Memoria histórica
Relatores de la ONU piden a España que actúe contra las leyes antimemoria de tres autonomías

Importante informe de la relatoría especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, y reparación de Naciones Unidas, que sitúa en el foco la promoción de tres leyes autonómicas españolas nominalmente calificadas como de “concordia”. Son las aprobadas o presentadas en iniciativa parlamentaria por las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia y son una amenaza a la letra de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por el Gobierno central.

Tres relatores de la ONU —Fabian Salvioli, relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, presidenta-relatora del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias— firman un documento que alerta de que esas tres leyes “podrían afectar a la obligación del Estado Español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales y/o locales, en materia de derechos humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”.

Salvioli, Baldé y Tidball-Binz, recuerdan al Estado y sus tres poderes la obligación “de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos” y alertan de las tres normas aprobadas o en proceso de aprobación, “toda vez que ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia, pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil, pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen”.

En Valencia, Aragón y Castilla y León, quedan en el aire las subvenciones a asociaciones memorialistas y se disuelven organismos públicos de persecución de la verdad, justicia y reparación

El informe detalla que entre otras medidas la ley aprobada por Aragón, que deroga una norma previa de 2018, “no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975)”, suprime un gran número de entidades y actividades de memoria histórica así como el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática, el cual incluye un mapa de fosas comunes de Aragón. 

En abril, el Gobierno de Sánchez anunció que llevaría al Tribunal Constitucional (TC) las leyes aprobadas por la Generalitat valenciana y Castilla y León, y que llevaría a cabo una reunión con Aragón que, de no fructificar, también supondría la presentación de un recurso en el TC.

Trampas de todos los colores

En el caso de Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco discute desde marzo un proyecto de ley de “concordia” presentado por su grupo, PP y por Vox. El proyecto, tal y como registra la ONU, suprime la palabra “dictadura” para referirse al periodo histórico del franquismo, y “no incluye una condena expresa a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978”. La ONU también se muestra preocupada por el artículo 4.4, que regula las exhumaciones y podría supeditar el derecho a la verdad sobre el destino y paradero de las víctimas al derecho a la protección de datos de victimarios y sus descendientes. “El proyecto de ley de 'concordia' presentado ante las Cortes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al negarse a nombrar y condenar al régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad en las mismas”, señala Naciones Unidas.

La más reciente de estas leyes de “concordia” fue presentada el 21 de marzo de 2024 por los grupos Parlamentarios Popular y Vox de Valencia. La norma impulsada por el Gobierno de Carlos Mazón amplía el objeto de la ley estatal e incluye un mismo régimen de protección a “las víctimas de la Segunda República y del terrorismo etarra e islámico” que a las víctimas a las que hace referencia la ley No. 20/2022, lo cual a entender de Naciones Unidas “desvirtúa el objetivo de las No. leyes 20/2022 y No. 14/2017 de atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la guerra civil”. Como en los casos de Aragón y Castilla y León, quedan en el aire las subvenciones a asociaciones memorialistas y se disuelven organismos públicos de persecución de la verdad, justicia y reparación.

El rapapolvo a España se ciñe a los estándares internacionales ratificados por España que incumplen estas normas. Concretamente, los del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la resolución 33/19 del Consejo de Derechos Humanos sobre derechos humanos y justicia transicional, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

El Mandato hecho público hoy, 3 de mayo, solicita una respuesta y anuncia que se incorporará al informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.