Migración
Por estas muertes responderán ante la historia

No es la primera vez que tenemos que comenzar el año lamentando la muerte de personas en una patera o en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Con más de 3.100 personas fallecidas o desaparecidas solo en el Mediterráneo durante el año 2017, según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones, lo contrario hubiera sido la noticia.

Este año comienza con siete personas ahogadas el lunes al mediodía cerca de Costa Teguise (Lanzarote), cuando trataban de llegar en patera a la isla. Se lanzaron o cayeron al mar cuando vieron a la Guardia Civil. El cuerpo entre cuyas misiones está “la atención y auxilio a los ciudadanos [...] y, en resumen, cualquier actuación que lleve al socorro, ayuda y protección del ciudadano”, es visto a los ojos de quienes se encuentran en peligro en una embarcación, como un peligro en sí mismo.

No deja de ser una paradoja. Sabemos hace tiempo que la Guardia Civil y las políticas migratorias dictadas por los distintos ministerios de Interior priman la seguridad por encima de esa protección o auxilio. Lo vimos en el paso del Tarajal en 2014, así como en 2012 cuando una patera que fue arrollada, precisamente en Lanzarote, por una patrullera del mismo cuerpo de seguridad.

Sin embargo, la cuestión trasciende de la mera responsabilidad de la Guardia Civil, sin pretender desmerecer. Vale la pena pararse a valorar una cuestión no menor. En Canarias cuentan con toda la tecnología disponible puesta al servicio del control de fronteras. No sólo por albergar la sede del Frontex, sino también por la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), en el que el Gobierno de España se gasta cada año una cifra imposible de evaluar pero que en sus inicios, allá por 2002, venía a alcanzar los 200 millones de euros.

El SIVE, depende directamente de la Guardia Civil y, sin embargo, esta no detectó la llegada de la embarcación durante su viaje a las Islas Canarias. Para los que oyen por primera vez estas siglas decir que las funciones del SIVE son: detectar a larga distancia las embarcaciones que se aproximen al litoral; identificar el tipo de embarcación y a sus tripulantes con el fin de comprobar la posible actuación ilegal de los mismos; coordinar el seguimiento, en su caso, de la embarcación, utilizando para ello los medios marítimos, aéreos y terrestres con que cuenta la Guardia Civil e interceptar a los presuntos delincuentes o auxiliar a los inmigrantes irregulares. Para ello cuenta con un sensor radar, una cámara de vídeo y una cámara infrarrojos además de una antena de comunicaciones con un alcance de entre 5 y 10 kilómetros. 

La embarcación llegó a encallar en la playa.

Miedo

Pero parémonos un momento en el miedo. El miedo que debieron pasar la casi treintena de personas que viajaban en la patera para lanzarse al mar aun sabiendo el peligro que eso conllevaba. O el miedo que les pudo hacer caerse al mar al ver a la Guardia Civil. Con la certeza absoluta que esa embarcación no era la de Salvamento Marítimo yendo a salvarles, sino la de la Guardia Civil yendo a “capturarles”. A detenerles, encerrarles en un CIE o hacinarles en una nave.

Quién sabe si no pensaron en la suerte que corrió Bouderbala Mohamed, fallecido semanas antes en la prisión–CIE de Archidona, o en la que han corrido tantas y tantas personas sometidas a malos tratos en los CIE y durante sus deportaciones.

Una travesía de apenas 130 kilómetros que separa la costa del continente africano de la isla de Lanzarote, vigilada por 16 torres de un servicio de vigilancia exterior que ni siquiera cumple la función de control y avistamiento. Se trata de muertes que se podrían haber evitado, en primer lugar con una visión de las políticas migratorias respetuosa con los derechos humanos, pero también acabando con el absurdo que supone que la gente arriesgue su vida en una patera en un viaje que para algunos puede llegar a costar algo menos de 100 euros.

Se podría haber evitado también si el dinero que durante los últimos años se ha destinado al Frontex, incluida la reconversión en la Guardia Europea de Fronteras y Costas, se hubiera destinado a misiones de salvamento o a reforzar las dotaciones y plantillas de quienes sí se dedican a salvar vidas: las personas que forman parte de los distintos equipos de Salvamento Marítimo.

Son muchas las organizaciones de derechos humanos y las personas que llevamos tiempo luchando por cambiar las políticas migratorias. Nunca nos hemos cansado de exigir responsabilidades ni lo vamos a dejar de hacer. Ni el ministro del Interior, Ignacio Zoido, ni el secretario de Estado, Jose Antonio Nieto Ballesteros, ni tan siquiera el director de la Guardia Civil, José Manuel Holgado Merino, o la delegada de Gobierno de Canarias, Mercedes Roldó, han salido públicamente a hacer declaraciones sobre este asunto. Nadie ha mostrado su pésame por las muertes. Ni ha trasmitido su dolor a las familias. De hecho seguramente nunca se pongan en contacto con las familias.

Para ellos se trata de un incidente o una tragedia más. Pero para nosotras no será así, sabemos que se trata de muertes que ocurren en el marco de la violencia sistemática del racismo institucional y por ellas responderán ante la historia.

[Actualización, a 18 de enero de 2018, con las últimas informaciones a las que hemos tenido acceso]. En la patera viajaban 28 personas, y fueron cinco los cuerpos que se encontraron en ella. La patera llegó a costa y, al ver a la Guardia Civil, volvió al mar, lo que ocasionó el caos que provocó que varias personas acabaran en el mar, algunas de ellas sin saber nadar, y que, por tanto, se ahogaran. Algunos murieron ahogados en el mar, pero, sin embargo, cuándo los socorristas llegaron a la patera había otras personas fallecidas y algunas moribundas.