Guatemala
Guatemala: un laboratorio para el exterminio, genocidio y extractivismo

En los últimos 50 años, tres palabras definen al país hoy llamado Guatemala: exterminio, genocidio y extractivismo. Exterminio de los suelos, la flora, la fauna y la vida en general. Genocidio contra los pueblos originarios de Iximulew, nombre con el que los K’iche’ y otros pueblos conocen a este tierra desde hace más de 2.500 años. Extractivismo como el modelo económico que sustenta esta lógica de destrucción y desposesión.

Exterminio

Tras la invasión europea, nahuas, mexicas y españoles la llamaron Guatemala, Quauhtlemallan, el “lugar de muchos árboles”. No obstante, el país ha perdido en  los últimos 20 años un 22,3% de sus bosques, pasando de ser una nación forestal a un país deforestado, en riesgo de desertificación.

Este drama es aún más grave si nos vamos unos años más atrás. En 1986, año en el que el país centroamericano recuperó su democracia, su cobertura forestal era del 55%. Esto es, más de la mitad del territorio estaba cubierto de bosque. Hoy, la cobertura forestal es del 33%.

Y no es casual que exterminio y genocidio vayan de la mano, dado que los pueblos originarios son los protectores de la naturaleza. Es por tanto evidente la intrínseca relación entre el exterminio de la naturaleza y la sistemática desaparición o aniquilación de los y las indígenas para la imposición de proyectos de carácter extractivista.

La ley 6054, que ahora pretende aprobarse en el Congreso de la República, es solo un botón de muestra de esta estrategia de depredación. Su objetivo es eliminar todos los esfuerzos de conservación del hábitat natural y poner coto al desarrollo de áreas protegidas, llegando incluso a diluir el rol del Consejo de Áreas Protegidas (CONAP) en una nueva entidad más centralizada.

Genocidio

Guatemala, entre 1975 y 1985, fue el escenario de un genocidio impune hasta la fecha. El dictador Efraín Ríos Montt y su cúpula militar trazaron un plan para exterminar al pueblo maya. Se calcula que más de 250.000 personas fueron asesinadas durante el desarrollo de este plan de aniquilación, conocido como “Operación Sofía”.

Pero no solo se trata del dictador golpista Ríos Montt. También perpetró el genocidio el general Oscar Humberto Mejía Víctores, ministro de Defensa que implementará el “Plan Victoria 82” como continuidad de la Operación Sofía.

Estas operaciones no eran hechos aislados, y no fueron solo producto de la violencia y barbarie del ejército guatemalteco. Vienen de un Estado sistemáticamente violento y autoritario, en el que la invasión estadounidense de 1954 es un hito fundamental. Así se derroca a Jacobo Arbenz Guzmán como presidente electo, dando lugar a la guerra civil en Guatemala: un genocidio construido, a su vez, sobre el genocidio colonial que desde 1492 cometió el Reino de España en contra de los pueblos originarios en Abya Yala, ahora conocida como Latinoamérica.

Esa dinámica histórica se evidencia en prácticas militares y policiales que aún hoy sobreviven en el tiempo. Si durante la dictadura el ejército denunció el robo de armas para evadir su responsabilidad en la sistemática violación de los derechos humanos —haciendo parecer que serían grupos armados de limpieza social los que asesinaron a disidentes, estudiantes, intelectuales, diputados y sobre todo a líderes de los pueblos originarios—, hoy la historia se vuelve a repetir: se constata de nuevo el robo de armas al ejército de Guatemala, justo en un momento de fuerte y serio deterioro democrático, con líderes campesinos e indígenas asesinados, periodistas, jueces y activistas exiliados. Una situación crecientemente similar a la época de las dictaduras militares durante los años más cruentos de la guerra.

Extractivismo

El 29 de diciembre 1996, el gobierno de Guatemala y los grupos guerrilleros conformados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firman los “Acuerdos de Paz”, poniendo fin, en el papel, a más de 36 años de guerra civil en el país. Estos acuerdos significaron la entrada del neoliberalismo en Guatemala, sumándose a la nueva ola del extractivismo en su más alta expresión. La excusa de poner fin a la guerra era desarmar a los “grupos insurgentes” que operaban en las tierras altas del país, casualmente las zonas más ricas en recursos minerales, para que las empresas extranjeras pudieran operar sin riesgo alguno de sabotajes o impedimentos que les provocaran perdidas a sus ganancias a costa del despojo de tierras y de recursos a las comunidades indígenas asentadas.

Uno de los hitos en la década de los noventa fue la privatización de todas las empresas estatales (aviación, agua, ferrocarriles, puertos, electricidad, telefonía), muchas de ellas compradas por empresas de capital español tras el año 2000.

A partir de esa fecha paradigmática para la humanidad, el cambio de siglo, las inversiones de las empresas españolas en Guatemala y en Centroamérica se dispararon y se inicia una nueva fase en el despojo histórico del Norte global sobre los territorios hoy conocidos como Mesoamérica.

Conclusión

La historia parece repetirse, el exterminio y el genocidio auspiciados por las élites, las corporaciones y los gobiernos siguen vigentes en este laboratorio llamado Guatemala. Y su brazo armado y financiero, el extractivismo, no parece detenerse.

Los próximos cinco años, y en especial este año electoral en Guatemala, serán cruciales para los bosques del país. Si bien el mundo en general vive un proceso de destrucción ambiental, la impunidad corporativa y el autoritarismo rampantes en Guatemala amenazan seriamente los ecosistemas. Guatemala está abocada a dejar de ser Quauhtlemallan si no se pone freno ya a esta espiral extractivista.