Migración
Efectos colaterales de la política de extranjería: migrantes víctimas del lucro

Una política migratoria en el contexto actual debería de empezar por (re)construirse en torno a la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes. Además de la violencia, las irregularidades y privaciones que se ha documentado en los Centros de Internamiento de Extranjeros y en las fronteras, el colectivo migrante es vulnerado sistemáticamente a través de procesos aparentemente legales. Tanto la burocratización de los trámites de extranjería, como la disminución de los presupuestos autonómicos destinados a auxiliar a las personas migrantes, son ejemplos de los pequeños detalles a pie de la ley que obstaculizan que las personas migrantes en el Estado español ejerzan y conozcan sus derechos.

Delante de la barrera idiomática, entre el choque cultural y el desconocimiento del sistema judicial, ¿cómo se accede a la Ley de extranjería por cuenta propia? ¿Qué oportunidades hay realmente de iniciar un proceso de regularización?

LA FLAQUEZA DE LAS INSTITUCIONES GALLEGAS

Luis, de 24 años, llegó a Galicia en 2017. Encontró por su cuenta, en la página web oficial del Ministerio de Extranjería,que podía regularizar su situación legal a través de un “arraigo familiar”, ya que es hijo de una emigrante española. Sin embargo, al cabo de un año perdió dicha residencia por no conseguir un contrato de trabajo. A partir de ahí ninguna asesoría jurídica ni institución pública a las que acudió le mencionó que tenía derecho a exigir la nacionalidad por opción. A pesar de que su caso puede considerarse “privilegiado” respecto a la mayoría por su ascendencia directa, Luis lleva dos años sin poder salir de su situación irregular, en parte por la inadmisible falta de conocimiento de la legislatura por parte de las instituciones, en parte por el retraso en la resolución del trámite.

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Lejos queda el periodo comprendido entre 2003 y el 2009, en el que el gobierno autonómico desarrolló con fuerza una política de integración de migrantes. En esa etapa se creó la Dirección Xeral de Apoio á Inmigración, se puso en marcha el Plan Galego de Cidadanía, Convivencia e Integración, además de la activación de organismos especializados en integración de inmigrantes a niveles locales. También, en ese mismo periodo, se creó el Observatorio Galego da Inmigración e Loita contra o Racismo e Xenofobia adscrito a la Consellería de Emigración.

Hoy, la Xunta de Galicia no tiene ningún programa ni organismo específico en materia de inmigración. 

Es a partir del 2009, como consecuencia de una iniciativa de política de austeridad ante la crisis económica, que el gobierno de Núñez Feijóo recalibró sus prioridades en materia de política social y centró su atención en la emigración gallega. Se eliminó el Observatorio mencionado, se disminuyeron presupuestos destinados a la atención de población extranjera. Además, el presupuesto autonómico destinado a subvencionar programas de atención a inmigrantes llevados a cabo por Concellos y entidades sin ánimo de lucro de redujo en un 92%: de casi 6.8 millones de euros anuales en 2009 a 500.000 euros para el año 2015. 

Hoy, la Xunta de Galicia no tiene ningún programa ni organismo específico en materia de inmigración. Tampoco se renuevan los planes autonómicos y descienden los recursos técnicos administrativos de la Xunta en esta área.

La escandalosa disminución de presupuestos y, por tanto, de entidades especializadas, obstaculiza el cumplimiento de los derechos de la población extranjera. La poca difusión de la reducida oferta de servicios de enseñanza de idiomas oficiales, métodos de integración o asesoramientos legales, hace de la situación de irregularidad un estado del que es complicado salir y que vulnera sistemáticamente a los migrantes.

DERECHOS “DISPUESTOS”

Según el artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000, los extranjeros en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones que los “ciudadanos españoles”, además de asistencia de intérprete en caso de no dominar la lengua oficial del territorio en el que se encuentren. Cabe mencionar que dichas asistencias serán gratuitas cuando, según los criterios establecidos, se demuestre que las personas extranjeras no tienen los recursos económicos suficientes para acudir a una asistencia privada. 

Clara Gómez, asesora jurídica de Diversidades Acoge, una asociación que atiende a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, confirma que “cualquier persona que no tenga los recursos para sufragarse en una consulta jurídica, debe acudir a un colegio de abogados para apuntarse en el turno de oficio. Además, las administraciones públicas en ocasiones pagan ciertos puestos de asesoría jurídica en asociaciones como Diversidades. El Estado español ofrece asesoramiento legal gratuito e incluso representación gratuita al colectivo migrante en tanto que a otra persona. Es una garantía social inquebrantable.”

A pesar de que esa información sea de libre acceso, de todas las personas migrantes entrevistadas para este artículo, sólo una, Esthela Kuri, sabía de dicha garantía e hizo uso de los servicios de asesoramiento legal gratuito para migrantes que ofrece el Estado. Con todo, cabe señalar que Esthela se vinculó con una ONG que atendía a extranjeros, lo que hace de su acceso a la información, un caso particular: “Yo vine a estudiar un máster en Gestión Cultural. Cuando me quedé sin documentación, que era el visado de estudiante que tenía, di con una fundación de trabajo social que me dio trabajo. Ahí aprendí mucho de migración porque me daban asesorías gratuitas para que después yo le diera asesorías a la gente que no tenía papeles. Desde entonces,cuando he tenido necesidad, he ido con los abogados que te da el Estado.”

Las personas extranjeras en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones que los “ciudadanos españoles”.

Sonia Mendes da Silva, socióloga especializada en Migracións Internacionais y que actualmente labora enSOS Racismo A Coruña,encuentra en el servicio de asesoramiento jurídico inconvenientes que no compaginan con los plazos a los que están sujetos varios trámites de extranjería. Sonia señala que a pesar de que “la justicia gratuita es una garantía obligatoria recogida en la legislatura”, no siempre opera de maneras óptimas para quienes demandan la asistencia: “Lo que pasa es que si tienes un servicio que es tan necesario y solicitado, las listas de espera son mucho más grandes y es más complicado”.

Sin embargo, la saturación de los servicios de asistencia jurídica gratuita de la cual puede hacer uso toda la ciudadanía del territorio español, no son siempre la única razón por la que las personas migrantes no suelen recurrir a las ofertas de las instituciones públicas. La mayor parte de las veces, para este colectivo, es el desconocimiento de su existencia.

LEGISLACIONES INASEQUIBLES

Laura Bautista, migrante mexicana residente en el territorio español desde hace más de siete años, cuenta que, para regularizar su situación legal, no se acercó a una asesoría jurídica gratuita por elección, sino porque no sabía de su existencia: “Cuando llegué no conocía ningún servicio, asociación u ONG, ya que trabajaba en el servicio doméstico como interna. Entonces tenía muy poco trato con gente de mi país o de Latinoamérica. Yo iba por vía libre.”

Los portales en los que se difunde información de extranjería útil para las personas migrantes, la página oficial del Ministerio de Extranjería y la del Boletín Oficial del Estado, no destacan por la accesibilidad. Luis, por ejemplo, comenta que tardó más de tres meses tan sólo en encontrar los trámites que le correspondían a su situación migratoria.

Además, diversas fuentes señalaron la “confusión” que sentían al leer la información que está publicada en la página del Ministerio de Extranjería. Laura Bautista compartió que la información sobre el trámite que quería llevar a cabo era “muy confusa. Debes releer varias veces y hay ocasiones que no se tiene el tiempo para hacerlo”. 

En la legislación no se toma en cuenta la diversidad lingüística porque todo está en castellano.

Contrario a las experiencias recogidas de las personas migrantes, la abogada Clara Gómez tiene otra impresión. Para ella, la legislatura no tendría por qué resultar difícil de comprender: “Para el ciudadano de a pie podría resultar confusa pero no tendría por qué. Quiero decir que es algo accesible, que cualquier persona puede encontrar en el Boletín Oficial del Estado, que todo el mundo puede leer e informarse”.

Aún así, Gómez consiente que uno de los mayores obstáculos para garantizar el acceso a la información es el hecho de que ninguna legislatura está “en lenguas extranjeras. No es una obligación legal. Seríamos nosotras, las asociaciones y oenegés, quienes tendríamos que facilitar esa información a quien la necesite”. 

Además del desconocimiento de las herramientas que el Estado dispone al colectivo migrante y de la confusión de quienes acceden a ellas, Sonia Mendes señala que los portales de información pública “no están teniendo en cuenta que mucha gente no tiene el mismo nivel en el campo de las nuevas tecnologías o la misma facilidad para acceder a internet o no tienen un ordenador. De alguna manera eso es una traba. Intenta limitar o volver más complicado el acceso a esa información. La política migratoria también es excluyente con respecto a la edad: la gente mayor se está quedando atrás en este tipo de cosas. Para nada se toma en cuenta la diversidad lingüística porque todo está en castellano”. La socióloga añade que atender estas cuestiones “facilitaría muchísimo que la gente pudiera por lo menos tener ese acceso a la información y así poder empoderarse de alguna manera". 

LA BUROCRACIA

Santos es una migrante latinoamericana que reside en territorio español desde hace 4 años. Para regularizar su situación legal decidió casarse con su pareja, quien es ciudadano comunitario. Por cuestiones burocráticas, su unión -y su estado legal- tardó años en tener resolución:

“Primero intentamos casarnos en el Registro Civil y no fue posible porque teníamos que esperar dos años mínimo porque yo no tenía NIE y mi esposo es comunitario mas no español. Fue la primera traba que encontramos. Después de dos años decidimos hacernos pareja de hecho. Los requisitos en principio parecen fáciles, pero cuando fuimos a la notaría pusieron de pretexto que, como yo era latina y mi esposo solo comunitario, no podía hacer el trámite porque aquí en Cataluña no se permite eso. Volvimos a intentar casarnos después de eso, pero en el Registro Civil no nos dejaron o no nos quisieron aceptar: me pusieron mil y un pretextos. Decían que mi acta de soltería apostillada no servía. Me mandaron al consulado, el consulado me dio un documento donde ellos decían que ahí no expedían ese tipo de documento. Luego vieron fecha de mi TIE y notaron que apenas la había sacado...Mi esposo tiene NIE comunitario permanente y le dijeron que eso no valía, que querían su pasaporte, pero este ya estaba caducado... así fue pasando el tiempo hasta que caducó por segunda vez mi acta de nacimiento apostillada. Al final, después de rogar en el consulado de Portugal, nos pudimos casar. La burocracia es muy negligente. Yo hasta en su momento lo sentí como racismo...”

La vejación de la que fue objeto Santos no es cuestión de un caso aislado. El mal-trato que recibe el colectivo migrante de parte de funcionarios públicos ha sido documentado en varias ocasiones. El hecho de que procesos de regularización sean obstaculizados o hasta impedidos por llana negligencia burocrática alerta sobre la falta de sensibilidad de quienes trabajan en alguna instancia de la administración de Extranjería, que no pueden dimensionar los efectos que sus actos tienen sobre la vida de las personas migrantes más vulnerables.

El maltrato que recibe el colectivo migrante de parte de funcionarios públicos ha sido documentado en varias ocasiones.

Esthela Kuri, con más de 17 años viviendo en el Estado español, denuncia que “en la burocracia hay ignorancia sobre el tema migratorio. No comprenden lo que es la migración. Si nunca han salido... pues no la comprenden, no saben por qué nos vamos. Yo no tengo una migración forzada, pero en todos los trámites que he hecho me encuentro con funcionarios que tratan muy mal a las otras personas o que, si atienden a alguien que no habla español o correctamente el catalán, no hacen un esfuerzo por entenderla, sino que se ponen de malas. El trato es pésimo. No hay un perfil de empleado para ese sector que tanto lo necesita. En ese sentido, siempre que voy a una de estas oficinas, salgo con el corazón horrible.”

EL LUCRO DE LA VULNERABILIDAD MIGRANTE

Ante la urgencia de encontrar trabajo, poder rentar una vivienda y tener seguridad social, la vía que parece ser más sencilla, más rápida (y que promete resultados favorables) para resolver los trámites de extranjería es la de contratar abogados privados.

Los precios de algunos bufetes se pueden encontrar en internet. La consulta telefónica está alrededor de 50 euros además del cobro por minuto que ronda un euro con cincuenta. El análisis de los casos particulares, también vía telefónica, puede oscilar entre los 85 y 250 euros. La resolución de trámites, por otro lado, pueden encontrarse desde los 500 euros hasta los 1000. Sin ninguna garantía de resultados favorables. 

Aunque Esthela no haya recurrido a estos servicios, cuenta que ha “conocido a mucha gente que paga fortunas. La migración es un negocio. Se mueve mucho dinero en la migración y esto es una pena porque los desafortunados son los que no tienen. (Lo que cobran los abogados) no es equitativo con lo que gana un migrante, sobre todo si es indocumentado. Cuando estudié migración entrevisté a mucha gente y sí: mucha gente paga mil quinientos o dos mil euros para que les consigan los papeles.”

Lo que cobran los abogados no es equitativo con lo que gana un migrante, sobre todo si está en situación irregular.

Sobre este mercado con precios excesivos, Clara Gómez menciona que “no hay una regulación legal de precios. No es un sistema arancelario. Eso significa que la abogacía no tiene sus precios marcados en una ley. Es una cuestión de libre competencia de mercado. Un bufete privado que no pertenezca a una administración pública no tiene ninguna limitación. Es como cualquier otro establecimiento, venta de bienes o servicios”.

Ante la confusión que le ocasionaron las páginas oficiales de extranjería, Laura optó por recurrir a abogados privados para solucionar su caso. Cuenta que ella conoció a una abogada con la que le pareció “más fácil hacer esos trámites”. Con el paso del tiempo, Laura tiene las condiciones para reflexionar y comparar sobre el servicio: “Eso fue hace años y (el precio) lo vi normal porque no sabía mucho del tema, pero ahora que conozco más abogados y más sobre los trámites a realizar, vi que me cobraron un precio muy alto”. 

Además del rango de precios que se suele manejar este negocio, es común que existan fraudes, como lo comenta Clara Gómez cuando recuerda los casos de los usuarios de Diversidades: “Algunas personas nos cuentan que les han hecho hacer un trámite que nosotros vemos que no es necesario o un acta notarial”.Tal fue el caso de Santos que, en la pesquisa de lograr contraer matrimonio, fue estafada en una notaría. 

Nadia llegó a vivir a Barcelona hace siete años y su trámite de nacionalidad está pendiente desde hace tres. A pesar del tiempo que lleva viviendo en territorio español, decidió recurrir a un abogado privado. Ella comenta que “si no fuera por la situación personal en la que estoy, no hubiera recurrido a ningún abogado. Creo que encontré el menos abusivo, pero la migración es un negocio. Los abogados de extranjería hacen demasiado negocio con nuestra vulnerabilidad”.

POR UN COMPROMISO REAL

Los testimonios recopilados sobre la experiencia en los procedimientos y trámites de migratorios contrastan con la impresión que tiene Clara Gómez respecto al alcance da política migratoria: “Yo creo que el principio de publicidad normativa se cumple (en términos de accesibilidad a la información). El acceso a la información está garantizado. Otra cosa es que la gente sepa de la existencia de este tipo de entidades, pero eso ya no es cosa del Estado. No es una obligación del Estado de informar sobre las entidades sociales que no pertenecen a una administración pública.”La abogada abre una cuestión cuya respuesta debería de ser clara: ¿de quién es la responsabilidad de la eficacia de la accesibilidad a la información?

A pesar de que a nivel legislativo las vías hacia la regularización de las personas indocumentadas sean aparentemente claras, accesibles y sencillas, la experiencia del colectivo migrante demuestra lo contrario. 

Sorprende que, incluso cuando una persona logra cumplir con todos los requerimientos establecidos en el reglamento de la legislatura de extranjería, el proceso de regularización esté tan obstaculizado por varios factores. La falta de compromiso y el desdén por parte de las instituciones y su burocracia, vulnera sistemáticamente la vida de miles de personas y esto, como efecto colateral, crea un mercado que abusa de dicha vulnerabilidad y la acrecienta.

Para Esthela Kuri la existencia de estos negocios jurídicos rebasan al Estado español y son una consecuencia de la explotación sistemática de los países del Norte Global a los del Sur: “Los precios son inverosímiles, pero no sólo aquí. Yo creo que en todas las partes del mundo. Las migrantes más explotadas, con más necesidad de consejos y de saber cuáles son las leyes del país al que se llega somos quienes migramos de los países subdesarrollados a los desarrollados. Y los precios siempre serán muy abusivos para nosotras.”

El corte de presupuestos públicos destinados a la atención del colectivo migrante incide directamente en la vida de personas.

Sobre el tipo de directrices que pueden ayudar a crear una política migratoria más justa y comprometida con el colectivo migrante, Sonia Mendes comparte: “Se dijo que iban crear unidades especiales de atención a la población migrante. Lo ideal es que, de existir estas unidades u oficinas de información, tuvieran en cuenta el hecho de que una persona pudiera tener una diversidad funcional, el hecho de que una persona sólo entendiera el árabe o el wolof. Quiero decir: hacerlo accesible para todo el mundo y no sólo para quien cuente con ciertos privilegios; que sea algo más de la sociedad, no como está ahora mismo.”

El corte de presupuestos públicos destinados a la atención del colectivo migrante incide directamente en la vida de personas. Lo que para algún burócrata puede ser sólo “un retraso” u “otra negativa” en la resolución de trámites, para alguien supone una prolongación de condiciones de vida infames. Hace falta una reforma legislativa que se comprometa a garantizar los derechos de la población migrante y se responsabilice de ella en tanto cualquier otro ciudadano. 

En ese sentido, entre las directrices también debería de estar el aumento de presupuestos a instancias públicas especializadas en temas migratorios, así como en la capacitación del personal burocrático en todos los niveles para la debía atención y solución de casos de las personas migrantes.