Sanidad pública
El Supremo rebaja la sanidad universal que Pedro Sánchez proclamó en su campaña

No es el argumento principal, pero es importante: ni siquiera desde una perspectiva económica se sostiene el empeño del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) de denegar la tarjeta sanitaria a familiares de trabajadoras con nacionalidad española o comunitaria, los llamados “reagrupados”. Así lo cree Manuel Maroto, del equipo jurídico de Afectados por el INSS, que lamenta el fallo que el Tribunal Supremo hizo público el pasado jueves 6 de junio, en el que, por primera vez da la razón a la Seguridad Social en la denegación de una tarjeta sanitaria a la madre de origen cubano de una trabajadora con nacionalidad española.

Tras más de 80 sentencias que rechazaban esta práctica de la Seguridad Social, que por defecto niega la asistencia sanitaria a millares de personas, el fallo del Supremo otorga más munición a una medida que el organismo, dependiente de Sanidad, lleva ejerciendo desde la ofensiva de recortes de 2012, con Ana Mato al frente del Ministerio, pero que no ha detenido la norma aprobada en verano de 2018 que iba a derogar el que fue llamado “decreto de apartheid sanitario”.

Las 300 organizaciones que componen la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 ­—entre las que están la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública y Yo Sí Sanidad Universal— lamentan la jurisprudencia que ha sentado el Supremo, y que, según un comunicado publicado el jueves, “ahonda en la exclusión sanitaria de las personas reagrupadas legalmente en España y da la espalda a las recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de Naciones Unidas y del Consejo de Europa”.

Para Manuel Maroto, es sorprendente que el Supremo recoja argumentos que hasta ahora se habían rechazado en juzgados de lo social y tribunales superiores de justicia autonómicos. Aunque no afecta a las sentencias ya pronunciadas, Maroto reconoce que es un giro, y que generará inseguridad jurídica, ya que el Alto Tribunal admite los argumentos del INSS de que a las personas reagrupadas les corresponde contratar un seguro privado como única solución de acceso a la atención sanitaria.

El fallo de la Sala de lo Social se produjo, no obstante, con el voto particular en contra de uno de los magistrados, Fernando Salinas, al que se adhirió otra de las magistradas. Un voto que sostiene la línea de que la Seguridad Social debe hacerse cargo de la asistencia sanitaria en España de las personas reagrupadas, en contra del criterio general del Supremo, que dice que la demandante en este caso “está sujeta al mantenimiento del requisito de su concesión relativo a que el reagrupante disponga de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su periodo de residencia”.

“Hablamos, en su mayor parte, de gente mayor —indica Maroto—, reagrupada en el régimen comunitario. Como ha salido en prensa, están los casos de dos personas que tienen cáncer, a los que se les exige que tengan un seguro privado cuando ninguna empresa les va a hacer ese tipo de seguro”, de forma que quedan en un limbo peligroso, obligados a acudir a las urgencias hospitalarias. “¿Cuál es la política pública respecto a estas personas? ¿qué opciones tienen?”, se pregunta Maroto. “Ni siquiera desde esa lógica puramente economicista de la exclusión sanitaria tiene sentido alguno y jurídicamente es una barbaridad que se sitúe a un grupo de personas en una situación en la que no hay ninguna salida”, ahonda este miembro de Afectados por el INSS. 

menos universal

El 22 de abril, durante el primer debate de cara a las elecciones generales, Pedro Sánchez defendió que su Gobierno había conseguido “el regreso de la sanidad universal pública” en su corto mandato tras la moción de censura. El hecho es que el decreto con el que se borraron algunos de los principios más restrictivos del 16/2012, ha dejado en inseguridad jurídica a varios colectivos. Tras la aprobación de ese Real Decreto-ley 7/2018, Yo Sí Sanidad Universal detalló los aspectos poco claros —e incluso los retrocesos respecto al llamado “decreto de apartheid sanitario”— de la nueva norma, y los limbos que generaba el texto del PSOE de Sánchez. 

Después de la convalidación del Decreto en el Congreso de los Diputados, esa organización advirtió de que las exigencias añadidas por los socialistas se iban a concretar en más “fronteras” para los hogares de “reagrupados, un colectivo cada vez más grande, en la misma inseguridad jurídica o incluso mayor que antes”. 

El fallo del Supremo de esta semana corrobora que el Decreto no ha supuesto un cortafuegos para las prácticas de restricción de derechos: “El Gobierno era consciente de los problemas en relación al colectivo de reagrupados, se le hizo saber y no se hizo nada en ese sentido para redactarlo de una manera que no dejara la posibilidad de que algo como esta práctica del INSS suceda”. Para Maroto, la responsabilidad del Ejecutivo va más allá de la mera omisión, ya que se han introducido en la norma los criterios que exigía el instituto de la Seguridad Social que, como recuerda, lleva manteniendo batallas legales desde hace siete años para limitar el acceso a la cobertura sanitaria de personas en supuestos de reagrupamiento.

“Es urgente que el Gobierno, si de verdad tiene un compromiso con la universalidad, afronte la reforma de la normativa para cerrar esta vía de exclusión, y que deje claro que este colectivo, y otros que quedan fuera de la normativa, sí tienen derecho a la sanidad”, resume Maroto, para quien hay una responsabilidad por parte de “quien ha enarbolado la bandera de la universalidad” en cuanto a hacer que ésta sea “realmente efectiva y no una mera postura cosmética”.

Las organizaciones que forman parte de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 confían en que el próximo Gobierno elimine las lagunas introducidas por el texto de 2018 para que la universalización de la sanidad sea “verdadera y efectiva”.