Migración
¿Qué pasa cuando València discrimina a “sin papeles” en el uso de bonos de transporte?

En la ciudad de València cohabitan migrantes en situación administrativa irregular, que se ven obligadas a trabajar ilegalmente, con algunas personas nativas del Estado Español que trabajan también en la ilegalidad para evitar pagar impuestos, defraudadores y con empresarios irregulares que ofrecen empleos no declarados, en muchos casos también a migrantes “sin papeles”. En este tipo de empleos no se respetan condiciones laborales ni salariales, por ejemplo, en el sector de trabajadoras del hogar y los cuidados o en el campo. Una situación que se encuentra normalizada y que permite conseguir precios muy competitivos para el empresariado o para empleadoras en hogares que prefieren ahorrarse el gasto.

Sin embargo, a diferencia de las personas empleadoras, las migrantes en situación administrativa irregular, las personas indocumentadas, no tienen como objetivo defraudar impuestos, sino que se ven obligadas a trabajar sin cotizar porque la Ley de Extranjería les obliga. No obstante, aunque estén impedidas de cotizar, consumen y tributan indirectamente, a través del IVA y de otros impuestos o tasas especiales.

El Ayuntamiento de València ha decidido discriminar a una parte de la población, la más pobre y en su mayoría racializada, sin tomar en cuenta el hecho de que las personas en situación administración irregular no tienen otra opción

A pesar de esta realidad, el Ayuntamiento de València, ha decidido discriminar a una parte de la población, la más pobre y en su mayoría racializada, sin tomar en cuenta el hecho de que las personas en situación administración irregular están obligadas a encontrarse en esa situación, no tienen opción. Es una norma que el Estado impone a las personas extranjeras pobres.

El Ayuntamiento de València, por medio del concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, rechazó el pasado 12 de marzo la propuesta del Síndic de Greuges y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de universalizar los bonos de descuento de autobuses, impidiendo que miles de vecinos y vecinas en situación irregular puedan beneficiarse de esta prestación como el resto de la ciudadanía ya que deberán pagar más por viajar en autobús.

La EMT quiere universalizar los bonos de transporte para incluir a migrantes sin papeles

Carlos Soledad

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Migración La EMT quiere universalizar los bonos de transporte para incluir a migrantes sin papeles

Carlos Soledad

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Tras una queja presentada por València Acull al Síndic de Greuges, la EMT asegura querer universalizar el acceso a los bonos, pero el nuevo consistorio tiene la última palabra.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, afirma que “la nueva corporación municipal” no va a atender los casos de solicitudes de bonos de transporte de la EMT de las personas que no dispongan “de residencia legal en España”, según consta en la respuesta remitida recientemente al escrito que desde la asociación València Acull se presentó a finales del año pasado.

Carbonell completó su respuesta señalando que “la nueva corporación municipal ha valorado que el título Refugi ya cubre las personas solicitantes de asilo por tener expectativas de su obtención y mientras se mantenga la situación de asilo, sin que resulte procedente atender casos en los que al margen de esa circunstancia concreta no se disponga de residencia legal en España”.

En su respuesta, el concejal se limita a mencionar que ya existe el título Refugi -creado por la anterior corporación-, cuando este bono solo beneficia a quienes han solicitado asilo, por lo que siguen excluidas todas las personas en situación irregular

Aunque en el escrito de València Acull se indicaba que el criterio de exigir la residencia legal “va en contra del principio de igualdad de trato y discrimina a un colectivo especialmente vulnerable”, Carbonell no explica en su respuesta por qué no resulta “procedente” cambiarlo. Se limita a mencionar que ya existe el título Refugi -creado por la anterior corporación-, cuando este bono solo beneficia a quienes han solicitado asilo, por lo que siguen excluidas todas las personas en situación irregular. Por todo ello, València Acull ha vuelto a presentar una nueva queja ante el Síndic de Greuges.

Entendemos que el Ayuntamiento de València considera que no es su responsabilidad hacer respetar los derechos de las personas en situación administrativa irregular. En el caso concreto de no permitir que accedan a los bonos de descuento en los autobuses, el consistorio asume que no es su obligación permitir que las personas migrantes que están sin papeles se beneficien de una prestación que el resto de la población sí puede. En lugar de promover la igualdad, apuesta por discriminar a uno de los colectivos más vulnerabilizados, para que con esa política de mano dura, otras dirán racista, asegure el poder, la continuidad electoral. ¿A qué nos recuerda esto?.

La ILP Regularización Ya puja por continuar su recorrido en el Congreso

Sarah Babiker

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Regularización La ILP Regularización Ya puja por continuar su recorrido en el Congreso

Sarah Babiker

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El próximo martes 9 de abril podría archivarse sin debate esta Iniciativa Legislativa Popular respaldada con más de 700.000 firmas. Una campaña intenta frenar el carpetazo a la regularización extraordinaria.

Las personas buscan mejorar su situación de vida, a veces migran, atraviesan fronteras y están dispuestas a pasar penalidades durante un tiempo hasta que el Estado decida que ya se integró. La cuestión es que el tiempo y las condiciones las decide el Estado Español, hay una jerarquía de clase y de raza. Esto, por ejemplo lo decidirá el Congreso de los Diputados este próximo 9 de abril al calor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del movimiento #RegularizacionYa que consiguió 700 mil firmas para impulsar una regularización extraordinaria.

La ciudadanía le otorga al Estado la oportunidad de decidir si más de 500.000 personas “sin papeles” pueden acceder a derechos como el resto de la población, o si por el contrario decide que se queden en situación de vulnerabilidad y con la necesidad de verse obligadas a seguir trabajando en condiciones de semiesclavitud. Esto se decidirá, por supuesto, sin participación de las personas y colectivos migrantes. Veremos el compromiso de la izquierda con la igualdad y el antirracismo.

En nombre de “la razón” el Estado ejecuta una política discriminatoria, aceptada por el racismo social: “Son demasiados, no podemos ayudar a todos”, “acógelos en tu casa”, “vienen a quitarnos los trabajos”, prejuicios racistas que permiten que esta política sea aceptada socialmente. ¿Qué pasaría si esta regla se le aplicara actualmente a los judíos? ¿se aceptaría? Quiero pensar que no.

Zygmunt Bauman nació en Polonia en 1925 y murió en Inglarerra en 2017, filósofo de profesión, logró trascender la academia cuando describió a la Modernidad como “líquida” y nos enseñó la importancia de aprender a vivir en la incertidumbre. Es también respetado por sus reflexiones en torno al Holocausto. Para él, este suceso no fue solo un acontecimiento singular, ni una manifestación terrible pero puntual de “barbarismo”, fue un “fenómeno estrechamente relacionado con las características propias de la Modernidad”. Para el pensador “es un problema de esta sociedad, de esta civilización y de esta cultura”.

Al margen de críticas decoloniales que son fundamentales para completar el análisis de Bauman, queremos resaltar aquí, que el hecho de que se despoje a las personas sin papeles de un descuento en los autobuses, o el hecho de que el Congreso de los Diputados, decida mantener en situación irregular a alrededor de 500 mil personas, es un hecho de racismo esctructural, disfrazado de “razón” de Estado, que debemos cuestionar y repudiar. Sabemos, por Bauman y por nuestras experiencias propias, que la civilización occidental lleva en su seno, por un lado, procesos emancipadores, ilustradores, renacentistas, maravillosos, pero por otro, convive con fantasmas como el imperialismo, el colonialismo, la industrialización de la muerte.

Tarajal: Una década de hermanamiento en el dolor y búsqueda de justicia

Sarah Babiker

El Tarajal

Diez años de El Tarajal Tarajal: Una década de hermanamiento en el dolor y búsqueda de justicia

Sarah Babiker

A diez años de que 14 jóvenes murieran ahogados después de que la Guardia Civil usara material antidisturbios para evitar que llegaran a nado a Ceuta, las autoridades siguen sin reparar a las víctimas y sus familiares.

Esta política no es una medida aislada, es parte de una escalada represiva, de restricción y privación de derechos a los colectivos más vulnerabilizados. Se suma a las masacres del Tarajal y de Melilla, al racismo inmobiliario, a las condiciones de neoesclavitud laboral, a las muertes en los Centros de Internamiento para Extranjeros, a las redadas racistas, a los vuelos de deportación en los que se permite sedar y pegar, al racismo institucional y estructural de todos los días.

Sólo la lucha cotidiana y desde abajo, antirracista, antipatriarcal y anticapitalista podrán hacer aflorar lo mejor de esta civilización y no, por el contrario, acercarnos cada vez más a la Europa del Holocausto.