Derecho a la vivienda
Por qué el aval público a las hipotecas es una muy mala idea y, además, de derechas

Corría mayo de 2023 y faltaban todavía unas semanas para que el mapa se tiñera de azul. El anuncio del presidente Pedro Sánchez de la creación de una línea de avales públicos para financiar hasta el 20% de las hipotecas de jóvenes sorprendió a sus propios aliados en el Gobierno. La propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, muy poco dada a soltar titulares, llegó a afirmar que la medida iba “en dirección opuesta al espíritu de la ley de vivienda”, una norma que entraba en vigencia ese mismo mes.

El anuncio de que el Consejo de Ministros de este 13 de febrero dotaría a este plan de 2.500 millones de euros ha renovado las críticas por unas políticas que el movimiento de vivienda y muchos de sus socios parlamentarios califican de inflacionistas, regresivas, ineficientes y marcadamente de derechas.

Tan de derechas que el propio Partido Popular acusa al Gobierno de haber realizado un “copia y pega” de su programa electoral y de medidas similares puestas en marcha por sus gobiernos autonómicos, como es el caso de Galicia, Madrid o Andalucía. Las ayudas estatales a la compra de vivienda encontraban en los programas electorales del PP y el PSOE para el 23J formulaciones casi idénticas.

En sus declaraciones de mayo, Yolanda Díaz recordaba que ese tipo de avales ya se habían implementado en otros países y territorios españoles, con “resultados fallidos”. Según Díaz, esta medida es “regresiva”, ya que el objetivo debería ser “favorecer el acceso a la vivienda a los jóvenes con dificultades por renta” y puede tener un impacto “inflacionista”, una crítica que fue compartida en su momento por líderes de Podemos, Izquierda Unida y organizaciones del movimiento por la vivienda digna, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Yolanda Díaz dijo en mayo de 2023 que esta línea de avales iba “en dirección opuesta al espíritu de la ley de vivienda”

Estas críticas de la líder de Sumar no impidieron que esta línea de avales del ICO de 2.500 millones de euros para la compra de vivienda habitual destinada a menores de 35 años y familias con hijos a su cargo figure en el acuerdo de investidura. Sin embargo, el partido de Díaz ha mostrado por distintos canales su disconformidad con la medida. El responsable del área económica de Sumar, Carlos Martín Urriza, expresó su rechazo en una conversación con El Salto: “Las ayudas públicas al ladrillo son una política fracasada. Durante la burbuja inmobiliaria sirvieron para inflarla aún más”. 

La abogada experta en temas de vivienda Alejandra Jacinto coincide con las críticas de Martín Urriza y Yolanda Díaz, y zanja que la medida “no funcionará, salvo para los intereses de la banca”. Para la ex líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, se trata de una medida “inflacionista”, que va a hacer que los precios de la vivienda suban aún más, “tanto para la compra como para la venta por la generación de expectativas y la reactivación del crédito hipotecario”.

Estas ayudas públicas, explica a El Salto, “inflan artificialmente la demanda, es decir, gente que no tiene esa capacidad económica se encontrará ante el espejismo de que la tiene porque el Estado la está avalando”. Pero la deuda contraída a unos tipos de interés que no se ven desde tiempos de la crisis inmobiliaria no desaparece ni se reduce. Y desde el Estado se está promoviendo un “sobreendeudamiento” que repite el “esquema previo al estallido de 2008”, critica. En un contexto de “oferta rígida”, argumenta, “estos avales como política de demanda generarán inflación”.

El Gobierno está promoviendo un sobreendeudamiento que provocará más aumentos de precio y más beneficios a los bancos en un contexto en el que nadie quiere firmar hipotecas por su alto coste y los bajos salarios

Los avales van a hacer que suban los precios. Y subirán para todos igual, mientras que el acceso a estas ayudas seguirá siendo un privilegio de los que tengan perfiles más solventes, algo que seguirán decidiendo los bancos. Aunque haya un tope de ingresos para acceder a estas ayudas —37.800 euros anuales—, se trata de un “tope alto”, dice Jacinto, y la banca seleccionará los clientes más holgados. Esto hace que sea una medida “regresiva”, critica.

Es más, Jacinto la define como “una ayuda a la banca disfrazada de política social” ya que juega con el clásico truco neoliberal para transferir dinero público a manos privadas: “Privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. El Estado asume el riesgo de impago y la banca se queda con el beneficio”.

Unas críticas compartidas por el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) de Catalunya, que considera que esta ayuda pública a la compra es una “medida ineficaz” que solo servirá para que “una pequeña parte de la población pueda comprar una casa a costa de inflar los precios para el resto”.

Para la abogada Alejandra Jacinto, el aval público a las hipotecas es “una ayuda a la banca disfrazada de política social”, una medida "inflacionaria” y “regresiva” que beneficiará a unos pocos y les subirá el precio al resto

Desde la PAH, Paco Morote, define la medida como un “auténtico dislate” que se convertirá en un “estímulo para el sobreendeudamiento de los jóvenes” en unos momentos en los que la firma de hipotecas se ha vuelto “inviable”, tanto por la subida de los tipos de interés como por la inflación y los bajos salarios. La contratación de hipotecas está a mínimos históricos, con un 60% de operaciones de compraventa realizadas al contado, sin recurrir a la firma de créditos hipotecarios, y el dinero público irá destinado a sobreendeudar a los jóvenes y rescatar al mercado hipotecario. 

También la dirección de Podemos se ha opuesto al anuncio de Sánchez: “En vez de medidas que encarezcan aún más la vivienda, el Gobierno debería trabajar para que se cumpla íntegramente la ley de vivienda. En concreto, la reserva del 20% de todas las promociones para alquiler social”, expresó Ione Belarra en X. 

Experiencias fallidas

Las ayudas públicas para la compra de vivienda privada tienen una larga tradición dentro y fuera del país y pocas veces han tenido buenos resultados. Hasta 2013 estuvo vigente en España la deducción del 15% de la inversión realizada para la compra de la vivienda habitual, una medida que promovió con dinero público el auge de los precios y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Según Idealista, la deducción por la compra de viviendas hinchó los precios más de un 30% en aquellos años previos al crack. Aún hoy pervive esta desgravación en algunos supuestos y Alberto Núñez Feijóo promete resucitarla si llega alguna vez al poder. 

Entre las experiencias fallidas destaca el plan Help to Buy lanzado en el Reino Unido en 2013. Con principios casi iguales que los que promueve el Gobierno español, las ayudas a la compra con avales públicos no solo no solucionaron el problema de acceso a la vivienda sino que lo empeoró. Según la investigación “Sobre los impactos económicos de las políticas de expansión del crédito hipotecario: evidencia de Help to Buy”, tras la aplicación del modelo, los precios aumentaron un 8%, la oferta no creció y los promotores se apropiaron de las ayudas. 

Los avales públicos a las hipotecas estaban en el programa electoral del PP para el 23J y ya están activos en la Comunidad de Madrid, Galicia y Andalucía 

El programa “Mi primera vivienda” de Isabel Díaz-Ayuso en la Comunidad de Madrid fue lanzado en 2022. Apenas unos pocos días después del anuncio de Sánchez en mayor de 2023, Ayuso no quiso quedarse atrás y contraatacó ampliando el programa con 18 millones de euros adicionales. Hasta ese mes, según publicó la Cadena SER, el plan había ayudado apenas a 500 hogares a pesar de que Ayuso anunció que iba a beneficiar a 10.000 o 15.000 familias.

Al igual que la medida de Sánchez, reforzada con 2.500 millones de euros este 13 de febrero, el plan de Ayuso está destinado a cubrir con el aval público la parte de la hipoteca que los jóvenes deben afrontar con sus propios ahorros. Donde el PP madrileño avala el 15%, el Estado avala el 20%. 

Otro gobierno autonómico popular que ha puesto en marcha la medida es el gallego. El presidente de la Xunta y candidato en las elecciones del 18F, Alfonso Rueda, aprobó el pasado 8 de febrero una nueva convocatoria de ayudas para menores de 36 años para que accedan a su primer hogar en propiedad avalando hasta el 20% de la hipoteca. En 2023, el primer año en que se ejecutaba este plan, apenas 75 familias se beneficiaron del plan. Andalucía, Murcia y Castilla y León también lo han puesto en marcha en 2023 y la Comunitat Valenciana y Extremadura tiene previsto implementarlos este año con un modelo idéntico al planteado por el Gobierno.

Dirección equivocada

La medida no solo no ayuda, sino que va en la dirección contraria. Esta es la conclusión de todas las fuentes consultadas. El objetivo a largo plazo, dice el economista Martín Urriza, debería ser “construir un gran parque de vivienda pública para el alquiler asequible no descalificable” y esto solo se consigue aumentando el presupuesto, movilizando suelo público, aumentando los porcentajes reservados a vivienda protegida o estableciendo el derecho de tanteo y retracto —que da prioridad a las administraciones— sobre las operaciones inmobiliarias de grandes operadores. Para ello, tal como dice Belarra, un buen comienzo sería que se cumpla la ley de vivienda, que reserva un 40% de vivienda protegida y un 20% de vivienda social en las nuevas urbanizaciones. 

Para Paco Morote, de la PAH, “destinar dinero al aval para las hipotecas es distraer dinero que podría ser necesario para generar parque público y generar patrimonio colectivos” 

Para Paco Morote, de la PAH, “destinar dinero al aval para las hipotecas es distraer dinero que podría ser necesario para generar parque público y generar patrimonio colectivos”.

A corto y medio plazo, dice Martín Urriza a El Salto, los problemas de acceso a la vivienda se podrían resolver, al menos en parte, con la prohibición de comprar viviendas en las que no se va a vivir, siguiendo el modelo de Amsterdam, algo que “eliminaría la vivienda como activo para la inversión”, también con la prohibición de los apartamentos turísticos o penalizar la vivienda vacía en zonas tensionadas. Otras fórmulas, sostiene este economista, pasan por “hacer obligatoria la portabilidad de las hipotecas en los bancos y vincular el tipo de interés de las hipotecas a fijo a la deuda pública, topándolo a su vez con una tasa de usura, como ocurre en Francia”.