Opinión
El gen rojo y el invierno demográfico de Casado

En una escena de la película Arde Misisipi, uno de los integrantes del Klu Klux Klan se muestra encantado y cariñoso con un bebé negro. Su compañero del Klan le hace ver que los bebés son muy ricos, que es cuando crecen cuando se convierten en sujetos peligrosos. Lo que subyace en la escena —dado que el racismo es explícito— es un elemento que explica no pocas intervenciones fascistas a lo largo de la historia: la idea de que es posible extirpar el gen que convierte en amenazas a los sujetos no blancos —sirve también para no binarios o normativos— si se ataja temprano.

El doctor, psiquiatra, Antonio Vallejo-Nágera fue un baluarte para la ideología fascista de los años 40, dominante en el Franquismo hasta el desequilibrio de la balanza a favor del tradicionalismo y, posteriormente, el desarrollismo del Opus Dei. A él se debe la justificación teórica para el robo de bebés que comenzó en España con la victoria de los militares golpistas y se extendió mucho después de la restauración de la democracia. A Vallejo-Nágera se le deben los estudios sobre el “gen rojo” realizados sobre los cuerpos de mujeres del bando republicano y su conclusión de que era precisa “la eliminación de los factores ambientales que conducen a la degeneración”. Es decir, la separación física de madres, padres y criaturas, por ser estas susceptibles de ser salvadas. Esa ideología es la misma que funcionó —con un grado menos de criminalidad— en la configuración del servicio doméstico como elemento de reciclaje de ideas de muchachas pobres, hijas y huérfanas de los derrotados en la Guerra Civil.

Pese al empeño puesto en ello, pese al exterminio, la persecución y la represión, la ideología fascista fue paulatinamente arrinconada en el tiempo. No completamente derrotada, sí descartada, incluso por muchos de quienes crecieron bajo la impronta clasista, patriarcal y totalitaria que se impuso durante más de 40 años en un discurso único.

En los últimos años ha habido denuncias de sesgos racistas en el sistema de retirada de tutelas, un sistema denunciado por familias castigadas por la administración 

La transformación social a escala global desplazó el campo de batalla desde las formas de evangelización extrema —que utilizó todos los medios a su alcance, incluido el robo de bebés— a la política de fronteras y la frialdad operativa de los sistemas de servicios sociales. Un modo de hacer neoliberal que no es comparable desde el punto de vista ético a la aberración de Vallejo-Nágera pero que tampoco es opuesto en sus efectos, ya que funciona en una esfera distinta. La operatividad del sistema ha cumplido sus objetivos precisamente porque logra borrar el rastro de la ideología presentando de forma aséptica su acción.

Los fríos motivos técnicos

El sistema de protección, que en un año como 2015 ejercía 40.000 tutelas, funciona como un trasatlántico: no puede cambiar su rumbo para hacer excepciones en casos específicos, de forma que los errores —las retiradas de custodias a progenitores que sí cuidan y garantizan el bienestar de sus criaturas, pese a ser pobres— y las medidas necesarias —retiradas a maltratadores— coexisten precisamente porque se trata de un sistema a priori desideologizado, sin motivos personales.

En los últimos años ha habido denuncias de sesgos racistas en el sistema de retirada de tutelas. Algunas de las familias castigadas por la administración se han agrupado en Aprodeme, que desde 2012 plantea una campaña permanente contra el sistema de protección por la violación de los derechos fundamentales de los menores y de sus familiares. Su principal denuncia es que las decisiones “técnicas” están anulando las garantías efectivas de defensa de los hogares. Son hogares que han conseguido organizarse en sus reivindicaciones, pero que no llegan a todas las víctimas de esas decisiones.

Acudir a los sistemas de adopción es una opción válida para quienes viven durante años en el desamparo establecido por el sistema de fronteras. En ningún caso se debe vincular esa opción vital a un incentivo por parte del Estado, pero sí es necesario introducir en el debate político los condicionantes y las causas profundas que llevan a mujeres a dar a sus criaturas en adopción por motivos de Extranjería y a “técnicos” de la Administración a tomar decisiones de retirada de tutelas: la desigualdad estructural, los problemas de exclusión social, la Ley de Extranjería y el racismo institucional detrás de algunas de estas decisiones asépticas.

Pero la campaña delirante de las elecciones generales del 28 de abril no ha dado lugar a ese debate, si no a una vuelta a las ideas del “gen rojo”, adaptada a los tiempos. Uniendo la frialdad de los protocolos existentes al reclamo político de lucha contra el envejecimiento poblacional y la llegada de migrantes, Pablo Casado ha devuelto el componente ideológico a lo que durante años ha pasado como consenso administrativo. El candidato del Partido Popular ha avanzado una medida para garantizar que cualquier mujer sin papeles que dé en adopción a sus hijos no sea expulsada durante el periodo de tramitación y que sus datos se traten de forma confidencial.

La oferta de Casado retoma la idea de que es posible “extirpar” e implantar ciertas vidas para la reproducción de una clase, la de las familias que adoptan, en las que Casado supone su base de votantes

La propuesta en sí no significa más que ampliar el actual estado de cosas en la Comunidad de Madrid al resto del territorio y añadir la coletilla de la garantía de confidencialidad, un mínimo exigible ahora puesto en peligro como muestran algunas acciones de Vox en Andalucía. Pero Casado lanza un mensaje que preocupa y pone en peligro el mínimo respeto a los derechos humanos exigible en la consolidada Europa Fortaleza.

Con esa “pseudo oferta”, Casado retoma la idea de que hay personas en la “zona del ser” y otras en la “zona de no ser” cuyas vidas no merecen ser vividas, que es posible “extirpar” e implantar partes de esas vidas para la reproducción de una clase, la de las familias que adoptan, en las que Casado supone su base de votantes. Pretende, también, dar una salida “popular” al debate sobre la gestación subrogada, menos controvertida para las familias católicas que la gestación subrogada a través de “la mano invisible” del mercado que defiende Ciudadanos. Machista, clasista, racista, como ha definido Ada Colau. Perverso, en tanto en cuanto la explicación de su propuesta es que ya se está haciendo. 

El invierno demográfico, expresión pomposa para definir el envejecimiento de la población autóctona, empieza a definirse con argumentos como los de Pablo Casado, como lo que realmente es: el pretexto para justificar una puesta al día del fascismo —con ribetes de ecofascismo— en pugna contra el mestizaje de las poblaciones europeas —ni siquiera contra la apertura de fronteras, que no está hoy en el programa de ningún partido político—. En el mundo que promete Casado, contra ese invierno de la raza caben los bebés de otras etnias, pero no quienes los conciben. El problema fundamental no es que lo exponga, sino que el gen fascista —hoy como ayer— tenga a su disposición medios de comunicación y cientos de miles de euros públicos para extenderse y aparecer como una solución cuando definitivamente es el problema.