la primera sesión de la la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración. Hace dos semanas, tanto PSPV-PSOE como Compromís trataron de impulsar una enmienda a la totalidad que paralizase su tramitación, pero la mayoría parlamentaria de PP y Vox tumbó la iniciativa. El texto volverá así a la citada comisión, donde se pueden realizar enmiendas parciales. La iniciativa recoge aspectos muy similares a la balear y la castellano-leonesa, también a la de Aragón. Aún así, los partidos que apoyan al gobierno de Carlos Mazón han asegurado que se trata de un caso muy diferente al aragonés para justificar su rechazo a retirar su tramitación tras la decisión del constitucional. Una afirmación que es difícil de sostener, puesto que contiene medidas muy similares y deroga una normativa también muy similar a la del caso aragonés.