Universidad pública
Universidad ¿pública y para todas?

Según el informe '¿Quién financia la universidad?' del Observatorio del Sistema Universitario, varias comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, se encuentran por debajo de numerosos países de la OCDE en inversión pública en educación universitaria. Según este informe, España se encuentra el sexto país (por la cola) que más invierte en universidades, con un 1,08% de su PIB, frente a la media de la OCDE (1,37%) Y UE (1,27%).

Entre otros datos, se aprecia también el descenso en financiación pública y el aumento en ingresos por matrículas, que se traduce en que las estudiantes deberán asumir la falta de ingresos públicos poniéndolo de sus bolsillos, mediante el aumento de las tasas universitarias.

Desde el comienzo de la crisis, vivimos un continuo recorte en la financiación universitaria. Con respecto al PIB, el gasto total en educación ha descendido en España a partir del 2009, pasando de un 5,07% del PIB en ese año a un 4,1% (43.780) en 2015 millones de euros, siendo el quinto país de la UE que menos dinero gasta en educación; sólo por delante de Rumanía, Irlanda, Bulgaria e Italia, según Eurostat.

El vicerrector de Estudiantes de la UR, Rubén Fernández, recordó que el incremento de los precios públicos en nuestra comunidad fue del 35,7% entre 2008 y 2016.

En La Rioja, los presupuestos de nuestra universidad pública han sufrido un recorte de 6,8 millones de euros, si comparamos el presupuesto del 2017 con respecto al 2009, mientras el Gobierno de La Rioja no deja de apoyar a la universidad privada UNIR.

Este panorama de recortes e incremento en el precio de las matrículas universitarias ha llegado hasta el punto de ser inasumibles para numerosas familias. Incluso el vicerrector de Estudiantes de la UR, Rubén Fernández, recordó en una entrevista ofrecida el pasado octubre que el incremento de los precios públicos en nuestra comunidad fue del 35,7% entre 2008 y 2016. Como colofón, reconoció también que La Rioja se encuentra por encima de la media nacional en cuanto al número de alumnos a los que se le deniega la beca: 37,2% contra el 34%.

Suficientes son los datos anteriores para decir que la financiación pública de las universidades cada vez es menor y que las tasas no dejan de aumentar. Este desequilibrio tiene como primeras víctimas aquellas familias con rentas más bajas, ya que costear la matrícula de sus hijos e hijas se convierte en una odisea, obligando al pluriempleo de los familiares o a aceptar trabajos precarios muy mal remunerados mientras se estudia el grado, con el consiguiente menor rendimiento en el mismo, al disponer de menos horas para él.

Estos recortes se manifiestan en despidos de profesores, aulas sobresaturadas de alumnos, falta de recursos de aprendizaje o infraestructuras precarias, las cuales se traducen en una labor de aprendizaje dificultada por la intencionada gestión nefasta de la educación pública por parte de las administraciones.

En el año 2017 en la Universidad de La Rioja, se ha disminuido el presupuesto en personal funcionario en un 4,7% y se ha incrementado el personal contratado en un 15,9%. Vivimos una precarización continua y un deterioro de las condiciones laborales, donde se eliminan y amortizan plazas de personal funcionario y se suplen por profesores externos o contratados, disminuyendo la calidad educativa de nuestra universidad.

Cabe mencionar también el estrés que supone para el alumnado todas estas situaciones de presión. Para la obtención de becas, que permiten a muchas familias costear los gastos académicos, la nota de corte en un estudio de grado es de 6,5, y de 7 en el caso de un master.

Como vemos estas son las actitudes del gobierno del PP que manifiestan su propósito de desmantelar la educación pública y favorecer la educación concertada. Entre ellas, la LOMCE, más conocida como "Ley Wert", cuyas consecuencias afectan gravemente a la economía del alumnado como del profesorado.

La universidad no sólo es docencia, sino también aportar conocimiento a la sociedad mediante una verdadera política en materia de I+D+i y en este aspecto, los datos tampoco son muy esperanzadores. Los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) alcanzó en 2016 el 1,19 % del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 1,22 % registrado en 2015, es decir, tres décimas menos. Llegamos así a la paradoja que nuestro país se aleja cada vez más del mísero 2% que se marcó como objetivo alcanzable, cuando la Unión Europea tiene un objetivo real del 3%.

Además, los datos de ejecución presupuestaria en 2017 de I+D+i se mantienen en niveles ínfimos y destaca la circunstancia de que entre 2008 y 2016 el gasto en este concepto financiado por las Administraciones Públicas es el que más se ha reducido, con un descenso de 1.298 millones de euros anuales.

Por todo ello, podemos decir que vivimos un desmantelamiento total de la universidad pública, con el intento de transmitir la total responsabilidad al esfuerzo individual del alumnado, sin poner el foco en unas políticas que conllevan el empobrecimiento masivo de la población. A lo que hay que añadir la introducción del falso discurso del emprendimiento y la cada vez más frecuente presencia de empresas privadas en la educación pública, que evidencia todavía más la mercantilización de la misma. Ya no somos alumnos, sino mercancías al arbitrio de las empresas. Hacer apología de estas actitudes individuales en las instituciones públicas resulta una vergüenza.