Salud
El ayuntamiento de Don Benito está rociando con sustancias peligrosas en lugares públicos

La empresa Agrícola Municipal, S.A. (AGRIMUSA) es una empresa pública, propiedad del ayuntamiento de Don Benito, que entre otras funciones, se encarga del mantenimiento y conservación de parques, jardines y zonas verdes de la ciudad, así como de la limpieza de edificios y colegios públicos y otras instalaciones municipales. La gerente, María Rosa Menéndez, trasladó en mayo de 2019 al alcalde, que a su vez es Presidente de la Junta General de AGRIMUSA, José Luis Quintana, las deficiencias y carencias que estaban ocurriendo en la citada empresa, que se resumen “en primer lugar, la inexistencia de una clara delimitación de funciones y responsabilidades; en segundo, el posible incumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental y, en tercero, la ausencia de un criterio objetivo, justificado y con un planteamiento de futuro en ciertas medidas, como las inversiones a largo plazo”.

De estas cuestiones, el punto más grave lo constituye el posible incumplimiento de la normativa medioambiental, en concreto del Real Decreto por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, ya que actualmente se estaría exponiendo a la población a ciertos productos químicos dañinos, así como a los propios operarios encargados.

QUÍMICOS PELIGROSOS PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Según consta en el acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Don Benito, con fecha de 29 de julio de 2019, el concejal Ángel Luis Valadés, en representación del Grupo Municipal Popular, manifiesta que han solicitado, entre otra documentación, la relación de los productos fitosanitarios utilizados por los operarios de AGRIMUSA en los tratamientos llevados a cabo en el municipio, pero tras cumplirse el plazo legal, no se ha obtenido respuesta. Del mismo modo, se manifiesta que les “preocupa la información que está circulando sobre las actuaciones llevadas a cabo o dejadas de realizar con relación a AGRIMUSA” puesto que “la información que nos ha llegado es cuando menos inquietante, ya que hace alusión directa al uso de sustancias no permitidas en lugares públicos”.

Ante esta intervención, responde la Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Hacienda y Contratación del PSOE, Ana Isabel Bahamonde, que “se esta dando pábulo a acusaciones no probadas” y pasa a detallar los productos fitosanitarios (químicos), a modo de ejemplo, que están utilizando en el municipio.

En primer lugar, afirma que el Imidan, uno de los químicos, “es usado para el picudo rojo” y que “según la página del Ministerio de Agricultura para palmáceas ornamentales no hay plazo de seguridad, el principio activo es el fosmet al 50%”, así mismo dice que no lo están usando para “cultivos que no tenemos”, y que “si se ve las aplicaciones del principio activo, igualmente se recoge el uso para palmáceas ornamentales, con dos aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días” y “sin plazo de seguridad”, ya que las palmeras “no se comen”.

Sin embargo, según la correspondiente Resolución de la Dirección General de Sanidad de Producción Agraria del gobierno estatal, el fosmet al 50% presenta riesgo de toxicidad aguda (inhalación y oral), toxicidad para la reproducción (fertilidad) y tóxicos específicos en determinados órganos incluso tras una única exposición. Así mismo, según la propia Dirección General también sospechan que “perjudica a la fertilidad” y que es “muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos”. Por otro lado, según diferentes organizaciones, como por ejemplo Greenpeace, el fosmet está clasificado también como “muy peligroso” para las abejas.

Según la correspondiente Resolución de la Dirección General de Sanidad de Producción Agraria, el fosmet al 50% presenta riesgo de toxicidad aguda, toxicidad para la reproducción (fertilidad) y tóxicos específicos en determinados órganos incluso tras una única exposición

Prosigue la concejala del PSOE diciendo que “el Acemur, autorizado por el Ministerio, se usa en los jardines para plagas de pulgones, su principio activo es el acetamiprid al 20% y en ornamentales herbáceas se realizan tratamientos a intervalos de 14 días para la mosca blanca y pulgones” y de nuevo “no hay plazo de seguridad” porque estas plantas “no se comen”.

Pero según la Resolución de la Dirección General de Sanidad la composición de acetamiprid 20%, que está autorizado solo para jardinería exterior doméstica en cultivo de porte bajo, presenta como peligro toxicidad aguda (oral), resulta nocivo en caso de ingestión y hay que evitar su liberación al medio ambiente. También se dice en esa Resolución que no se puede realizar para “actividades que impliquen el contacto con el área o el cultivo tratado hasta que el producto depositado esté seco y al menos 24 horas después de la aplicación”.

Con respecto al siguiente químico, el Latino, la concejala afirma que está “autorizado por el Ministerio, su principio activo es el miclobutanil al 12,5%, se usa para ornamentales herbáceas al aire libre para el oidio y no hay plazo de seguridad, puesto que no se consumen”. Pero en la resolución del citado Ministerio se cita que el miclobutanil al 12,5% presenta peligro de irritación ocular, peligro por aspiración, así como toxicidad para la reproducción (desarrollo), y dentro de las indicaciones de peligro, provoca irritación ocular grave y se sospecha que daña al feto.

La Resolución del Ministerio cita que el miclobutamil al 12,5%, expuesto al público en la localidad de Don Benito, presenta peligro de irritación ocular, peligro por aspiración, así como toxicidad para la reproducción (desarrollo), y se sospecha que daña al feto

Continúa la intervención del Pleno relatando la concejala que el Alfil WG “ha sido autorizado por el Ministerio, su principio activo es el fosetil al 80%, su actividad es fungicida para el mildius, control preventivo y curativo de enfermedades, se puede usar hasta en jardinería exterior doméstica”.

Sin embargo, de nuevo la resolución de la Dirección General de Sanidad contradice estas afirmaciones, al afirmar que el fosetil al 80% provoca irritación ocular grave. Pero es más, según la propia Dirección General, este producto es de uso exclusivo para cítricos, frutales de pepita, nogal y vid y no consta que el ayuntamiento de Don Benito tenga dichos cultivos.

Por último, cita la concejala del PSOE que el Confidor (de Bayer) se ha usado durante el año 2018, “estaba en la página del Ministerio, su principio es el insecticida imadacloprid al 20% y su uso ha sido prohibido para exteriores, pero no para jardinería”. Y según la Resolución de la Dirección General de Sanidad el imidacloprid al 20% presenta peligro de toxicidad específica en los órganos y puede irritar las vías respiratorias. Asimismo, es muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos y hay que evitar su liberación al medio ambiente.

El imidacloprid, también utilizado por el Ayuntamiento de Don Benito en zonas públicas, presenta peligro de toxicidad específica en los órganos y puede irritar las vías respiratorias. Hay que evitar su liberación al medio ambiente

También es importante resaltar que el citado imidacloprid al 20% perdió el registro en Palmáceas en septiembre del año pasado y a partir de esa fecha ya no se puede comprar para este uso (aunque se dio un período de gracia de tres meses). Sin embargo, el ayuntamiento de Don Benito utilizó este químico cuando ya estaba prohibido. A esto hay que añadir que según diferentes estudios, como el realizado por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos o el CSIC, el imidacloprid al 20% es “altamente tóxico, letal para las perdices a la dosis recomendada de uso y, probablemente, lo es también para otras muchas aves agrícolas”. Otros estudios concluyen que este producto es el responsable también de la muerte de las abejas.

Ante todo, cabe resaltar que estos productos que la concejala afirma que se usan en Don Benito, no están autorizados para su aplicación en lugares de uso público, según las diferentes resoluciones ministeriales y la normativa de aplicación.

El imidacloprid al 20% está prohibido por ser “altamente tóxico y letal para las perdices a la dosis recomendada de uso y, probablemente, lo es también para otras muchas aves agrícolas”. Sin embargo, el ayuntamiento de Don Benito utilizó este químico cuando ya estaba prohibido

NEGLIGENCIA POR FALTA DE AVISO A LA CIUDADANÍA

La gestión de la aplicación de los tratamientos fitosanitarios debe realizarse siguiendo un protocolo o guía destinado, entre otros, a las administraciones locales, con el fin de comunicar a todos los ciudadanos de manera adecuada, efectiva y con la máxima antelación posible sobre los tratamientos fitosanitarios, y especialmente a los grupos vulnerables y sensibles, para que puedan tomar medidas de precaución y autoprotección.

Así lo detalla el Plan de acción nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios, publicado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. De este modo, se intenta controlar el acceso de la población a los espacios a tratar, con medidas tales como: señalar y acordonar el área en concreto como medida previa al tratamiento; mantener esta señalización del área tratada el tiempo señalado en ficha de seguridad del químico, buscar horarios de mínima afluencia de público o realizar las recomendaciones para la protección de animales domésticos.

Sin embargo, en Don Benito no existe constancia que se haya cerrado la zona tratada con productos fitosanitarios ni realizado advertencias a la ciudadanía que transita por dichos lugares ni a los vecinos de las inmediaciones. Ello se agrava en cuanto que cuatro de los cinco productos citados advierten expresamente que “no se puede entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco”.

En Don Benito no existe constancia de que se haya cerrado la zona tratada con productos fitosanitarios ni realizado advertencias a la ciudadanía que transita por dichos lugares ni a los vecinos de las inmediaciones

PROHIBICIÓN POR LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

El Pleno de la Asamblea de Extremadura, en la sesión celebrada el 10 de marzo de 2016, aprobó, con el voto a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, la Propuesta de Impulso presentada por Podemos (con una enmienda transaccional del PSOE) que prohibía “la aplicación de herbicidas químicos para todos los usos no agrarios en los espacios de uso público, carreteras o redes de servicio en la totalidad del territorio”.

Además también se establecía mediante esta propuesta, la sustitución “por métodos no químicos, que no dañen la salud ni el medio ambiente”, que se establecieran “las medidas oportunas para sensibilizar e informar a la población de los riesgos para la salud y el medio ambiente que supone el uso de los herbicidas químicos” y que se convocara “a todas las administraciones públicas competentes en el ámbito de regulación y gestión de los espacios y lugares antes señalados” para que “establezcan un protocolo de transición viable hacia prácticas más ecológicas en la gestión pública con criterios de calidad y sostenibilidad”.

En Pleno de la Asamblea de Extremadura ya se aprobó la Propuesta de Impulso presentado por Podemos, que prohibía “la aplicación de herbicidas químicos para todos los usos no agrarios en los espacios de uso público, carreteras o redes de servicio en la totalidad del territorio”

MÉTODOS NO TÓXICOS

El Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que los poderes públicos regionales “asumen como una aspiración esencial la más estricta garantía del derecho a la salud” además de orientar su actuación a la calidad de su medioambiente. En este sentido, tanto la normativa europea como la estatal establecen que el uso de plaguicidas es particularmente peligroso en zonas sensibles, especificando los espacios utilizados por el público en general o por grupos vulnerables, como los parques y jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como en las inmediaciones de centros de asistencia sanitaria. Por tanto, en estos lugares ha de prohibirse o limitarse al mínimo necesario la utilización de plaguicidas y, cuando se usen, deberán proveerse las medidas adecuadas de gestión del riesgo, así como concederse prioridad a los plaguicidas de bajo riesgo y a las medidas de control biológico.

Tanto la normativa europea como la estatal establecen que el uso de plaguicidas es particularmente peligroso en zonas sensibles, especificando los parques y jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como las inmediaciones de centros de salud

Pero no solo la normativa obliga y respalda el necesario rechazo de las Administraciones Públicas hacia los herbicidas químicos peligrosos, hay toda una documentación relacionada (como los códigos de buenas prácticas medioambientales, instrumentos de ordenación y gestión de los recursos naturales, recomendaciones de estudios científicos, etc.) que potencia que sea la propia entidad local, la que adopte un papel protagonista en el impulso de las técnicas alternativas a los productos tóxicos y peligrosos.

Desde Ecologistas en Acción afirman que actualmente existe un mayor interés por una jardinería pública y privada más saludable y respetuosa con su entorno. Y que uno de los factores clave para alcanzar este objetivo es el uso de alternativas a los productos “de síntesis” para tratar las plagas y las enfermedades de las plantas. También explican que estas alternativas deben ir vinculadas con un cambio de concepción de la jardinería, de su gestión y de su mantenimiento.

También es importante la problemática que sufren los operarios que aplican los tratamientos fitosanitarios y, no en vano, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fija claramente la sustitución de estos químicos por otros métodos como actuación prioritaria para la protección de la salud.

Ecologistas en Acción apunta que uno de los factores clave es el uso de alternativas a los productos de síntesis para tratar las plagas y las enfermedades de las plantas

Más de 160 municipios han aprobado normas para erradicar el uso de herbicidas químicos de riesgo en su término municipal. Entre ellos, han sido pioneros Madrid y Barcelona, con interesantes experiencias en métodos alternativos o el Ayuntamiento de Zaragoza, que aprobó en 2016 un decreto para dar prioridad a los métodos no químicos.

DESPIDO DE LA GERENTE

En el acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta General de AGRIMUSA con fecha de 28 de mayo de 2018 se dice literalmente que, por parte de la Presidencia, “se felicita a la Sra. Gerente y al personal de AGRIMUSA” por su “gestión, profesionalidad, trabajo y mejoras”, felicitaciones que se vuelven a repetir en el acta de la sesión extraordinaria celebrada por la misma Junta General de 12 de junio de 2019.

Por eso aún resulta más llamativo que posteriormente, en el mes de julio, el consejo de administración de AGRIMUSA acordase el cese de la Gerente de dicha entidad. El motivo de este despido se produce como consecuencia del escrito que la gerente había remitido al alcalde del municipio donde y en el que, entre otras cuestiones, advertía del posible incumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental, así como de las consecuencias de la probable afectación a la población, por exposición a productos químicos.

Es decir, que el alcalde, una vez que tuvo conocimiento del escrito de la Gerente de AGRIMUSA y de los graves hechos que denunciaba, en vez de implementar protocolos contra el uso de fitosanitarios (y contra el acoso laboral), decidió despedir a la denunciante.